Al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, le “brotaron” terrenos, inmuebles, cuentas bancarias y bienes familiares por más de 47 millones de pesos, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum le exigió transparentar su declaración patrimonial.

El documento permaneció fuera del escrutinio público hasta que una investigación periodística reveló que el Comité de Transparencia del Infonavit había clasificado como “confidencial” la información relacionada con sus propiedades, ingresos, inversiones, vehículos y demás bienes.

La reserva resultaba especialmente cuestionable porque Romero Oropeza no es un funcionario secundario. Dirigió Petróleos Mexicanos durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, desde octubre de 2024, encabeza el organismo que administra los ahorros para vivienda de millones de trabajadores.

Tras la controversia, Sheinbaum informó que pidió al funcionario publicar su declaración y modificar la norma interna utilizada para mantenerla fuera de consulta. La Presidenta sostuvo que todos los servidores públicos deben transparentar su patrimonio y que Octavio Romero “no debe ser la excepción”.

La publicación permitió conocer que el funcionario reportó cuatro terrenos, una casa y dos departamentos cuyos valores de adquisición suman aproximadamente 37 millones de pesos. A ello se agregan cuatro cuentas bancarias con alrededor de 7.4 millones y bienes familiares valuados en poco más de 3.1 millones, hasta integrar un patrimonio declarado superior a 47.5 millones de pesos.

La cifra, sin embargo, necesita una precisión: los montos consignados para los inmuebles corresponden a los precios declarados al momento de comprarlos, no necesariamente a su valor comercial actual. Algunos fueron adquiridos hace más de tres décadas, por lo que su cotización presente podría ser muy distinta.

El patrimonio inmobiliario incluye tres terrenos rústicos comprados al contado entre abril y mayo de 1992, por un total de 27 millones 805 mil pesos. En conjunto abarcan 216 mil 778 metros cuadrados, equivalentes a casi 21.7 hectáreas.

En la declaración correspondiente a 2025 apareció además un cuarto terreno que no figuraba en el documento público anterior: un predio de 489 mil 323 metros cuadrados, casi 49 hectáreas, adquirido en mayo de 1984 por un millón de pesos.

Sumadas, las propiedades rurales alcanzan aproximadamente 70.6 hectáreas, una extensión cercana a la superficie de 100 canchas como la del Estadio Azteca. La versión pública no permite conocer la ubicación de estos terrenos ni calcular su valor comercial actualizado.

El documento también registra una casa adquirida el 31 de julio de 2001 por un millón 400 mil pesos. La comparación entre declaraciones abre otra interrogante: en el informe de conclusión presentado al dejar Pemex, la operación apareció como financiada mediante crédito, mientras que en la declaración correspondiente a su gestión en el Infonavit se reportó como una compra al contado.

Una inconsistencia semejante se presenta en los dos departamentos de 74 metros cuadrados adquiridos el mismo día, el 14 de marzo de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador se encontraba en campaña por la Presidencia.

Los inmuebles costaron 3 millones 376 mil 296 pesos y 3 millones 393 mil 230 pesos, respectivamente. En la declaración anterior ambos aparecían asociados a financiamiento; en la más reciente, uno figura como pagado al contado y el otro mediante un crédito hipotecario que continúa vigente.

Cambiar la forma de adquisición de un inmueble no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero exige una explicación documental. No es un dato menor confundir una compra de contado con una operación financiada, especialmente cuando se trata de declaraciones patrimoniales presentadas bajo protesta de decir verdad.

El apartado de ingresos agrega nuevas dudas. Romero Oropeza reportó haber recibido durante 2025 más de 2.2 millones de pesos por su cargo público, además de 212 mil 171 pesos por rentas, regalías o dividendos y un millón 886 mil 667 pesos clasificados como “otros ingresos”. En total, declaró percepciones por más de 4.3 millones de pesos.

Los ingresos provenientes de actividades privadas no forman parte necesariamente de la remuneración pública limitada por la Constitución, pero su origen debe quedar suficientemente identificado para descartar conflictos de interés. Una categoría genérica por casi 1.9 millones de pesos resulta insuficiente tratándose del responsable de una institución que administra recursos de los trabajadores.

La comparación con Claudia Sheinbaum también requiere cautela. La Presidenta declaró cerca de 1.79 millones de pesos netos por su cargo durante 2025, aproximadamente medio millón menos que los 2.2 millones reportados por Romero Oropeza.

El artículo 127 de la Constitución establece que ninguna persona servidora pública puede recibir por su cargo una remuneración superior a la fijada para la titular del Ejecutivo federal. Sin embargo, para determinar si existe una violación deben compararse percepciones equivalentes: ingreso bruto contra bruto o neto contra neto, el mismo periodo trabajado y todos los componentes salariales establecidos en el presupuesto.

La diferencia documentada amerita una revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero no permite concluir automáticamente que se quebrantó la Constitución. Corresponde al Infonavit publicar el tabulador, los conceptos pagados y la explicación de cualquier diferencia respecto de la remuneración presidencial.

La declaración todavía mantiene fuera de consulta pública información sobre vehículos, joyas y obras de arte. Aunque determinados datos personales pueden protegerse, la reserva de categorías completas contradice el discurso de transparencia defendido por el propio gobierno.

Hasta ahora, la información publicada no prueba enriquecimiento ilícito. Sí exhibe omisiones entre declaraciones, cambios en la forma de adquisición de algunos inmuebles, ingresos privados descritos de manera genérica y una resistencia inicial a transparentar el patrimonio.

El problema político no es únicamente que Octavio Romero Oropeza posea bienes por más de 47 millones de pesos. Es que la información sólo se conoció después de una investigación periodística.