En medio de las investigaciones que autoridades estadounidenses mantienen contra ex funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, el Gobierno estatal solicitó al Congreso local autorizar una pensión por retiro anticipado para Alberto Jorge Contreras Núñez, ex mando de la Policía de Investigación señalado por la justicia de Estados Unidos de haber brindado protección a “Los Chapitos”.

La iniciativa fue enviada por la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla, quien pidió a los diputados locales aprobar el beneficio económico para el ex funcionario adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

El documento establece que se le conceda una pensión mensual de 67 mil 477.75 pesos, bajo el argumento de que cumplió con los requisitos legales para acceder al retiro anticipado. En el texto se señala que se busca que “se le otorgue el derecho de Pensión por Retiro Anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”.

Además del pago mensual, la propuesta contempla modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 2026, con el propósito de garantizar la disponibilidad de recursos para cubrir dicha prestación.

La solicitud cobra relevancia debido a que Alberto Jorge Contreras Núñez figura entre los ex servidores públicos requeridos por autoridades estadounidenses por presunta colaboración con la organización criminal encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con los señalamientos, habría recibido pagos periódicos de “Los Chapitos” y ordenado la liberación de integrantes de esa facción delictiva.

Durante su trayectoria reciente, Contreras Núñez se desempeñó como inspector general en el área de Combate al Secuestro y posteriormente ocupó el cargo de comisario de la corporación entre noviembre de 2022 y febrero de 2026.

Los cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense incluyen presuntas conspiraciones relacionadas con la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer armamento de uso restringido y dispositivos destructivos.

El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que en abril presentó acusaciones contra diez funcionarios mexicanos, entre ellos el ex Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y tráfico de armas.

Según la acusación, los funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de protección política y sobornos. La investigación fue presentada por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, mientras que el proceso judicial quedó bajo la responsabilidad de la jueza Katherine Polk Failla.