El Instituto Nacional Electoral enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre el manejo de sus recursos: entre enero de 2023 y septiembre de 2025 pagó 6 millones 279 mil 956 pesos a ocho prestadores de servicios, sin lograr acreditar documentalmente ante el Órgano Interno de Control que todas las actividades contratadas hubieran sido realizadas.

El señalamiento deriva de la auditoría DAA/03/ESP/2025, concluida el 30 de enero de 2026, que revisó expedientes, perfiles, informes de actividades y documentación relacionada con el pago de personal contratado por honorarios en distintas áreas del organismo electoral.

Aunque el periodo auditado comenzó tres meses antes de que Guadalupe Taddei Zavala asumiera la presidencia del INE, en abril de 2023, los pagos continuaron durante prácticamente toda la primera mitad de su gestión y se prolongaron hasta septiembre de 2025.

La observación más cuantiosa corresponde a cuatro personas adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración, conocida también por sus siglas DEA. Los trabajadores fueron contratados como consultor técnico HRMS & FINANTIALS, consultor líder funcional HRMS, consultor de desarrollo y coordinador de proyecto.

Sus remuneraciones netas iban de 22 mil a 47 mil pesos quincenales. Por los servicios pagados entre 2023 y 2025, el OIC determinó un monto por aclarar de 5 millones 606 mil 725 pesos.

La falta de informes y evidencias impidió comprobar que los recursos públicos correspondieran efectivamente con los trabajos contratados. Esto no significa que la auditoría haya demostrado que las personas nunca trabajaron, pero sí que el INE incumplió su obligación de documentar el devengo del gasto conforme a sus propias disposiciones administrativas.

Otros cuatro prestadores de servicios estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la DERFE, donde desempeñaban funciones como técnico en gestión documental, gestor de información jurídica, oficial jurídico registral, supervisor de revisión documental registral y líder de proyecto.

En este segundo grupo, los honorarios observados ascendieron a 673 mil 231 pesos. La auditoría fue contundente sobre la responsabilidad de quienes debían supervisarlos:

“Se constató que los titulares de área o personal de mando de la DERFE supervisaron o vigilaron deficientemente a cuatro prestadores de servicios de honorarios permanentes, toda vez que estos no entregaron informes de actividades”.

El dato central no es solamente que faltaran algunos documentos. El problema consiste en que el INE liberó pagos con recursos públicos sin contar con las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La auditoría estableció como fecha límite el 18 de marzo de 2026 para que las áreas involucradas presentaran las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, hasta ahora no se ha difundido públicamente información suficiente para conocer si el monto fue solventado, si se exigió la devolución de recursos o si se iniciaron procedimientos administrativos contra los responsables.

Las irregularidades detectadas tampoco se limitaron a esas ocho contrataciones. La revisión encontró 43 inconsistencias documentales en la DERFE y otras 27 en la Dirección Ejecutiva de Administración, relacionadas principalmente con falta de informes, expedientes incompletos o ausencia de elementos que permitieran acreditar las actividades reportadas.

En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la DESPEN, se identificaron otras 15 inconsistencias, entre ellas contrataciones cuyos perfiles no correspondían con las actividades efectuadas.

Uno de los casos más llamativos fue el de una persona contratada como “analista de viáticos y pasajes”, cuyos informes mensuales afirmaban que realizó trabajos de cerrajería y revisión física de mobiliario. La diferencia entre el objeto del contrato y las tareas reportadas revela un sistema administrativo incapaz de garantizar que las funciones pagadas correspondan con las necesidades institucionales.

En la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la DEPPP, se registraron 27 irregularidades, mientras que en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la DECEYEC, aparecieron otras 26 diferencias entre los perfiles contratados y las actividades asentadas en los informes.

La revisión alcanzó también a nueve personas adscritas a la Unidad Técnica de Fiscalización. Aunque la UTF presentó informes quincenales o mensuales, el órgano auditor concluyó que esos documentos solamente demostraban de manera parcial el cumplimiento de las funciones contratadas:

“Los prestadores de servicios eventuales acreditaron parcialmente el cumplimiento de las funciones específicas en la ‘Cédula de Descripción de Actividades y Perfil de Puesto’ para los prestadores de servicios por honorarios”.

El OIC agregó: “Si bien estos prestadores remitieron informes de actividades con una periodicidad quincenal o mensual, se observa que dichos informes no evidencian el desarrollo de diversas funciones previstas en la cédula del puesto durante el periodo evaluado”.

Los hallazgos adquieren mayor relevancia por el momento institucional en el que aparecen. El INE acaba de iniciar el Proceso Electoral Federal 2026-2027, mientras enfrenta divisiones dentro de su Consejo General, inestabilidad en puestos directivos, restricciones presupuestales y acusaciones sobre la concentración de decisiones en la presidencia encabezada por Guadalupe Taddei.

Durante la sesión de arranque del proceso, el consejero Arturo Castillo Loza denunció que la estructura del instituto ha sido modificada sin la participación del órgano colegiado:

“En lo que va de este año se han nombrado, sin el consentimiento de este Consejo General, 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, algunos sin cumplir siquiera con los requisitos legales para su nombramiento, y se han despedido al menos a 836 personas”.

Castillo también acusó que las consejerías no han recibido información completa sobre los perfiles y la ocupación de los cargos, y que algunas áreas han bloqueado activamente el acceso a documentos necesarios para ejercer las funciones de supervisión.

“Estas omisiones y negativas limitan seriamente la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional para corregir los procesos”, advirtió.

Las 836 bajas de trabajadores eventuales, entre verificadores, técnicos, analistas y asesores, contrastan con la permanencia de contratos cuyos resultados no pudieron ser suficientemente comprobados. Mientras personal operativo fue separado del instituto, millones de pesos quedaron bajo observación por informes inexistentes, incompletos o incongruentes.

Por rigor, no puede afirmarse todavía que las ocho personas observadas fueran aviadores ni que los 6.2 millones de pesos hayan sido desviados. Para sostenerlo sería necesaria una resolución definitiva que acreditara la inexistencia de los servicios y determinara responsabilidades.

Pero la ausencia de una comprobación documental suficiente ya representa una falla grave de control interno. Un organismo que fiscaliza partidos, campañas y candidatos no puede exigir cuentas claras mientras mantiene en la oscuridad sus propios pagos.

El problema para Guadalupe Taddei rebasa los contratos cuestionados. El instituto encargado de garantizar la certeza electoral llega a 2027 con una estructura alterada, cientos de despidos, nombramientos sin consenso y millones de pesos pendientes de explicación.

La confianza en una elección comienza mucho antes de contar los votos. Comienza demostrando que cada decisión, cada contratación y cada peso ejercido por el árbitro electoral pueden ser revisados y justificados. En este caso, el INE todavía debe esa explicación.