En medio de una creciente polémica por la presunta intervención de la CIA en territorio mexicano, se confirmó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participaron en operativos contra narcolaboratorios en Chihuahua, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), sin que —según versiones oficiales— tuvieran conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses.
El operativo, desarrollado en los municipios de Guachochi y Morelos, en la Sierra Tarahumara, derivó de una investigación conjunta de aproximadamente tres meses entre autoridades estatales y militares. El fiscal César Jáuregui Moreno aseguró que “fue resultado de un trabajo de investigación de aproximadamente tres meses, realizado entre la Agencia Estatal de Investigación y la Defensa Nacional”, y detalló que participaron cerca de 80 elementos estatales y 40 militares.
Sin embargo, fuentes castrenses indicaron que en realidad fueron 73 militares desplegados en la zona, cuya función fue exclusivamente garantizar la “seguridad periférica”, a solicitud de la Fiscalía estatal. Bajo ese esquema, admitieron que la Sedena no verifica la identidad de todos los participantes en este tipo de operativos: “La Sedena no pide identidad de cada uno de los agentes con los que colabora. No podíamos saber quiénes eran los que acudían ahí y si había personas de Estados Unidos”, señalaron.
El caso escaló tras revelarse que dos agentes estadounidenses murieron luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un barranco durante el operativo. De acuerdo con información citada por Los Angeles Times, no se trataba de una participación aislada: al menos cuatro agentes de la CIA habrían intervenido en esta acción, algunos incluso utilizando uniformes de la AEI para camuflarse. El mismo medio apunta que se trataría de la tercera intervención de la agencia en operativos similares en Chihuahua en lo que va del año.
El incidente provocó una reacción inmediata del Gobierno federal. La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la presencia de agentes extranjeros y subrayó que su administración no fue informada. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió un extrañamiento al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, exigiendo explicaciones sobre la participación de personal de inteligencia sin autorización federal.
En paralelo, el Senado —con respaldo del PAN y de Morena— aprobó citar a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, y al propio fiscal Jáuregui Moreno a una “reunión de trabajo” para esclarecer los hechos. El dictamen plantea posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, en un contexto donde la cooperación bilateral en materia de seguridad vuelve a colocarse bajo escrutinio.
El episodio no solo evidencia fisuras en los mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno en México, sino que también reabre el debate sobre los límites de la participación extranjera en operativos de seguridad, en un entorno marcado por la presión de Estados Unidos para intensificar el combate a los cárteles y la insistencia del Gobierno mexicano en defender el principio de soberanía.
