La Gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, cruzó una línea política e institucional de enorme gravedad: aceptó haber sostenido conversaciones privadas con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos y, en ese contexto, se mostró dispuesta a entregar información de seguridad para resolver su situación personal tras la cancelación de su visa.

El problema no es solamente que una Gobernadora haya buscado interlocución fuera de los canales diplomáticos formales. Lo más delicado es que lo hizo mientras expresaba temor por posibles cargos, una orden de extradición y una investigación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC, por presunto lavado de dinero.

En otras palabras, Marina del Pilar Ávila habría colocado información sensible del Estado mexicano sobre la mesa de una negociación personal.

En una carta pública, la Mandataria reconoció haber conversado “con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”. Aunque aseguró que sus interlocutores no acreditaron formalmente su representación, la grabación difundida revela que eso no le impidió ofrecer cooperación ni explorar qué información querían obtener de ella.

“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber”, afirmó Ávila.

La frase no deja mucho espacio para interpretaciones benévolas. La Gobernadora no se limita a defender su inocencia ni exige que cualquier requerimiento se tramite por conductos oficiales. Por el contrario, pregunta qué información necesitan y deja claro que tiene acceso a datos derivados de las mesas de seguridad.

Más adelante, su preocupación se vuelve todavía más evidente.

“Están diciendo que me van a levantar cargos y con orden de extradición. Yo estoy dispuesta siempre a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”, se escucha decir a la Mandataria.

La escena es políticamente explosiva. Una Gobernadora en funciones, responsable de información estratégica sobre violencia, narcotráfico, operaciones policiales y coordinación interinstitucional, ofrece colaborar con presuntos representantes extranjeros al mismo tiempo que busca evitar consecuencias legales personales.

No se trata de una coordinación ordinaria entre Baja California, el Gobierno de México y Estados Unidos. La cooperación internacional en materia de seguridad se conduce mediante instituciones, protocolos, convenios y autoridades legalmente facultadas. No se negocia en privado con intermediarios no acreditados, y mucho menos bajo la presión de posibles cargos o una eventual extradición.

En su defensa, Marina del Pilar Ávila sostuvo que “durante la conversación, estas personas plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales”. Pero esa explicación agrava el problema en lugar de resolverlo.

Si no sabía quiénes eran sus interlocutores, ¿por qué habló con ellos de información de seguridad? ¿Por qué expresó disposición a cooperar? ¿Por qué no interrumpió la conversación y notificó de inmediato a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República o a la propia Presidencia?

La Gobernadora también afirmó que “las referencias realizadas sobre cooperación e intercambio de información corresponden a la coordinación institucional que mantiene BC, como entidad fronteriza, con autoridades de México y EU en materia de seguridad”.

Sin embargo, la grabación muestra un contexto distinto: no una reunión oficial, sino una conversación en la que se hablaba de cargos, extradición, lavado de dinero y de la posibilidad de entregar información para resolver una crisis personal.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum tendría que esclarecer de inmediato si conocía estos contactos, si autorizó alguna gestión, qué información estaba dispuesta a proporcionar Marina del Pilar Ávila y si los datos involucraban a dependencias federales, fuerzas armadas, corporaciones policiales o investigaciones en curso.

También debe determinarse si la Mandataria utilizó información obtenida por razón de su cargo como moneda de cambio frente a supuestos intermediarios de otro país.

La expresión traición a la patria tiene una definición jurídica específica y su aplicación exige una investigación formal. Pero en el terreno político, el comportamiento descrito apunta a una deslealtad institucional profunda: anteponer la defensa personal al deber de resguardar información sensible del Estado mexicano.

El caso ya no se reduce a una visa cancelada. Se trata de saber si una Gobernadora estuvo dispuesta a abrir los archivos de seguridad de Baja California y de México para protegerse frente a las autoridades estadounidenses.

Ese es el fondo del escándalo: mientras el discurso oficial de Morena invoca soberanía, dignidad nacional y no intervención, una de sus Gobernadoras habría ofrecido cooperación privada y datos sensibles a desconocidos con tal de evitar cargos, sanciones o una posible extradición.