España pide justicia a México por asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte en Morelos

El crimen de la estudiante española provocó indignación internacional y llevó a la Universidad de Granada a cancelar nuevas estancias en Morelos, donde cuatro alumnas vinculadas con la UAEM han sido asesinadas en siete meses.

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, dejó de ser únicamente un expediente criminal en Morelos para convertirse en un caso de repercusión internacional. La joven había llegado a México para cursar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pero fue atacada la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla, cuando apenas comenzaba una etapa destinada a ampliar su formación profesional.

Claudia era originaria de Santa Brígida, municipio de la isla de Gran Canaria, y cursaba el último año del grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, había asistido a la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Tlahuilli, cuyas actividades se desarrollaban en la Casa de la Cultura de Cuautla.

Las primeras versiones señalan que la joven fue víctima de un supuesto asalto y que, al intentar ponerse a salvo dentro del inmueble, fue perseguida y atacada con un arma blanca. Sin embargo, la mecánica y el móvil no han sido establecidos de manera concluyente por las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abiertas distintas líneas de investigación, por lo que la hipótesis del robo debe considerarse todavía una versión preliminar y no una explicación definitiva del crimen.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar confirmó la nacionalidad de la víctima y señaló que la muerte violenta se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Esta clasificación inicial obliga a realizar las diligencias con perspectiva de género, aunque corresponderá a la investigación ministerial determinar si se configuran jurídicamente las razones de género previstas para ese delito.

La conmoción alcanzó rápidamente a España. El Ayuntamiento de Santa Brígida expresó su pesar y recordó la expectativa con la que Claudia había iniciado su estancia:

“Claudia había emprendido esta etapa académica con la ilusión propia de una joven que se encontraba construyendo su futuro.”

“Todo nuestro cariño con su familia.”

La Universidad de Granada manifestó su absoluta condena, se puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas, y convocó a estudiantes, docentes y trabajadores a guardar un minuto de silencio. El rector Pedro Mercado encabezó el homenaje realizado en las puertas de los centros universitarios.

“La comunidad universitaria desea trasladar sus más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor.”

La institución española enmarcó el asesinato dentro de una violencia que no puede asumirse como un riesgo ordinario de una experiencia académica internacional:

“Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres.”

La consecuencia institucional más seria fue la decisión de la Universidad de Granada de cancelar la estancia de otros tres estudiantes que viajarían el próximo semestre a la UAEM. La medida convirtió el asesinato en una advertencia sobre las condiciones de seguridad ofrecidas a los alumnos de movilidad internacional. La universidad española también anunció el envío a México de un responsable de su área de Internacionalización y de un psicólogo para acompañar a la comunidad estudiantil y apoyar las gestiones de repatriación.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió el esclarecimiento completo del crimen y confirmó que las autoridades de su país mantienen comunicación con la familia. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) también condenó el asesinato, mientras el Consulado General de España en México comenzó la coordinación con las instituciones mexicanas.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad colaboran con la Fiscalía de Morelos. Añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estableció contacto con el Consulado de España.

La gobernadora Margarita González Saravia instruyó a las secretarías estatales de Gobierno, Mujeres y Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, a proporcionar el acompañamiento requerido.

La UAEM, encabezada por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, expresó sus condolencias y demandó una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género. No obstante, el asesinato de Claudia profundizó las dudas sobre la capacidad de la universidad y de las autoridades estatales para proteger a una comunidad estudiantil golpeada repetidamente por la violencia.

En apenas siete meses fueron asesinadas cuatro alumnas vinculadas con la institución. Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, desapareció el 20 de febrero cerca del Campus Chamilpa; su cuerpo fue localizado días después y Jared Alejandro “N” fue vinculado a proceso.

Karol Toledo Gómez, también de 18 años, fue encontrada sin vida el 2 de marzo en Mazatepec. En junio se confirmó el hallazgo del cuerpo de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de 15 años de una preparatoria de la UAEM, desaparecida desde mayo en Yautepec. A ellas se suma ahora Claudia Tacoronte Aguilera.

La reiteración convierte los casos en algo más que una sucesión de tragedias individuales. Hasta julio de 2026, 69 mujeres habían sido asesinadas en Morelos, entidad que registraba la segunda tasa más alta de homicidios de mujeres del país. El dato contradice cualquier intento de presentar el crimen de Claudia como un acontecimiento aislado o imprevisible.

El asesinato también plantea responsabilidades que rebasan a la Fiscalía. Las universidades que participan en programas internacionales deben compartir evaluaciones transparentes sobre los riesgos de seguridad, mientras los gobiernos están obligados a garantizar que estudiar, viajar o participar en una actividad cultural no se convierta en una exposición mortal.

Las condolencias y los minutos de silencio acompañan legítimamente el duelo, pero no sustituyen la prevención, la investigación ni las sentencias. El caso de Claudia Tacoronte será una prueba para la Fiscalía de Morelos, el gobierno de Margarita González Saravia, la UAEM y el Gobierno federal.

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