La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal por delitos fiscales contra los responsables de Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco vinculada empresarialmente con el entorno de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”.

La acusación coloca nuevamente al huachicol fiscal cerca del círculo de empresarios beneficiados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la declaratoria de perjuicio presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Portacelis habría introducido combustibles a México mediante información falsa, causando un quebranto superior a 834 millones de pesos por impuestos y derechos omitidos.

El documento fue entregado a la FGR el pasado 25 de marzo por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT. La autoridad fiscal concluyó que, entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025, la empresa tramitó 139 pedimentos de importación de petrolíferos que ingresaron al país en ferrotanques con datos presuntamente falsos.

La investigación no se limita a una irregularidad administrativa. La declaratoria de perjuicio constituye un requisito para que la FGR pueda proceder penalmente por determinados delitos fiscales. En este caso, el SAT solicitó actuar contra cinco personas, entre ellas empleados de la compañía y agentes aduanales señalados por facilitar las operaciones de contrabando.

Portacelis Gas and Oil fue constituida el 6 de agosto de 2024 ante el notario Manuel Alejandro Cachón, en Villahermosa, Tabasco. Sus accionistas designaron como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como operador de confianza de Jorge Amílcar Olán.

La relevancia de De la Cruz Murillo rebasa su participación en Portacelis. Conforme a documentos mercantiles revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), también aparecía como comisario de Romedic, empresa de Amílcar Olán que recibió contratos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para el suministro de medicamentos.

Además, figuraba como accionista de Poyago, una ferretera que en 2023 modificó su objeto social para comercializar medicamentos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También ocupó la titularidad del órgano de Vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, constructora en la que Jorge Amílcar Olán posee el 90 por ciento de las acciones.

Esta acumulación de cargos empresariales llevó a MCCI a señalar que Juan Carlos de la Cruz Murillo presuntamente fungía como prestanombres u operador corporativo de Amílcar Olán. No obstante, la indagatoria fiscal conocida hasta ahora no acredita que Olán o Andrés Manuel López Beltrán hayan participado directamente en las importaciones investigadas.

El 23 de diciembre de 2024, cuando ya había comenzado el gobierno de Claudia Sheinbaum, De la Cruz renunció como administrador único de Portacelis y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández.

Ulin, de 32 años y residente de la Ranchería Ixtacomitán, en Jalpa, Tabasco, carecía de antecedentes empresariales conocidos. Para MCCI, el relevo formó parte de una reorganización corporativa que dificultó identificar a las personas que originalmente controlaban la compañía.

El periodista Raúl Olmos, de MCCI, describió así la modificación:

“El movimiento fue una estrategia bien planeada. La estructura que quedó en Portacelis Gas and Oil después de la renuncia de Juan Carlos De la Cruz era la de una empresa preparada para operar negocios con sigilo: socios sin trayectoria, domicilios modestos en rancherías, y un organigrama que buscaba disolver cualquier vínculo evidente con las figuras que la fundaron”.

Pese al papel que tuvo en la constitución y administración inicial de la compañía, el SAT no formuló cargos contra Juan Carlos de la Cruz Murillo. La petición de acción penal fue dirigida contra José Alonso Ulin Hernández y los agentes aduanales que presuntamente auxiliaron a Portacelis en las importaciones irregulares.

La autoridad fiscal sí señaló formalmente a Portacelis Gas and Oil como la empresa utilizada para realizar operaciones de huachicol fiscal, modalidad basada en introducir combustibles al país mediante clasificaciones falsas, subvaluaciones u otras maniobras destinadas a evadir impuestos.

El caso adquiere relevancia política por los vínculos empresariales de Jorge Amílcar Olán, quien participó en negocios relacionados con proyectos emblemáticos del obradorismo, entre ellos el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Conversaciones telefónicas filtradas y diversas investigaciones periodísticas han planteado posibles actos de corrupción alrededor de contratos y obras públicas; sin embargo, esos señalamientos deben ser acreditados por las autoridades competentes.

La indagatoria sobre Portacelis abre una pregunta central: si el SAT documentó un perjuicio fiscal superior a 834 millones de pesos, la FGR deberá esclarecer quién controló realmente la empresa, quién financió las importaciones, quién obtuvo los beneficios económicos y si el cambio de administrador tuvo como propósito separar jurídicamente a sus operadores originales de las operaciones posteriores.

Escapa a Estados Unidos un agente aduanal clave

La investigación enfrenta además la fuga de Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal señalado como operador de las importaciones de Portacelis. Carretero logró cruzar a Estados Unidos en enero pasado, cuando la FGR presuntamente se disponía a detenerlo en la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas.

Carretero Zardeneta, conocido también por su actividad como pastor cristiano en la frontera tamaulipeca, posee doble nacionalidad y se ha convertido en una figura central dentro de por lo menos tres investigaciones federales relacionadas con el contrabando de combustibles.

En su contra existen dos órdenes de aprehensión: una relacionada con el expediente de Ernesto Ruffo Appel y otra por el caso de tres militares que estuvieron a cargo de la Aduana de Matamoros. A esos procesos se suma ahora una tercera investigación por la tramitación de los 139 pedimentos de petrolíferos utilizados por Portacelis Gas and Oil.

Su salida hacia Estados Unidos no sólo representa un obstáculo para las investigaciones. También plantea interrogantes sobre posibles filtraciones, omisiones o fallas dentro de las autoridades encargadas de ejecutar las órdenes judiciales.

El expediente de Portacelis Gas and Oil alcanza así una dimensión que rebasa el fraude fiscal: involucra una empresa relacionada con operadores del círculo empresarial de Jorge Amílcar Olán, funcionarios aduanales, importaciones millonarias de combustibles, cambios corporativos sospechosos y la fuga de uno de los principales investigados.

La responsabilidad penal de cada persona deberá establecerse ante los tribunales. Pero la documentación fiscal obliga a la FGR a seguir la ruta completa del dinero y determinar si Portacelis actuó de manera aislada o formó parte de una estructura empresarial, aduanal y política más amplia, protegida por sus relaciones con figuras cercanas al poder.