La definición de las candidaturas de Morena para las elecciones de 2027 empieza a mostrar que buena parte del poder interno del partido permanece en los estados y, particularmente, en manos de los gobernadores que llegaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con versiones de dirigentes y operadores de Morena, PVEM y PT, algunos mandatarios presionaron a la dirigencia nacional para garantizar espacios a sus cuadros políticos e incluso habrían advertido que podrían dificultar la operación electoral si sus principales aspirantes quedaban fuera. Esas versiones, atribuidas a fuentes partidistas, no han sido confirmadas públicamente por la dirigencia de Morena.

Lo que sí puede comprobarse es que varias de las primeras definiciones favorecieron a personajes políticamente cercanos a los gobiernos estatales.

El partido acordó desde marzo que elegiría mediante encuestas a los coordinadores estatales en las 17 entidades donde habrá elección de gobernador en 2027. En la práctica, esa coordinación suele convertirse posteriormente en la candidatura. Morena gobierna actualmente 12 de esas 17 entidades, por lo que la sucesión representa también una disputa por conservar el poder territorial construido desde 2018.

El proceso tiene, además, un ingrediente que ha alimentado las suspicacias: Morena no ha hecho públicos de manera integral los resultados de las encuestas internas con las que asegura haber definido sus coordinaciones.

Aspirantes que participaron en distintas entidades han cuestionado la manera en que se presentaron los estudios demoscópicos y han reclamado mayor transparencia. La reserva de los resultados impide establecer de manera independiente qué diferencia existió entre ganadores y competidores y hasta qué punto las decisiones finales coincidieron con las preferencias medidas.

Hasta el 16 de septiembre, Morena había definido 10 coordinaciones estatales: Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Julieta Ramírez, en Baja California; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Rosa María Bayardo, en Colima; Beatriz Mojica, en Guerrero; Carlos Torres Piña, en Michoacán; Santiago Nieto, en Querétaro; Eugenio “Gino” Segura, en Quintana Roo; Imelda Castro, en Sinaloa, y Verónica Díaz Robles, en Zacatecas.

El fenómeno es especialmente visible en Campeche, Colima, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas, donde los perfiles elegidos mantienen vínculos políticos estrechos con los gobernadores en funciones.

El caso más temprano ocurrió en Campeche. En abril, la gobernadora Layda Sansores se adelantó incluso al calendario nacional de Morena y promovió a Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Ciudad del Carmen, como coordinador estatal.

La reunión fue encabezada por Sansores sin presencia de representantes del Comité Nacional del partido. La mandataria argumentó entonces que no era necesario esperar el proceso convencional y justificó la definición con una frase que sintetizó su decisión: “la política es tiempo y circunstancia, y este era el momento de Pablo”. Cuatro meses después, la dirigencia nacional confirmó a Gutiérrez Lazarus como coordinador.

En Quintana Roo, la definición favoreció al senador con licencia Eugenio “Gino” Segura, quien durante años ha formado parte del círculo político y administrativo de la gobernadora Mara Lezama y anteriormente ocupó la Secretaría de Finanzas estatal.

Segura ha rechazado que su designación sea producto del respaldo de la mandataria. Ante los señalamientos de que es su alfil político respondió: “Soy el candidato de la gente, del pueblo”. Su triunfo interno ha sido interpretado en el entorno político de Quintana Roo como una consolidación del grupo gobernante encabezado por Lezama.

En Michoacán, Carlos Torres Piña obtuvo la coordinación después de haber ocupado posiciones centrales en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla. Torres Piña fue secretario de Gobierno y posteriormente fiscal estatal, convirtiéndose durante el sexenio en una de las figuras políticamente más próximas al gobernador.

Tras conocerse su designación, Ramírez Bedolla elogió públicamente su trayectoria: “Es un hombre de trabajo, de gran experiencia, pero que también tiene juventud para enfrentar los grandes retos del estado”.

En Colima, la definición recayó en Rosa María Bayardo, alcaldesa de Manzanillo y figura cercana al proyecto político de la gobernadora Indira Vizcaíno. Morena formalizó su nombramiento el 25 de agosto, junto con los de Aguascalientes y Campeche.

Pero probablemente uno de los episodios más conflictivos se encuentra en Zacatecas.

Ahí fue designada Verónica Díaz Robles, quien mantiene una larga relación política con el gobernador David Monreal y trabajó con él desde su etapa como alcalde de Fresnillo. Su elección dejó fuera, entre otros, a Ulises Mejía, quien había sido identificado con sectores cercanos a Claudia Sheinbaum, y profundizó las diferencias con Saúl Monreal.

