La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez federal Brian Cogan imponer una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Ismael “El Mayo” Zambada García, a quien describe como uno de los narcotraficantes más poderosos y prolíficos de las últimas décadas.

La petición fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde el histórico dirigente del Cártel de Sinaloa se declaró culpable en agosto de 2025 de encabezar una empresa criminal continua y participar en una conspiración de crimen organizado.

La condena de por vida es prácticamente obligatoria conforme a los cargos aceptados por Zambada García. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, también aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, cantidad que las autoridades estadounidenses relacionan con las ganancias obtenidas por la organización criminal durante décadas.

En su escrito, los fiscales sostienen que el poder del Cártel de Sinaloa no se limitó al tráfico internacional de drogas, sino que se apoyó en una extensa estructura de corrupción institucional que habría permitido a la organización operar con protección política y policial en México.

“Bajo el control y supervisión del acusado, el Cártel pagó millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano -policía, militares y políticos- para garantizar que el Cártel pudiera operar sin interferencias. Sería difícil exagerar la magnitud”, se indica.

El señalamiento coloca nuevamente bajo escrutinio la posible penetración del Cártel de Sinaloa en instituciones mexicanas. Aunque el documento no identifica en el fragmento divulgado a funcionarios concretos ni precisa las administraciones en las que se habrían entregado los sobornos, la Fiscalía estadounidense afirma que la corrupción fue un componente estructural del modelo criminal encabezado por “El Mayo” Zambada.

Para los fiscales, el acusado no fue solamente un intermediario o dirigente regional, sino uno de los principales responsables de convertir al Cártel de Sinaloa en una organización con capacidad para transportar cargamentos multimillonarios de drogas, controlar rutas internacionales y sostener su dominio mediante asesinatos, torturas y amenazas.

“Durante décadas, el acusado fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo. Junto con su coacusado, Joaquín Guzmán Loera (“Guzmán”), también conocido como “El Chapo”, el acusado fue cofundador en la década de 1980 del brutalmente violento Cártel de Sinaloa (“el Cártel”). El acusado supervisó el trasiego de millones de kilogramos de drogas letales, incluyendo cocaína, fentanilo y metanfetamina. Empleó sicarios armados que, bajo la dirección del acusado, agredieron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del Cártel”, agregó la Fiscalía.

La acusación equipara la responsabilidad de Zambada García con la de su antiguo socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien fue sentenciado por el mismo juez Brian Cogan en 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión y al decomiso de más de 12 mil 600 millones de dólares.

A diferencia de “El Chapo”, quien enfrentó un juicio de varios meses, “El Mayo” Zambada decidió declararse culpable, aceptar su responsabilidad y evitar un proceso que habría expuesto públicamente testimonios, operaciones financieras, rutas de tráfico y posibles vínculos políticos del Cártel de Sinaloa.

La defensa, encabezada por el abogado Frank A. Perez, no ha solicitado una reducción de la condena. Su estrategia se ha concentrado en pedir que el capo, de 76 años y con diversos padecimientos, sea enviado a una prisión federal con servicios médicos adecuados y no a una instalación bajo las condiciones más restrictivas del sistema penitenciario estadounidense.

El proceso ocurre dos años después de que Zambada García fuera trasladado el 25 de julio de 2024 a territorio estadounidense en un avión privado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. El capo ha sostenido que fue engañado, secuestrado en México y entregado contra su voluntad.

La operación provocó una ruptura interna en el Cártel de Sinaloa y desató una guerra entre Los Chapitos, encabezados por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y la facción vinculada con la familia de “El Mayo”, con consecuencias particularmente violentas en Sinaloa.

El traslado también abrió una controversia diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos, debido a las contradicciones sobre la posible participación de agencias estadounidenses en la operación y a los cuestionamientos mexicanos sobre una eventual violación de la soberanía nacional.

La sentencia está programada para el 20 de julio de 2026 ante el juez Brian Cogan. Más allá de la condena, el escrito de la Fiscalía adquiere relevancia política por su afirmación de que el poder de “El Mayo” Zambada descansó en una red de sobornos que alcanzó a policías, integrantes de las Fuerzas Armadas y políticos mexicanos.

Sin nombres, fechas ni cargos específicos, la acusación todavía no constituye una imputación individual contra funcionarios mexicanos. Sin embargo, representa una de las afirmaciones judiciales más contundentes del Gobierno estadounidense sobre la magnitud de la corrupción que habría permitido al Cártel de Sinaloa operar durante décadas sin que su principal dirigente fuera detenido en México.