La reducción de los homicidios presentada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum como uno de los principales resultados de su estrategia de seguridad enfrenta una grave anomalía en Sinaloa: decenas de personas asesinadas durante la guerra entre las facciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada desaparecieron de las estadísticas oficiales mediante omisiones y reclasificaciones administrativas.

Una investigación de Noroeste, elaborada mediante el seguimiento de fuentes públicas, solicitudes de información y más de 11 mil notas sobre seguridad, encontró que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) dejó fuera del registro de homicidios dolosos al menos 133 muertes violentas, ocurridas entre mayo de 2025 y julio de 2026.

No se trata de diferencias menores entre bases de datos. Entre las víctimas excluidas se encuentran civiles alcanzados por disparos, policías ejecutados, personas torturadas y cuerpos abandonados con mensajes criminales.

Édgar Gustavo Arrearán Moncada, taxista de Escuinapa, murió tras recibir un balazo durante un enfrentamiento. Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de Tránsito de Culiacán, fue acribillado cuando se dirigía a trabajar. Jesús Armando Valdés López apareció desollado frente a una plaza comercial de Tres Ríos, mientras que Jesús Alberto, capitán segundo de la Guardia Nacional, fue encontrado muerto a golpes en Mazatlán.

Todos fueron asesinados en el contexto de la disputa criminal, pero sus muertes no fueron incorporadas correctamente a la estadística de homicidios dolosos.

Categorías que borran asesinatos

La investigación detectó que la Fiscalía sinaloense examinó 185 muertes violentas, pero solamente reconoció 52 como homicidios dolosos. Las otras 133 quedaron fuera mediante distintas prácticas administrativas.

Uno de los mecanismos consistió en no agregar correctamente a 50 personas heridas en ataques armados que murieron posteriormente en hospitales. Aunque la Fiscalía informaba que los fallecimientos serían incorporados al día en que ocurrió la agresión, la revisión de sus propios registros muestra que no siempre lo hizo.

Otros asesinatos fueron reclasificados bajo expresiones como “causa de muerte por determinar”, “homicidio por otros”, “agresión a la autoridad” y “homicidio por enfrentamiento”. Estas denominaciones, de acuerdo con el reportaje, no corresponden a categorías previstas en el Código Penal del Estado de Sinaloa para excluir las muertes del conteo de homicidios.

La Fiscalía utilizó “causa de muerte por determinar” en 55 casos, incluso cuando los cuerpos presentaban huellas de violencia o estaban acompañados de mensajes criminales. Otros seis fueron registrados como “homicidio por otros”, 25 como “agresión a la autoridad” y 12 como “homicidio por enfrentamiento”. Además, se identificaron 41 asesinatos documentados por medios de comunicación que no fueron sumados adecuadamente.

El caso de Édgar Gustavo Arrearán Moncada muestra el alcance de estas clasificaciones. El taxista murió por las heridas producidas por una bala durante una refriega en Escuinapa. Su acta de defunción estableció como causa un “choque hipovolémico hemorrágico por laceración de bazo y pulmón izquierdo por proyectil disparado por arma de fuego”. Pese a ello, la Fiscalía colocó su muerte en la categoría “homicidio por otros”.

La exclusión también alcanzó a integrantes de las instituciones de seguridad. El asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, quien tenía 32 años de servicio, fue reportado como “homicidio por agresión a la autoridad”, pero no se incorporó al conteo remitido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En total, al menos 25 policías municipales, estatales, federales y agentes de tránsito o investigación asesinados habrían quedado fuera de la estadística bajo esta clasificación.

Las fosas tampoco aparecen en el indicador

El subregistro puede ser todavía mayor. La investigación contabilizó 310 cuerpos y restos óseos recuperados de fosas clandestinas por colectivos de búsqueda durante los más de 700 días de confrontación. Estos hallazgos tampoco aparecen necesariamente como homicidios dolosos en las cifras utilizadas para evaluar la seguridad estatal.

Si se agregan esos restos a las 133 muertes omitidas o reclasificadas, la guerra habría dejado al menos 443 muertes violentas adicionales a las comunicadas oficialmente por la Fiscalía.