La definición también abrió una fractura con el Partido del Trabajo, que no se sumó al respaldo de Díaz. Encuestas externas realizadas antes de la decisión mostraban una competencia cerrada: un estudio de CE Research de julio colocaba a Verónica Díaz y Ulises Mejía en empate técnico, mientras otra medición de TResearch daba ventaja a Díaz.

Esto introduce uno de los elementos centrales de la disputa: de acuerdo con las versiones partidistas recogidas durante el proceso, Claudia Sheinbaum habría mostrado simpatía por algunos personajes que participaron en su estructura presidencial, entre ellos Ulises Mejía, en Zacatecas, y Raúl Morón, en Michoacán, pero Palacio Nacional no intervino públicamente para imponer esas preferencias.

El resultado terminó favoreciendo en ambos casos a figuras vinculadas con los gobernadores estatales.

En otras entidades el alineamiento resulta menos directo.

En Guerrero, Morena eligió a Beatriz Mojica. La senadora no puede considerarse simplemente una candidata de la gobernadora Evelyn Salgado, pero después de que Félix Salgado Macedonio quedó impedido para participar por las reglas antinepotismo del partido, el senador respaldó su proyecto. Morena había confirmado previamente que Salgado no podría competir debido a que su hija gobierna actualmente la entidad.

En Baja California, la elegida fue Julieta Ramírez Padilla. Aunque se ha hablado de distanciamientos entre ella y la gobernadora Marina del Pilar Ávila, ambas provienen del mismo espacio político de Morena en el estado.

Después de la designación, Ávila expresó públicamente su respaldo: “Estoy segura de que, con tu compromiso y entrega, seguiremos haciendo crecer nuestro movimiento”. El nombramiento de Ramírez fue formalizado el 15 de septiembre.

En Sinaloa, la coordinación quedó en manos de Imelda Castro Castro, quien llegó al Senado en 2018 en fórmula con Rubén Rocha Moya. Esa relación política ha perseguido a Castro durante su posicionamiento rumbo a la gubernatura. Ella misma ha reconocido que compartió una trayectoria electoral con Rocha, aunque rechaza cargar con su “etiqueta”.

Las decisiones adquieren todavía mayor relevancia porque Morena llega a 2027 convertido en una fuerza territorial muy distinta a la de sus primeros años. El partido pasó de gobernar cuatro entidades en 2018 a controlar la mayor parte de los gobiernos estatales del país, y en la elección del próximo año tendrá que defender 12 gubernaturas actualmente bajo su control.

Por eso la disputa por las coordinaciones no es únicamente una competencia de popularidad. También decide quién heredará estructuras de gobierno, operadores territoriales, alianzas municipales y grupos políticos construidos durante los últimos seis años.

Todavía permanecen pendientes las definiciones de Sonora, Tlaxcala y Baja California Sur, mencionadas entre las contiendas de mayor tensión interna, pero también las de Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas. En total, al cierre del 16 de septiembre, quedaban siete coordinaciones por resolver.

En Sonora, el gobernador Alfonso Durazo ha sido relacionado con el proyecto de la senadora Lorenia Valles, aunque varios de los aspirantes que buscan la posición también pasaron por su gabinete.

En Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar ha sido señalada por respaldar al alcalde con licencia Alfonso Sánchez, cuya principal competencia interna es la senadora Ana Lilia Rivera. Durante el proceso, adversarios internos denunciaron ante Ariadna Montiel lo que calificaron como “una elección de Estado”, acusación que corresponde a los contendientes y no constituye un hecho acreditado.

En Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro ha sido identificado políticamente con Milena Quiroga, alcaldesa con licencia de La Paz, quien disputa la posición con Manuel Cota.

Y en Nayarit, donde no se observa públicamente un respaldo tan definido del gobernador Miguel Ángel Navarro, la confrontación principal se concentra entre Geraldine Ponce y Héctor Santana.

La batalla interna apenas anticipa lo que Morena enfrentará en 2027.

El partido diseñó formalmente un mecanismo basado en encuestas para contener las disputas entre grupos, pero la decisión de mantener bajo reserva buena parte de sus resultados ha provocado el efecto contrario: las negociaciones políticas y el peso de los gobernadores ocupan el espacio que deberían llenar los datos públicos.

Las primeras diez designaciones no permiten probar que exista una decisión coordinada de los mandatarios para imponerse a Claudia Sheinbaum, pero sí exhiben un dato político difícil de ignorar: los gobernadores conservaron una capacidad decisiva para influir en su propia sucesión, y en varios de los estados más importantes lograron que los cuadros surgidos de sus gobiernos quedaran colocados en la antesala de las candidaturas de Morena para 2027.