El periodista Héctor de Mauleón ratificó las graves acusaciones contra la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, sobre una presunta reunión con el narcotraficante Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en la que supuestamente se habrían negociado apoyos del crimen organizado a candidatos morenistas durante las elecciones de 2024, a cambio de permitir el control criminal de territorios entre Sinaloa y Chihuahua.

Ante la respuesta de Montiel, quien calificó las acusaciones como mentiras e infundios, el columnista de El Universal no solamente se negó a rectificar su investigación, sino que aseguró que los señalamientos tienen su origen en un informe de inteligencia federal cuya autenticidad fue confirmada por fuentes de seguridad.

“Sostengo cada línea de la columna publicada hoy bajo el título de ‘La reunión de Ariadna Montiel con El Guano’”, respondió categóricamente el periodista este 26 de octubre.

La controversia comenzó con las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, en la que aseguró que Ariadna Montiel mantiene presuntos vínculos con el crimen organizado y que había advertido de ello personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ariadna Montiel tiene mucho que explicar y mucho que decir sobre el crimen organizado y estos grupos terroristas en el estado de Chihuahua, especialmente en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, con su presidente municipal en Morelos, donde sucedió el (reciente) desmantelamiento del (narco) laboratorio, que es también un alcalde de Morena”, declaró la mandataria estatal.

Las acusaciones adquirieron una dimensión mayor cuando Héctor de Mauleón publicó una columna en la que sostuvo que las afirmaciones de Campos no provenían exclusivamente de una confrontación política, sino de reportes de inteligencia elaborados por instancias federales.

Según las fuentes citadas por el periodista, a principios de 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador ocupaba la Presidencia de la República, Ariadna Montiel se habría reunido en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, con Aureliano Guzmán, “El Guano”, señalado como uno de los dirigentes criminales que operan en esa región.

Durante el supuesto encuentro se habría negociado que Los Salgueiro, organización criminal vinculada con El Guano, modificara sus alianzas políticas para intervenir en las elecciones de ese año a favor de candidatos de Morena, en una región donde también mantiene presencia el grupo criminal La Línea.

A cambio, de acuerdo con la versión publicada, se permitiría a la organización mantener el control territorial desde La Tuna, Sinaloa, hasta Moris, Chihuahua, una extensa zona de interés estratégico para las operaciones del crimen organizado.

La presunta negociación habría implicado retirar el respaldo político a Julio César Chávez Ponce, “El Chacho”, para favorecer a Ana Laura González Ábrego, quien posteriormente llegó a la alcaldía.

La columna también menciona al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la gubernatura de Chihuahua, y al exfiscal estatal César Jáuregui, identificado anteriormente con el PAN, como personajes señalados en los reportes por presuntas relaciones con La Línea.

En el caso de Jáuregui, las fuentes citadas por De Mauleón le atribuyen supuestas maniobras para favorecer la liberación de integrantes de esa organización mediante carpetas de investigación deficientes, a cambio de pagos que habrían alcanzado los 10 millones de pesos. Estas acusaciones tampoco han sido acreditadas públicamente mediante resoluciones judiciales.

Otro nombre que aparece en el presunto encuentro con El Guano es el de Juan Carlos Loera, exdelegado de los Programas para el Desarrollo en Chihuahua, quien posteriormente rompió políticamente con Montiel y ha calificado de “calumnias e infamias” las acusaciones de Maru Campos.

La investigación coloca bajo cuestionamiento la operación política de Morena en una región donde Montiel desarrolló actividades partidistas desde antes de las elecciones presidenciales de 2018, cuando, según ha reconocido, López Obrador le encomendó fortalecer la presencia electoral del movimiento en el norte del país y particularmente en la Sierra Tarahumara.

Después del triunfo de AMLO, Montiel se incorporó a la Secretaría del Bienestar como subsecretaria y posteriormente asumió la titularidad de esa dependencia tras la salida de Javier May. Más adelante pasó a encabezar Morena en sustitución de Luisa María Alcalde.

