El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa duró apenas unas horas. Después de reincorporarse tras 112 días de licencia, el mandatario solicitó nuevamente al Congreso del Estado autorización para separarse temporalmente del cargo, ahora con carácter indefinido y por más de 30 días.
La decisión representa una clara rectificación política. Rocha Moya anunció su nueva licencia después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó públicamente la “ambición desnuda del poder por el poder” y advirtió que ningún interés personal puede colocarse por encima del pueblo y de la Nación.
Aunque la mandataria federal no mencionó expresamente a Rocha Moya, el momento, el contenido y la contundencia del mensaje dejaron pocas dudas sobre su destinatario. La declaración presidencial confirmó que el retorno del gobernador no había sido acordado con Palacio Nacional y que su permanencia amenazaba con convertirse en un nuevo conflicto dentro de la Cuarta Transformación.
Horas después, Rocha Moya anunció su repliegue con una frase que retomó el argumento utilizado por Sheinbaum: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.
La petición fue entregada este 22 de agosto al diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa. En el documento, con sello de recibido del Poder Legislativo, el mandatario expuso:
“Por así considerarlo pertinente, me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa”.
Rocha Moya fundamentó su petición en el artículo 50, fracción VIII, de la Constitución estatal y solicitó aplicar el artículo 58, el cual establece que las ausencias mayores de 30 días deben ser cubiertas por un gobernador interino designado por el Congreso.
“En virtud de lo anterior, solicito se proceda conforme a lo establecido por el artículo 58 de nuestra Constitución Local”, agregó.
El gobernador no explicó las razones concretas de su nueva separación y se limitó a señalar que tomó la decisión “por así considerarlo pertinente”. Sin embargo, la secuencia política permite interpretar la licencia como consecuencia directa del aislamiento que provocó su intento de recuperar el cargo.
A las 8:46 horas del viernes 21 de agosto, Rocha Moya había anunciado con ánimo reivindicativo su regreso al gobierno estatal. Sostuvo que las investigaciones realizadas en México no habían encontrado elementos mínimos para relacionarlo con actividades delictivas y afirmó que concluiría el mandato para el cual fue electo.
Su reincorporación, sin embargo, no eliminó las acusaciones presentadas en Estados Unidos, donde continúa señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El regreso también reavivó la discusión sobre el fuero constitucional y el riesgo de que su retorno fuera interpretado como una maniobra para recuperar protección jurídica frente a una eventual solicitud de detención con fines de extradición.
La reacción del oficialismo fue inmediata. La Secretaría de Gobernación informó que se trataba de una decisión personal que no había sido respaldada por el Gobierno federal. También se deslindaron la dirigencia nacional de Morena, sus coordinadores parlamentarios y diversos gobernadores de la Cuarta Transformación.
El mensaje conjunto del Ejecutivo federal, el partido y sus bancadas dejó a Rocha Moya políticamente solo. Incluso la dirigencia estatal de Morena evitó respaldarlo. A las 17:00 horas del viernes, en medio de la inconformidad interna, el gobernador canceló reuniones programadas con alcaldes y representantes de distintos sectores.
La nueva licencia evidencia que Rocha Moya calculó mal la fuerza política con la que contaba para regresar. Jurídicamente podía intentar reasumir el cargo, pero políticamente carecía del respaldo necesario para gobernar. Su presencia no solamente profundizaba la división en Morena, sino que trasladaba a Claudia Sheinbaum el costo de sostener a un mandatario acusado por autoridades estadounidenses.
La salida tampoco resuelve automáticamente la crisis de Sinaloa. Organizaciones ciudadanas mantienen la protesta convocada para el lunes y anunciaron que rechazarán un eventual regreso de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina. Los convocantes pretenden que la sociedad civil participe en la definición de un perfil distinto y exigirán al Gobierno federal un plan de rescate económico, político y de seguridad.
El reclamo refleja el desgaste acumulado por la administración estatal. Sinaloa enfrenta una prolongada crisis de violencia, desapariciones, debilitamiento económico e incertidumbre institucional. En ese escenario, la disputa por la gubernatura dejó de ser únicamente un problema personal de Rocha Moya y se convirtió en una prueba de autoridad para el Gobierno federal.
Este sábado, el Palacio de Gobierno permaneció prácticamente vacío, mientras policías estatales y elementos de la Guardia Nacional realizaron rondines durante el día. La imagen resumió el vacío político provocado por una reincorporación que no consiguió apoyo y una nueva separación que todavía requiere la intervención del Congreso.