La dimensión del faltante es considerable: esas 443 víctimas equivalen aproximadamente al 75 por ciento de todos los homicidios dolosos registrados durante 2022, considerado el año menos violento de la historia reciente de Sinaloa.

Una reducción construida desde el punto más alto

El Gobierno federal afirma que los homicidios dolosos disminuyeron 52 por ciento en Sinaloa, una proporción semejante a la reducción nacional reportada hasta julio de 2026. Sin embargo, la comparación toma como referencia junio de 2025, cuando el estado alcanzó un máximo de 212 asesinatos.

Comparar el resultado actual con uno de los meses más violentos de la guerra permite mostrar una caída pronunciada, pero no refleja el deterioro acumulado desde que comenzó la disputa criminal. Durante julio de 2026, el promedio diario de asesinatos todavía fue aproximadamente el doble del registrado entre enero y agosto de 2024, antes del enfrentamiento entre las facciones.

Desde septiembre de 2024 hasta julio de 2026, la Fiscalía estatal reportó 3 mil 195 homicidios, incluidos feminicidios, frente a los 3 mil 182 consignados por el SESNSP. Esto representa un promedio de 4.6 asesinatos diarios, más del triple de los 1.4 registrados antes de la guerra.

Las omisiones y reclasificaciones identificadas redujeron por sí solas 7.6 por ciento la cifra oficial de homicidios dolosos durante el último año. El porcentaje no explica toda la caída anunciada por el Gobierno federal, pero sí acentúa una tendencia descendente cuya magnitud sería menor si todas las muertes fueran correctamente incorporadas.

Una Fiscalía marcada por el caso Cuén-Zambada

La credibilidad de la Fiscalía sinaloense ya había sido cuestionada desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, trasladado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

La dependencia quedó bajo sospecha después de conocerse que uno de sus agentes ministeriales era escolta de Zambada. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló irregularidades y un posible montaje en la primera versión sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo del PRI.

El escándalo provocó la renuncia de la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez y la llegada de Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien anteriormente se desempeñaba como vicefiscal de la Región Centro.

Las prácticas para disminuir el registro de asesinatos no comenzaron inmediatamente después del estallido de la guerra, sino durante el verano de 2025, coincidiendo con el reforzamiento de la presencia federal y las visitas del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La mayor discrepancia ocurrió en diciembre de ese año, cuando 34 muertes violentas quedaron fuera del conteo.

La guerra continúa más allá de las estadísticas

A pesar de las detenciones, decomisos y despliegues militares, Sinaloa continúa lejos de la pacificación. Desde abril de 2026 los homicidios volvieron a crecer y junio cerró con 128 casos.

La salida temporal del entonces gobernador Rubén Rocha Moya, después de ser acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presuntos vínculos con el narcotráfico, tampoco modificó la estrategia. El Congreso estatal nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, mientras el Gabinete de Seguridad federal prometió mantener el respaldo a la entidad.

La continuidad quedó simbolizada por el incendio provocado en el casino Tropicana de Culiacán. El ataque dejó tres personas heridas y causó la muerte de Ana Alicia, una mujer de 36 años y madre de tres hijos. Aunque existían testimonios de que el establecimiento fue incendiado intencionalmente, su fallecimiento tampoco fue incorporado al conteo diario de homicidios.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo argumentó que no se consideraba homicidio porque la víctima había muerto por “intoxicación”. La explicación se concentró en el mecanismo físico del fallecimiento y no en el acto presuntamente deliberado que provocó el incendio.

El caso de Sinaloa muestra que la estadística criminal no solamente depende de cuántas personas son asesinadas, sino de quién clasifica sus muertes y bajo qué criterios. Cuando los fallecimientos por disparos, tortura, enfrentamientos o ataques incendiarios se colocan fuera del homicidio doloso, la violencia puede disminuir en los informes sin desaparecer de las calles.

La reducción estadística presentada por el Gobierno federal debe analizarse, por tanto, con más indicadores: desapariciones, fosas clandestinas, desplazamientos, extorsiones y control territorial. De otra manera, la supuesta pacificación corre el riesgo de ser solamente una realidad administrativa construida sobre víctimas borradas de las cifras oficiales.