La presidenta Claudia Sheinbaum llegará este domingo a Culiacán para hablar de los resultados de su gobierno, pero lo hará en una ciudad donde la realidad contradice cualquier discurso triunfalista. Después de dos años de guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, el Gobierno federal ha multiplicado soldados, operativos, detenciones y decomisos, pero continúa sin cumplir la tarea fundamental: pacificar Sinaloa.

La regidora priista Lourdes Erika Sánchez Martínez pidió que la mandataria no limite su visita a reuniones con funcionarios y simpatizantes. Planteó que escuche directamente a familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, víctimas de la violencia, empresarios, universidades, académicos y organizaciones civiles.

“Tan fácil que sería llenarle el aforo, si tan solo viniera la Presidenta a escuchar a las víctimas de este Estado”, expresó durante una sesión del Cabildo de Culiacán.

El reclamo retrata la enorme distancia entre el poder y las calles. Durante dos años, las autoridades federales y estatales, ahora la gobernadora Graciela Domínguez, se han reunido entre ellas, han presentado estadísticas, presumido capturas y anunciado nuevos despliegues militares. Sin embargo, las familias siguen buscando a sus desaparecidos, los comerciantes continúan cerrando negocios y miles de sinaloenses han modificado sus horarios, recorridos y actividades por miedo a quedar atrapados en una balacera, un bloqueo o una privación ilegal de la libertad.

“Lo que aquí se necesita es venir a escuchar, pero a la gente; a los suyos, que es lo que ha hecho durante estos dos años, ya se ha dado cuenta que han sido incapaces de transmitirle el terror que se vive aquí en la ciudad”, reprochó Sánchez Martínez.

La crisis se originó después del secuestro y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido el 25 de julio de 2024. El capo aseguró que fue engañado y llevado por la fuerza a territorio estadounidense por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Semanas después, el 9 de septiembre, comenzó abiertamente la confrontación entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, el estado acumula más de 3 mil asesinatos y más de 4 mil desapariciones relacionadas con el periodo de violencia, de acuerdo con recuentos oficiales y periodísticos. A ello se suman desplazamientos forzados, miles de vehículos robados, negocios cerrados, empleos perdidos y comunidades rurales abandonadas por sus habitantes.

La estrategia federal ha respondido principalmente con fuerza militar. Miles de elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han sido enviados a Sinaloa. El Gobierno presume más de mil detenciones, aseguramientos de armas, drogas, laboratorios y vehículos, pero la violencia solamente se desplaza de una región a otra.

Cuando disminuyen los homicidios en Culiacán, la guerra se extiende hacia Mazatlán, Escuinapa, Concordia, Elota o San Ignacio. Cuando las autoridades detienen a un jefe criminal, surge otro mando o comienza una disputa interna por el territorio. Los operativos contienen temporalmente algunos ataques, pero no han desarticulado las estructuras financieras, políticas, policiales y logísticas que permiten a las organizaciones criminales mantener su capacidad de fuego.

Ese es el balance más incómodo para el Gobierno federal: puede ocupar Sinaloa, pero no logra gobernar plenamente su territorio.

La llegada constante de tropas confirma, además, que los despliegues anteriores no fueron suficientes. Si después de dos años siguen siendo necesarios miles de militares adicionales para proteger carreteras, ciudades y hasta celebraciones públicas, difícilmente puede hablarse de una estrategia exitosa. La presencia federal evita escenarios todavía más graves, pero no equivale a la recuperación de la paz.

La incapacidad institucional también se refleja en la impunidad. Los asesinatos y desapariciones se acumulan con muy pocas sentencias, mientras las familias realizan búsquedas que deberían corresponder a las fiscalías. El problema no consiste únicamente en detener sicarios, sino en investigar redes criminales, identificar complicidades oficiales, localizar a los desaparecidos y procesar a quienes financian y protegen la violencia.

A pesar de ello, el discurso gubernamental continúa privilegiando las cifras operativas: detenidos, armas incautadas, laboratorios destruidos y toneladas de droga aseguradas. Son resultados relevantes, pero insuficientes frente a una pregunta elemental: ¿por qué los sinaloenses siguen viviendo con miedo después de dos años de intervención federal?

La regidora también propuso crear un fondo emergente para comercios, proporcionar atención psicológica a las víctimas, instalar una mesa permanente con colectivos de búsqueda y establecer un observatorio ciudadano de seguridad. Las propuestas reconocen una realidad que el discurso oficial suele minimizar: la guerra no solamente deja muertos y desaparecidos; también destruye empresas, empleos, salud mental y confianza en las instituciones.

La visita presidencial representa, por ello, una oportunidad para algo más que presentar un informe. Claudia Sheinbaum puede escuchar a las familias que buscan a sus hijos, a los empresarios que cerraron sus negocios, a las comunidades desplazadas y a quienes han sobrevivido a los ataques. O puede volver a reunirse exclusivamente con funcionarios que llevan dos años explicando resultados que los ciudadanos no perciben en su vida cotidiana.

Después de dos años de guerra, Sinaloa no necesita otra ceremonia ni otro catálogo de decomisos. Necesita una estrategia que investigue las redes de protección institucional, reduzca la impunidad, encuentre a los desaparecidos, atienda a las víctimas y recupere de manera permanente el territorio.