El reconocimiento surgió desde la propia bancada de Morena: la estrategia gubernamental no ha conseguido contener la extorsión, un delito que ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en un mecanismo de control económico ejercido por organizaciones criminales.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que el cobro de cuotas golpea a familias, empresas, comerciantes, transportistas, productores rurales, contratistas y proveedores de obra pública. Por ello, pidió que sea considerado una amenaza para la economía, la inversión, el campo, la construcción y las finanzas del Estado.

“En los hechos, la extorsión funciona como un impuesto criminal. Es dinero que sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero que no llega a las finanzas públicas ni se convierte en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales”, señaló el legislador.

Sin embargo, existe una precisión indispensable en las cifras difundidas por el morenista. Los 91 mil 800 millones de pesos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no corresponden exclusivamente al dinero entregado a extorsionadores. Representan el gasto realizado por los hogares durante 2024 en medidas preventivas frente al conjunto de la delincuencia, como reforzamiento de puertas y ventanas, cambio de cerraduras, instalación de alarmas, contratación de vigilancia y otras acciones de protección.

La ENVIPE 2025 calculó que el costo total de la inseguridad y el delito para los hogares mexicanos alcanzó 269 mil 600 millones de pesos, equivalentes a 1.07 por ciento del Producto Interno Bruto. La misma encuesta estimó una tasa de 5 mil 971 extorsiones por cada 100 mil habitantes, alrededor de 5.7 millones de casos durante 2024.

La dimensión real del problema difícilmente puede medirse mediante las carpetas de investigación. Cerca de 97 por ciento de las extorsiones permanece en la cifra negra porque las víctimas no denuncian o porque las autoridades no abren una investigación. El miedo a represalias, la desconfianza y la posible complicidad institucional permiten que el delito se reproduzca con costos mínimos para los responsables.

El fracaso resulta todavía más evidente en Zacatecas, donde productores consultados por Grupo REFORMA denunciaron cobros de entre 500 y 2 mil pesos por cada cabeza de ganado que logran comercializar. Las cuotas también se aplican a borregos y chivas y, en el caso de los becerros, pueden representar el valor de uno de cada diez animales vendidos.

El esquema demuestra que la extorsión ya no se limita a llamadas telefónicas o amenazas aisladas. En numerosas regiones se ha convertido en un sistema permanente de tributación criminal sobre la producción, el transporte de mercancías, las cosechas, el ganado, la construcción, la venta de materiales y hasta la contratación de obra pública. Finalmente, el costo se traslada a los precios que pagan los consumidores.

Desde julio de 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una Estrategia Nacional contra la Extorsión, reforzada posteriormente con una nueva ley general y el uso del número de denuncia anónima 089. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, hasta junio de 2026, fueron detenidas mil 674 personas por este delito.

Los arrestos representan un avance operativo, pero no acreditan por sí mismos el desmantelamiento de las estructuras que cobran cuotas. La persistencia de la cifra negra, el sometimiento de actividades productivas y las denuncias provenientes del campo muestran que el Estado todavía no recupera el control de amplias cadenas económicas.

El propio Ramírez Cuéllar admitió que la extorsión continúa expandiéndose con ayuda de redes de protección e impunidad en los tres órdenes de gobierno. También demandó investigar cualquier participación de autoridades locales, policías o integrantes del sistema de justicia.

La advertencia coloca a Morena frente a una contradicción política: mientras el gobierno presume detenciones y reducciones en determinados indicadores, uno de sus principales legisladores reconoce que el crimen impone cuotas, encarece la producción y sustituye al Estado en el cobro de un impuesto clandestino.

Elevar la extorsión a la categoría de amenaza económica puede ayudar a dimensionar el problema, pero será insuficiente mientras las fiscalías investiguen apenas una fracción de los casos y permanezcan intactas las redes políticas, policiales y financieras que protegen el negocio. El impuesto criminal no se elimina con un cambio de definición, sino arrebatando al crimen el territorio, el dinero y la impunidad.