La contratación del consultor político Roger Stone por parte del Gobierno de San Luis Potosí abre una pregunta inevitable: ¿se trata sólo de una estrategia de relaciones públicas ante Estados Unidos o de una maniobra preventiva en un momento de alta presión judicial y política desde Washington?

El gobierno encabezado por el mandatario del Partido Verde, Ricardo Gallardo, firmó contratos por un total de 750 mil dólares, equivalentes a unos 14 millones de pesos, con Roger Stone y con su socia Diana London, dos operadores conservadores vinculados al entorno del Presidente Donald Trump, según publicó este martes el periódico Reforma.

La contratación ocurre justo cuando el diario The New York Times reveló que Estados Unidos indaga posibles nexos de políticos mexicanos, incluidos mandatarios estatales, con cárteles del narcotráfico. En ese contexto, la llegada de Stone al círculo de asesoría del gobierno potosino rebasa el terreno ordinario de la promoción económica y entra en el campo de la lectura política.

De acuerdo con documentos presentados ante el Departamento de Justicia de EU, el Gobierno de San Luis Potosí firmó un contrato con Stone por 375 mil dólares a través de su firma Drake Ventures, y otro con Diana London por una cantidad similar. Formalmente, los servicios fueron registrados como asesoría en relaciones públicas, comercio y desarrollo económico.

Sin embargo, el propio contrato deja abierta una puerta relevante. En el documento en poder de Grupo REFORMA, firmado entre Drake Ventures y el Secretario de Desarrollo Económico potosino Mario García Valdez, se establece que “El Cliente podrá modificar la naturaleza de los servicios de consultoría por escrito en cualquier momento, con el consentimiento por escrito del Consultor”.

Esa cláusula es políticamente sensible porque permite al gobierno potosino cambiar el alcance de la asesoría. Aunque en papel se habla de asuntos económicos, la presencia de Roger Stone tiene otro peso: no es un consultor tradicional de inversión ni un especialista conocido por su trabajo previo con México, sino uno de los operadores más antiguos, polémicos y cercanos a Donald Trump.

Stone, de 73 años, es un veterano de campañas republicanas desde la época de Richard Nixon. Impulsó la aspiración presidencial de Trump desde 1987, fungió como cabildero para sus hoteles y, como consultor, representó a figuras autoritarias como el filipino Ferdinand Marcos y el congolés Mobutu Sese Seko.

Su perfil adquirió todavía más relevancia después de que fue condenado en 2019 por su participación en la trama relacionada con la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016. En 2020, Donald Trump le concedió el indulto. Desde entonces, Stone ha capitalizado su cercanía con el trumpismo como operador de acceso, cabildeo e influencia.

En los últimos meses, su nombre ha sido ubicado entre quienes pueden abrir puertas en la Casa Blanca para personas interesadas en obtener un indulto presidencial o una reducción de pena por delitos criminales. Su caso más reciente y notorio fue su intervención a favor del ex Presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en 2024.

El propio Stone presumió su gestión el 30 de noviembre de 2025, durante su programa radial nocturno: “Yo se lo que significa ser perseguido”. Después agregó: “Tres horas después de que yo le enviara una copia de una carta al Presidente Trump, me alegró leer en (la red social) Truth Social que él había anunciaba el indulto total e incondicional para Juan Orlando Hernández”.

Según una investigación de Reuters publicada en junio de 2026, Roger Stone ha estado involucrado en la obtención de indultos presidenciales o reducciones de penas para por lo menos cinco individuos durante el segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca, iniciado en 2025.

La agencia destacó el valor político de sus vínculos: “Los contactos de Stone han resultado valiosos para quienes buscan el indulto. No sólo tiene acceso a la Casa Blanca, sino que también presenta un programa de radio en importantes emisoras conservadoras, donde ha defendido algunas de las causas de quienes recibieron los indultos”.

Por eso, la contratación realizada por el Gobierno de San Luis Potosí no puede leerse como un simple trámite de promoción internacional. El momento, los nombres involucrados, el monto pagado y la cláusula que permite modificar la naturaleza de los servicios colocan el caso en una zona de sospecha política.

Además, Diana London, contratada también por 375 mil dólares, trabaja frecuentemente con Stone en campañas de cabildeo conservador. Una de sus actividades más recientes fue a favor del Gobierno de Nigeria, lo que confirma que la operación no se limita a relaciones públicas convencionales, sino a redes de influencia dentro del ecosistema trumpista.

Las asesorías de Stone y London tendrán una duración de seis meses, con posibilidad de renovación. En términos formales, el gobierno de Ricardo Gallardo podrá argumentar que busca fortalecer su relación con funcionarios estadounidenses en materia de comercio y desarrollo económico. Pero en términos políticos, el mensaje es más incómodo: San Luis Potosí está pagando por acceso al círculo de poder de Donald Trump justo cuando Estados Unidos endurece la mirada sobre políticos mexicanos.

La pregunta de fondo no es sólo cuánto pagó el gobierno potosino, sino para qué necesita realmente a Roger Stone. Porque cuando un gobierno estatal contrata a un operador famoso por su cercanía con Trump, por su historial de indultos y por su capacidad de cabildeo en casos criminales, la explicación de relaciones públicas resulta insuficiente.

En medio de investigaciones estadounidenses sobre posibles vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, la contratación de Roger Stone por el Gobierno Verde de San Luis Potosí deja una lectura inevitable: más que promover inversiones, el gobierno de Ricardo Gallardo parece estar comprando acceso, interlocución y, quizá, una ruta de protección política ante Washington.