La fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verduzco, reconoció que el crimen organizado consiguió penetrar las corporaciones policiales de los 20 municipios y también la estructura de seguridad estatal, mediante una red dedicada a filtrar información sobre operativos, movimientos de agentes y acciones de inteligencia.

La afirmación exhibe un problema que rebasa la conducta aislada de algunos agentes: la existencia de una estructura de protección institucional que habría permitido a grupos criminales anticiparse a cateos, detenciones y aseguramientos.

“Obviamente, todas las policías están infiltradas, hay muchas investigaciones que están en curso, y sí, todas, todas, todas, las de los 20 municipios y la del estado también”, declaró Heredia Verduzco durante una entrevista con medios de comunicación.

La fiscal no sostuvo que todos los policías formen parte de organizaciones criminales, pero sí reconoció que existen infiltraciones dentro de todas las corporaciones. Tampoco precisó cuántos agentes y mandos son investigados, qué municipios presentan los casos más graves ni cuántas carpetas judiciales se han abierto.

De acuerdo con la funcionaria, las autoridades detectaron una estructura interna dedicada a informar a los delincuentes sobre los desplazamientos oficiales. Como respuesta, se removieron mandos y comenzaron a cerrarse los canales de filtración para recuperar “el factor sorpresa” en los operativos.

La Fiscalía sostiene que este cambio permitió realizar detenciones y asegurar armas, drogas, vehículos y otros activos. Heredia Verduzco atribuyó las amenazas y ataques contra la institución al rompimiento de los acuerdos de protección que, según su versión, habían beneficiado durante años a integrantes del crimen organizado.

“Ellos están muy ofendidos con la institución, conmigo en particular, por eso el coraje, porque estaban acostumbrados a que no se les detuviera, a hacer y deshacer, a que no se investigaran las extorsiones, que no se atendiera a las víctimas. Ahora vamos por ellos y obviamente están muy ofendidos”, afirmó.

La revelación surge en medio de un reacomodo criminal provocado por la muerte, el 22 de febrero de 2026, de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, y por la captura, el 27 de abril, de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, uno de sus principales operadores en el corredor del Pacífico.

“El Jardinero” fue detenido por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina en El Mirador, municipio de La Yesca, después de una operación de vigilancia que se prolongó durante 19 meses. Era considerado uno de los posibles sucesores de “El Mencho”, tenía una solicitud de extradición de Estados Unidos y una recompensa de cinco millones de dólares.

Tras esos golpes, distintos grupos comenzaron a disputarse territorios, rutas y estructuras que operaban en Nayarit. Durante agosto aparecieron narcomantas en Tepic atribuidas a organizaciones rivales y, días después, dos hombres fueron encontrados colgados de un puente junto con mensajes dirigidos contra funcionarios estatales.

La fiscal relacionó estos episodios con el cambio de mandos dentro del grupo criminal. “Recordarán una manta que decía: ‘La nueva administración se respeta’. Habla de un cambio de mandos al interior del grupo que estaba al frente de la actividad delincuencial en el estado”, explicó.

Heredia Verduzco aseguró que las investigaciones por esos hechos han dejado más de 15 personas detenidas, entre ellas presuntos responsables de elaborar las mantas, participar en privaciones de la libertad y colgar los cuerpos. También informó sobre la captura del herrero que presuntamente fabricaba ponchallantas para la organización.

La crisis se agravó con los asesinatos de los abogados Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera, ocurridos en hechos distintos en Ixtlán del Río. Ruiz Rivera murió después de llegar herido de bala a un hospital, mientras que Ruiz Velasco fue localizado en un barranco, cerca de los límites entre Nayarit y Jalisco.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que ambos litigantes se habían presentado meses antes en la Fiscalía para amenazarlo a él y a la fiscal, después de que las autoridades se negaron a devolver a sus clientes terrenos recuperados en la Riviera Nayarit. Heredia Verduzco fue todavía más lejos y afirmó que los abogados trabajaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Estos abogados se identificaron como defensores de un alto generador de violencia de este grupo, del que fue ejecutado en febrero, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y especialmente del que fue detenido en La Yesca hace meses, Audías Flores Silva, ‘El Jardinero’; ellos fungían como comunicadores de indicaciones”, señaló.

Esos vínculos constituyen, hasta ahora, señalamientos de las autoridades. La Fiscalía no ha presentado públicamente pruebas judicializadas que demuestren que los dos abogados formaban parte del CJNG, y los homicidios continúan bajo investigación.

El conflicto también está conectado con la recuperación de terrenos turísticos que habían salido del patrimonio estatal mediante operaciones presuntamente irregulares. Aunque Navarro Quintero habló recientemente de 800 hectáreas y de un fraude cercano a 100 mil millones de pesos, el balance presentado anteriormente por el gobierno estatal y la Fiscalía General de la República documentó la recuperación de 960 hectáreas, equivalentes a más de 530 lotes con un valor estimado de 50 mil millones de pesos.

La investigación comenzó en 2022 a partir de una denuncia del Fideicomiso Bahía de Banderas y alcanzó operaciones realizadas durante las administraciones de los exgobernadores Ney González y Roberto Sandoval. Las autoridades señalaron la existencia de ventas a precios irrisorios, alteraciones documentales y una red de servidores públicos, particulares y empresas presuntamente beneficiadas.

La admisión de que todas las policías de Nayarit presentan infiltraciones constituye uno de los reconocimientos oficiales más graves sobre la profundidad alcanzada por el crimen organizado en el estado. También abre una pregunta inevitable: si los delincuentes conocían anticipadamente los operativos, las extorsiones no eran investigadas y las víctimas permanecían desatendidas, la protección criminal no funcionaba únicamente desde las calles, sino desde el interior de las instituciones encargadas de combatirla.