La renuncia de César Jáuregui Moreno como Fiscal General de Chihuahua abre una hipótesis incómoda para el Gobierno de Claudia Sheinbaum: que el escándalo por la participación de agentes de Estados Unidos en operativos en la Sierra Tarahumara no es una anomalía aislada, sino un episodio controlado que salió de cauce tras un accidente fatal.

Pero el episodio no puede leerse de forma aislada. Desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, el gobierno de Sheinbaum ha entrado en una dinámica de cooperación pragmática con Washington que contrasta con su discurso público. De acuerdo con esta lógica, México ha accedido a prácticamente todas las exigencias estratégicas de Estados Unidos, incluyendo la contención de la migración centro y sudamericana en territorio mexicano, lo que ha reducido de forma considerable el cruce hacia la frontera norte.

A ello se suma la coordinación operativa del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la SSPC encabezada por Omar García Harfuch, en esquemas de seguridad que, en los hechos, se alinean con prioridades estadounidenses, como permitirles la dirección en el abatimiento de Nemesio Oceguera “El Mencho” en Jalisco, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y la extradición de decenas de capos.

El punto crítico es que esta cooperación habría sido políticamente negociada bajo una condición: mantener intacto el discurso de la “no intervención” y la “defensa de la soberanía”, pilares de la narrativa histórica de la izquierda mexicana. En otras palabras, una colaboración real en seguridad, pero con una negación pública sistemática para no erosionar la legitimidad interna frente a una base política tradicionalmente antiestadounidense.

El caso Chihuahua encaja en ese patrón.

El escándalo se detonó luego de que, el 19 de abril, un accidente automovilístico en Chihuahua provocó la muerte de dos agentes estadounidenses de la CIA y dos elementos mexicanos, horas después de un operativo en el que se aseguraron seis narcolaboratorios. La revelación desató cuestionamientos sobre una posible violación a la soberanía nacional y encendió alertas en el Senado, donde la gobernadora María Eugenia Campos fue citada para explicar los hechos. Quisieron crucificarla pero no pudieron.

En ese contexto, la dimisión de Jáuregui Moreno, quien asumió el cargo en enero de 2023, llega en un momento quirúrgico: horas antes de que la mandataria estatal comparezca ante legisladores. El propio exfiscal argumentó fallas internas en la cadena de mando para justificar su salida.

“Resulta procedente señalar que hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional, respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la FGE, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz”, declaró.

Y añadió: “Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo, para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública”.

Sin embargo, la versión oficial que atribuye el caso a omisiones y descoordinación interna enfrenta tensiones evidentes. La fiscal Wendy Chávez, encargada de esclarecer el operativo, deslizó una narrativa que apunta a una colaboración irregular pero contenida, al señalar como responsable a Pedro Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Según Chávez, los agentes extranjeros habrían participado bajo un esquema no formalizado: “Existen elementos en la investigación que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”.

La funcionaria insistió en que la presencia de los agentes no fue reportada a mandos superiores y que su intervención fue limitada: no participaron en reuniones con el Ejército Mexicano en Guachochi ni tuvieron interacción operativa directa con las fuerzas mexicanas más allá de contactos específicos con Pedro Oseguera y su equipo cercano.

Este punto es clave. La narrativa oficial intenta encapsular la responsabilidad en un nivel operativo bajo, aislando la toma de decisiones y evitando implicaciones hacia estructuras federales. Sin embargo, la magnitud del operativo que implicó aseguramientos relevantes en una zona controlada por el crimen organizado, difícilmente encaja con una acción improvisada o desconocida por instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La hipótesis que emerge es que sí existía conocimiento en niveles superiores, pero se optó por sostener públicamente una postura de desconocimiento para no contradecir el discurso de soberanía nacional que rechaza la intervención directa de agencias como la DEA, la CIA o el FBI en territorio mexicano.

Bajo esa lógica, la renuncia de Jáuregui Moreno funcionaría como un mecanismo de contención política: un punto de sacrificio institucional que permite canalizar responsabilidades sin escalar el conflicto hacia el ámbito federal ni comprometer la narrativa presidencial.

El problema para esta estrategia es que el caso no se originó por filtraciones o investigaciones periodísticas, sino por un hecho fortuito: un accidente que dejó víctimas mortales y evidencias imposibles de ocultar. Ese elemento introduce una variable de descontrol que rompe con la lógica de manejo político tradicional.

A medida que avancen las investigaciones y se esclarezca el grado de participación de los agentes estadounidenses, el Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentará una disyuntiva crítica: sostener la versión de una operación descoordinada o reconocer, implícitamente, la existencia de mecanismos de cooperación encubierta con Estados Unidos en materia de seguridad.

En cualquiera de los escenarios, el caso Chihuahua ya rebasó el ámbito local. Se convirtió en un punto de presión para la relación bilateral y en una prueba de consistencia para el discurso de no intervención que ha sido uno de los ejes políticos del actual gobierno.