El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos desde el pasado 11 de agosto, tres meses después de entregarse a las autoridades estadounidenses y quedar recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York.

El cambio aparece en el registro oficial del sistema penitenciario federal, pero no significa necesariamente que Mérida Sánchez haya recuperado plenamente su libertad. Como advierte la información publicada por Reforma, “lo anterior no implica que el General ya fue liberado”. Podría haber sido trasladado a una instalación administrada por otra agencia federal, permanecer bajo resguardo en un lugar confidencial o quedar sujeto a condiciones judiciales fuera de una prisión convencional.

La modificación de su situación penitenciaria cobra relevancia porque ocurrió después de que fuera aplazada, sin nueva fecha pública, la audiencia de seguimiento programada para el 4 de agosto ante la jueza federal Katherine Polk Failla. La combinación de ambos acontecimientos ha fortalecido la hipótesis de que la defensa del exfuncionario mantiene negociaciones con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado públicamente que Mérida Sánchez haya aceptado declararse culpable, colaborar con los fiscales o ingresar formalmente a un programa de protección de testigos. En consecuencia, presentar su salida del sistema penitenciario como prueba definitiva de un acuerdo sería prematuro. Sin embargo, el movimiento adquiere un peso político especial por la información que el antiguo responsable de la seguridad sinaloense podría aportar sobre la supuesta protección institucional brindada a Los Chapitos.

Mérida Sánchez se entregó el 11 de mayo de 2026, al cruzar desde Hermosillo, Sonora, por la garita de Nogales, Arizona. Posteriormente fue trasladado a Nueva York y se declaró no culpable de tres cargos federales: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de 40 años a cadena perpetua. Associated Press

El exsecretario es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses incluidos en la acusación estadounidense, encabezada políticamente por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. También aparecen Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

Según la acusación formal, Mérida Sánchez habría recibido durante 2023 y 2024 más de 100 mil dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos. A cambio, presuntamente evitó interferir en sus operaciones, se abstuvo de detener a integrantes de la facción y proporcionó información anticipada sobre operativos policiales.

El expediente sostiene que, durante 2023, advirtió previamente a la organización criminal sobre al menos diez redadas contra laboratorios clandestinos, lo que habría permitido retirar drogas, personal y equipo antes de la llegada de las autoridades. Estas imputaciones forman parte de una acusación más amplia sobre una supuesta red de protección gubernamental que facilitó el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos

La eventual cooperación del general tendría consecuencias que superarían su responsabilidad individual. Por haber encabezado la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, podría conocer la estructura de mando, las decisiones operativas, los vínculos políticos y los mecanismos mediante los cuales, según los fiscales, se habría protegido a Los Chapitos desde distintas dependencias estatales y municipales.

También podría aportar información sobre quién ordenaba cancelar operativos, liberar detenidos, advertir sobre cateos o utilizar cuerpos policiales contra grupos rivales. Si esa información fuera verificable y útil para la Fiscalía estadounidense, Mérida Sánchez podría convertirse en una pieza central del expediente contra Rubén Rocha Moya y los demás acusados.

El caso expone además el contraste entre las posiciones de ambos países. Mientras el gobierno mexicano ha sostenido que Estados Unidos no entregó inicialmente pruebas suficientes para proceder contra el gobernador y los otros señalados, dos antiguos integrantes de la administración sinaloense —Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega— quedaron bajo jurisdicción estadounidense. Reuters

La salida de Mérida Sánchez de una prisión administrada por el Buró Federal de Prisiones no cancela los cargos ni equivale a una absolución. Tampoco demuestra, por sí sola, que ya sea testigo colaborador. Pero el aplazamiento de su audiencia, el carácter confidencial de su nueva situación y el alcance de la información que pudo conocer como jefe de la seguridad estatal convierten el cambio de custodia en una señal relevante.

El punto decisivo será conocer si la Fiscalía presenta posteriormente un acuerdo de culpabilidad y cooperación. De confirmarse, el proceso dejaría de concentrarse exclusivamente en el exsecretario y podría transformarse en una investigación de mayor profundidad sobre la presunta penetración de Los Chapitos en el gobierno de Sinaloa.