Miles de sinaloenses volvieron a ocupar este domingo la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán, para exigir el fin de una violencia que durante dos años ha trastocado la vida cotidiana, cerrado negocios, expulsado familias y convertido el miedo en una condición permanente.

Vestidos de blanco, con globos, fotografías de víctimas, pancartas y mantas, los participantes caminaron desde el templo de La Lomita hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario. La movilización, impulsada bajo el lema “Sinaloa, ponte de pie, no más de lo mismo”, reunió a familias, empresarios, agricultores, jóvenes, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y agrupaciones religiosas.

La jornada comenzó a las siete de la mañana con una misa encabezada por el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez. Al concluir la ceremonia, el contingente inició su recorrido con una exigencia repetida durante toda la marcha: “Queremos vivir en paz, queremos calles seguras y familias tranquilas”.

El prelado exhortó a los sinaloenses a no permitir que la violencia se transforme en odio y llamó a transitar de la venganza al perdón, pero sin olvidar a las víctimas ni renunciar a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Su mensaje colocó una condición esencial: la reconciliación no puede utilizarse como sustituto de la justicia ni como argumento para cerrar los casos que permanecen impunes.

Entre las organizaciones convocantes estuvieron la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, la Alianza Mexicana de Abogados, la Diócesis de Culiacán, cámaras empresariales, representantes del sector restaurantero y más de 60 colectivos y agrupaciones ciudadanas.

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, sostuvo que la movilización no estaba dirigida contra una persona o partido, sino contra las condiciones que impiden a las familias desarrollar su vida con libertad. “No estamos marchando contra nadie. Estamos marchando por la vida, por nuestros hijos, nuestras familias, por los que ya no están”, expresó.

El empresario restaurantero Miguel Taniyama advirtió que la voz de la marcha también cargaba con el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos y de los empresarios cuyos negocios fueron llevados a la ruina por la inseguridad. Para los convocantes, salir a las calles fue un acto de dignidad frente a la corrupción, la impunidad, la falta de gobernabilidad y la narcoviolencia.

La protesta se realizó al cumplirse dos años del inicio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas después del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024. La confrontación abierta comenzó en septiembre de ese año y se extendió de Culiacán hacia Mazatlán, Navolato, Concordia, San Ignacio y Escuinapa.

El saldo exhibe una crisis que rebasa cualquier explicación basada exclusivamente en disputas entre delincuentes. Los balances periodísticos y oficiales contabilizan más de 3 mil 100 personas asesinadas, alrededor de 3 mil desaparecidas, miles de vehículos robados y comunidades desplazadas durante los 24 meses de confrontación. Las diferencias entre registros de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y organizaciones ciudadanas revelan, además, un problema de subregistro y clasificación de las víctimas.

La dimensión económica también es devastadora. Martha Reyes Zazueta ha estimado que la violencia provocó la pérdida de 27 mil empleos y el cierre de aproximadamente 5 mil empresas. A ello se suman la reducción de horarios comerciales, el debilitamiento de la vida nocturna, la caída del turismo y la migración de familias que abandonaron el estado ante la falta de seguridad.

La contradicción quedó expuesta desde la víspera: mientras la sociedad se preparaba para marchar por la paz, al menos 10 personas fueron asesinadas el sábado 12 de septiembre en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa. La violencia acompañó así, como una advertencia, una movilización convocada precisamente para exigir que los ciudadanos puedan volver a caminar por sus calles sin temor.

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, reconoció el derecho de la ciudadanía a manifestarse y aseguró que la recuperación de los espacios públicos constituye una prioridad. “Todos queremos paz, seguridad”, declaró después de la marcha. Su gobierno enfrenta, sin embargo, el desafío de reconstruir la confianza tras la licencia de Rubén Rocha Moya y en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones estatales para contener la violencia.

El despliegue de aproximadamente 17 mil integrantes del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones federales ha producido detenciones y decomisos, pero no ha conseguido establecer una reducción sostenida de los homicidios, desapariciones, robos de vehículos y ataques armados. La presencia militar ha contenido episodios específicos, pero no ha reconstruido las instituciones locales ni desmantelado las redes económicas, políticas y sociales que permiten operar a las organizaciones criminales.

La marcha dejó un mensaje que rebasa las consignas religiosas y empresariales: después de dos años de violencia, Sinaloa no puede conformarse con administrar el miedo ni llamar normalidad a la supervivencia diaria. La paz reclamada en las calles exige investigaciones, policías confiables, fiscalías que funcionen, protección para las víctimas y sanciones contra quienes desde las instituciones hayan protegido a los grupos criminales.