La presión política y judicial que enfrenta el oficialismo por los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya comenzó a impactar directamente en la agenda política y electoral de Claudia Sheinbaum.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya de haber recibido presunto apoyo del narcotráfico para llegar al poder, la Presidenta anunció que enviará al Congreso una reforma electoral para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un nuevo órgano dentro del INE que buscará detectar riesgos de vínculos criminales entre aspirantes rumbo a las elecciones de 2027.

La propuesta será enviada durante el próximo periodo extraordinario que el Congreso convocará para discutir, entre otros temas, la reforma que busca aplazar hasta 2028 la elección judicial. Sin embargo, el nuevo componente de seguridad electoral aparece ahora como una respuesta política ante el desgaste provocado por los casos de presuntos nexos entre autoridades locales y organizaciones criminales.

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum reconoció que desde el inicio de su administración han surgido distintos casos de funcionarios y actores políticos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, lo que obligó al Gobierno federal a retomar una propuesta que originalmente formaba parte del llamado “Plan A” de reforma electoral.

“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla, esta propuesta en realidad venía en el plan A, si se acuerdan hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el País, ahí hablamos de democracia participativa y muchos tema que al no aprobarse el plan A ya no pudieron presentarse posteriormente”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum agregó: “Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”.

La iniciativa contempla que la nueva comisión quede integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE, quienes permanecerían tres años en funciones. El órgano operaría como enlace entre partidos políticos y dependencias de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.

La explicación técnica de la reforma estuvo a cargo de la consejera jurídica Luisa María Alcalde, quien detalló que la comisión consultaría información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para determinar si existe un “riesgo razonable” sobre algún aspirante.

Sin embargo, la propuesta evita que las autoridades revelen expedientes, carpetas de investigación o información sensible. Las dependencias únicamente comunicarían si detectan o no posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero o financiamiento ilícito.

Aunque el mecanismo pretende convertirse en un “filtro” contra los llamados narcocandidatos, la responsabilidad final recaerá en los propios partidos políticos, ya que la iniciativa establece que la decisión definitiva de registrar o no una candidatura seguirá siendo facultad de cada fuerza política.

La participación de los partidos sería voluntaria, aunque los aspirantes tendrían que aceptar obligatoriamente ser evaluados por la comisión para poder ser revisados. Todo el procedimiento tendría carácter confidencial y reservado bajo el argumento de no afectar investigaciones abiertas ni vulnerar el debido proceso.

El contexto político de la reforma resulta especialmente delicado para el Gobierno federal. La propuesta surge apenas días después de que el caso de Rubén Rocha Moya escalara en Estados Unidos y se intensificaran los señalamientos sobre presuntas redes de protección política vinculadas al Cártel de Sinaloa.

En los hechos, la iniciativa también representa un reconocimiento implícito del problema de infiltración criminal en candidaturas locales y estatales, un fenómeno que durante años ha sido señalado por autoridades electorales, organismos de seguridad y gobiernos extranjeros, particularmente en regiones dominadas por el crimen organizado.