La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) iniciará en agosto la suspensión escalonada de líneas celulares que no sean vinculadas a un titular. La resistencia de millones de usuarios mantiene frenado el registro y reabre el debate sobre privacidad y vigilancia gubernamental.

La resistencia al registro obligatorio de líneas telefónicas mantiene bajo presión al Gobierno federal, que decidió posponer de manera escalonada la suspensión del servicio para millones de usuarios que aún no han vinculado sus números con su identidad. De acuerdo con estimaciones oficiales, casi el 80% de las líneas telefónicas seguían sin registrarse al acercarse el vencimiento del plazo original, lo que obligó a modificar la estrategia para evitar un colapso operativo en las redes de telecomunicaciones.

La negativa de millones de usuarios ha dado forma a una resistencia civil y digital que cuestiona el nuevo esquema de registro. Los opositores rechazan proporcionar datos personales como la CURP, identificaciones oficiales y fotografías, al considerar que existen riesgos para la privacidad, falta de confianza en el manejo de la información y la posibilidad de una vigilancia gubernamental masiva.

Frente a ese escenario, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) descartó una nueva prórroga general y confirmó que, al concluir el año, entre 14 y 24 millones de líneas celulares podrían quedar suspendidas por incumplir con el requisito de vinculación.

De acuerdo con el director general de Política Regulatoria de la CRT, Ricardo Castañeda Álvarez, el objetivo es que al finalizar el proceso queden registradas entre 120 y 130 millones de líneas, equivalentes aproximadamente al 85% del mercado nacional, de un universo de 144.6 millones de líneas celulares.

La estrategia contempla un calendario de suspensión gradual que comenzará el 15 de agosto, iniciando con las líneas cuya numeración termine en 0 y continuará sucesivamente hasta concluir con la terminación 9 al cierre de diciembre.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ricardo Castañeda Álvarez explicó que el Gobierno espera que las primeras desconexiones provoquen un efecto de presión entre quienes aún no han realizado el trámite.

“Las primeras suspensiones mandarán el mensaje a las personas de que realmente sí se están deshabilitando las líneas que no están vinculadas y eso será, de alguna manera, un incentivo para quienes no se han registrado, para que digan ‘antes de que me toque, vínculo mi línea’”.

El funcionario señaló que la prórroga escalonada respondió a limitaciones operativas de las propias redes de telecomunicaciones, ya que una suspensión masiva habría generado problemas técnicos de gran magnitud.

“Existía una problemática de carácter técnico en las redes, es decir, es casi imposible deshabilitar de un plumazo tantas líneas, quitarles el servicio a 80 millones en un día es técnicamente casi imposible, porque se saturarían las señales con el envío de los comandos, como cuando todos quieren hablar tras un terremoto”, explicó.

Aunque la CRT no prevé ampliar nuevamente los plazos, indicó que la evolución del programa será evaluada al concluir diciembre, cuando se conozca el número definitivo de líneas registradas y las que permanecerán fuera del sistema.

La implementación del registro ha generado una fuerte controversia entre organizaciones civiles, especialistas en protección de datos y usuarios que consideran desproporcionado condicionar un servicio de comunicación al suministro obligatorio de información personal. Para la autoridad, sin embargo, los temores carecen de fundamento.

Ricardo Castañeda Álvarez rechazó que el Gobierno concentre una nueva base de datos y sostuvo que la información permanece bajo resguardo de las empresas de telefonía.

“El operador móvil ya tiene los datos de muchos de los usuarios y el registro es completar la base de datos de los que faltan, de la misma forma como dan información al banco, laboratorio de análisis, escuelas, o empresa de gas”.

El funcionario insistió en que buena parte de la oposición obedece a información incorrecta sobre el funcionamiento del sistema.

“Hay mucha desinformación, temores infundados por personas que creen que el gobierno está recaudando la información, pero son los operadores”.

Como parte del procedimiento de validación, la autoridad asegura que no será posible registrar líneas utilizando la identidad de terceros, ya que el proceso contempla la verificación de documentos oficiales, captura de fotografías y el cotejo con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La CRT sostiene que el objetivo del registro es impedir que integrantes del crimen organizado adquieran tarjetas SIM de forma anónima para cometer extorsiones, fraudes, secuestros virtuales y otros delitos de alto impacto.

Sin embargo, el programa revive un debate que ya había surgido con anteriores intentos de crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Mientras el Gobierno argumenta razones de seguridad pública, los críticos advierten que la eficacia de estas medidas aún está por demostrarse y sostienen que la protección de los datos personales y las garantías de privacidad seguirán siendo uno de los principales focos de controversia conforme avance la suspensión de líneas durante el segundo semestre del año.