La extorsión se consolidó como la principal excepción dentro de la disminución de delitos de alto impacto reportada en México. Durante el primer semestre de 2026 alcanzó su nivel más elevado en 11 años, de acuerdo con el Monitor de Seguridad elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Entre enero y junio fueron contabilizadas 6 mil 562 víctimas, cifra que representa un incremento de 9.17 por ciento frente al mismo periodo de 2025. No obstante, el número de casos registrados sólo permite observar una parte del problema.

La Coparmex advirtió que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se construyen principalmente con denuncias y carpetas de investigación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por el organismo empresarial, 97 por ciento de las extorsiones no se denuncia o no llega a registrarse formalmente.

La combinación entre crecimiento y cifra negra convierte a este delito en uno de los mayores desafíos para la estrategia de seguridad. La extorsión no solamente amenaza el patrimonio de las víctimas: también impone pagos periódicos, condiciona actividades económicas y fortalece el control territorial de grupos criminales sobre comerciantes, transportistas, productores y pequeñas empresas.

La propia administración federal reconoce que la extorsión representa una amenaza para las cadenas de suministro, la competitividad y la permanencia de negocios en la economía formal, particularmente en los sectores productivo, comercial y de transporte. Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030

Coparmex sostuvo que el crecimiento confirma la necesidad de fortalecer la estrategia nacional y aplicar de manera efectiva la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

“Por ello, reiteramos la necesidad de aplicar efectivamente la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión”, señaló.

El avance no se distribuye de manera uniforme. El Monitor de Seguridad encontró aumentos en 19 entidades, mientras que 12 estados alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.

La variación más pronunciada se presentó en Chihuahua, donde los registros pasaron de cuatro a 97 víctimas, un incremento de 2 mil 325 por ciento. Le siguieron Zacatecas, con un crecimiento de 551.4 por ciento, al subir de 35 a 228 casos; Yucatán, con un alza de 400 por ciento, de una a cinco víctimas, y Tabasco, con 184.2 por ciento, al pasar de 82 a 233.

Aunque los porcentajes de Chihuahua y Yucatán resultan elevados, deben interpretarse considerando que parten de bases reducidas. La tasa por cada 100 mil habitantes permite dimensionar de otra manera la presión territorial ejercida por el delito.

Bajo ese indicador, Morelos encabezó el país con 18.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido por Querétaro, con 15.5; Zacatecas, con 13.2; Ciudad de México, con 12.7, y Baja California Sur, con 12.4.

El punto más crítico se localizó en Cuautla, Morelos, cuya tasa llegó a 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, la más alta entre los municipios del país. La concentración también resulta visible en Guanajuato y la Ciudad de México: cinco municipios guanajuatenses y cinco alcaldías capitalinas aparecen entre las 20 demarcaciones con las tasas más elevadas.

La nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva muestra además una transformación en la operación de los extorsionadores. Durante el semestre, siete de cada 10 casos fueron cometidos a distancia, mediante llamadas telefónicas, internet o redes sociales. Dos de cada 10 ocurrieron de manera presencial y el resto fue clasificado como tentativa.

Este componente obliga a diferenciar entre la extorsión remota, que puede originarse incluso desde centros penitenciarios, y el cobro presencial de cuotas, frecuentemente relacionado con organizaciones que ejercen violencia y control territorial. Ambas modalidades afectan a las víctimas, pero requieren capacidades distintas de investigación e inteligencia.

El crecimiento contrasta con las disminuciones reportadas en otros delitos. El homicidio doloso retrocedió 30.1 por ciento, el feminicidio bajó 10.7 por ciento y el secuestro disminuyó 25.3 por ciento. También descendieron el robo a negocio, con 7.3 por ciento; el robo a transportista, con 19.4 por ciento, y el robo de vehículo, con 16.9 por ciento.

La diferencia revela que una reducción de la violencia letal no necesariamente implica una disminución equivalente del poder criminal. La extorsión puede desarrollarse precisamente en territorios donde las organizaciones delictivas han afianzado su dominio y sustituyen los enfrentamientos abiertos por amenazas, cobros y mecanismos permanentes de sometimiento económico.

Ante esta situación, la Coparmex demandó homologar las legislaciones estatales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de garantizar recursos suficientes para las unidades especializadas de las fiscalías locales.

El organismo también consideró indispensable acompañar y evaluar el trabajo de las fiscalías a través de sus Centros Empresariales, así como instalar inhibidores de comunicación en los centros penitenciarios, conforme al artículo 38 de la legislación general.

El desafío no consiste únicamente en recibir más denuncias. Requiere proteger a las víctimas, investigar las estructuras financieras y criminales que reciben los pagos y reducir la impunidad. Mientras el 97 por ciento de los casos permanezca fuera de los registros, las cifras oficiales seguirán mostrando solamente una fracción de un delito que ya se convirtió en una forma cotidiana de control económico y social.