La trayectoria de Montiel también ha estado acompañada de otros señalamientos. La exdiputada Inés Parra presentó acusaciones ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción por un presunto desvío de 6 mil millones de pesos. Asimismo, se ha cuestionado la adquisición de un terreno de 428 mil 280 metros cuadrados en Bocoyna, Chihuahua, por un precio reportado de 99 mil pesos, vendido supuestamente por Rafael Mata Márquez, subdelegado del Bienestar. El inmueble fue identificado en la columna con el folio real 1864397.

Estos antecedentes forman parte de los cuestionamientos públicos contra la dirigente, pero no constituyen por sí mismos pruebas de la presunta reunión con El Guano ni de una negociación con organizaciones criminales.

La respuesta política de Morena fue inmediata. Los 24 gobernadores vinculados al partido y sus aliados cerraron filas con Montiel y rechazaron los señalamientos, atribuyéndolos a “frustración y diferencias políticas” y a acusaciones que, según expresaron, buscan desprestigiar a quienes ejercen responsabilidades públicas.

Entre quienes respaldaron ese pronunciamiento aparecen Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Evelyn Salgado, de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Alfonso Durazo, de Sonora; David Monreal, de Zacatecas; Rocío Nahle, de Veracruz; Layda Sansores, de Campeche; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur, y José Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí.

Por su parte, Ariadna Montiel rechazó categóricamente haberse reunido con integrantes del crimen organizado y cuestionó la falta de exhibición pública del documento en el que se fundamentan las acusaciones.

“Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas”, aseguró la dirigente morenista.

También exigió que cualquier acusación sustentada en pruebas se presente ante las autoridades correspondientes, y atribuyó los señalamientos a una ofensiva política.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Maru Campos le había planteado personalmente sus sospechas sobre Montiel, pero aseguró que pidió pruebas y que, hasta ese momento, no le habían sido entregadas.

En ese contexto, la contrarréplica de Héctor de Mauleón adquiere particular relevancia, porque insiste en que existe un documento federal que dio origen a las denuncias.

“Las acusaciones que la gobernadora de Chihuahua lanzó en días pasados contra Ariadna Montiel tienen origen en un reporte de inteligencia federal cuya autenticidad fue confirmada por fuentes de seguridad”, sostuvo el columnista.

De Mauleón también rechazó que sus publicaciones deban interpretarse como parte de una ofensiva partidista.

“Es absurdo hablar de ‘ética’, de ‘rigor’ y de ‘golpeteo de la derecha’ cuando por todas partes surgen los acuerdos entre el narco y el movimiento que la señora Montiel encabeza”, afirmó.

La diferencia entre la existencia de un reporte de inteligencia y la comprobación de los hechos que contiene es fundamental. Aunque fuentes de seguridad hayan confirmado al periodista la autenticidad del documento, su contenido no ha sido sometido públicamente a una verificación independiente que permita establecer la responsabilidad de los personajes señalados.

Sin embargo, la controversia abre interrogantes que requieren esclarecimiento institucional: qué dependencia federal elaboró el documento, qué elementos sustentan la presunta reunión, si el informe fue entregado a la Fiscalía General de la República y si las autoridades investigaron una posible intervención criminal en las elecciones de 2024.

El caso también se desarrolla en medio de la confrontación política entre Maru Campos y el gobierno federal por la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio de drogas en Chihuahua, episodio que involucró al exfiscal César Jáuregui y abrió un nuevo conflicto entre autoridades estatales y federales.

La disputa ha dejado de ser solamente un enfrentamiento entre una gobernadora panista y la dirigencia de Morena. Ahora involucra la credibilidad de una investigación periodística, la presunta existencia de información de inteligencia federal y la obligación de las instituciones de esclarecer posibles vínculos entre estructuras criminales y actores políticos.

La acusación no demuestra culpabilidad, pero la negativa de los señalados tampoco sustituye una investigación. Frente a señalamientos de esta gravedad, el esclarecimiento requiere documentos verificables, investigaciones institucionales y evidencia que permita determinar si existieron o no los acuerdos electorales denunciados.