El gobierno de Donald Trump elevó nuevamente la presión sobre México en materia de narcotráfico. Esta vez, el señalamiento no se concentra únicamente en los grandes capos, laboratorios clandestinos o rutas de trasiego: Washington exige investigar, detener y procesar a funcionarios públicos que hayan protegido o colaborado con los cárteles.
La advertencia aparece en la nueva Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, enviada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre de 2026. México permanece entre las 23 naciones incluidas en el documento. Estar en esa relación no significa, por sí mismo, que Washington considere que el gobierno mexicano incumple sus obligaciones antidrogas; la legislación estadounidense contempla también factores geográficos, comerciales y económicos.
Pero en el caso mexicano, Trump acompañó la inclusión con exigencias específicas.
“Las inversiones actuales que hace México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales”, sostiene el mandatario estadounidense.
La parte más delicada del mensaje apunta directamente hacia el aparato público mexicano:
“Esto incluye exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han colaborado con los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio País”.
La declaración cobra especial relevancia porque llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió procesos penales contra funcionarios mexicanos bajo acusaciones de haber utilizado posiciones gubernamentales para favorecer al crimen organizado.
El caso más importante se encuentra en Sinaloa. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos: Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
La acusación sostiene —como alegatos que deberán probarse judicialmente— que los señalados habrían participado en una conspiración vinculada con el Cártel de Sinaloa para introducir a Estados Unidos grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Según fiscales estadounidenses, algunos funcionarios habrían protegido cargamentos, proporcionado información sensible y utilizado estructuras policiales para favorecer las operaciones del cártel.
Por eso, el nuevo mensaje de Trump adquiere una dimensión distinta: Washington está vinculando de manera explícita su estrategia contra los cárteles con la persecución de redes políticas y gubernamentales que, según sus investigaciones, permiten su operación.
Al mismo tiempo, el Presidente estadounidense reconoció los avances atribuidos al gobierno de Claudia Sheinbaum.
“Reconocemos la labor del Gobierno de la Presidente mexicana Sheinbaum para decomisar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos militares y policiales adicionales en nuestra frontera común”, señaló.
También destacó la cooperación bilateral que permitió golpear a dirigentes criminales, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muerto durante una operación militar mexicana en Jalisco en febrero de 2026, realizada con apoyo de inteligencia estadounidense.
“Asimismo, la cooperación en materia de seguridad entre EU y México ha contribuido a la eliminación de algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido ‘El Mencho’”, sostuvo Trump.
Sin embargo, el reconocimiento viene acompañado de una advertencia.
“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense”.
Washington también puso bajo la lupa otro frente sensible: las aduanas mexicanas.
Trump pidió aumentar significativamente las inspecciones en los puntos de entrada y reforzar la integridad de las cadenas de suministro con mayor participación del sector privado. El planteamiento implica que para Estados Unidos el combate al narcotráfico no termina en las zonas donde se producen las drogas, sino que abarca puertos, fronteras, rutas comerciales, precursores químicos y redes financieras.
El contexto es particularmente relevante porque la administración Trump ha ampliado las herramientas con las que aborda a los grupos criminales mexicanos. Desde 2025, varios cárteles fueron catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, clasificación que amplió las posibilidades de sanciones, procesos judiciales y acciones contra sus redes financieras y logísticas.
La lista estadounidense mantiene a México junto con Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Myanmar, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
Pero existe una diferencia importante: estar incluido en la lista general no equivale a haber “fallado demostrablemente” en el combate al narcotráfico. Son categorías jurídicas distintas dentro del sistema estadounidense, y la propia determinación aclara que la inclusión puede obedecer a la posición geográfica y al papel del país en las rutas internacionales de drogas.
Para México, por tanto, el contenido político del memorando está menos en permanecer otro año en esa relación y más en la naturaleza de las exigencias que Washington está colocando sobre la mesa.
La administración Trump reconoce operativos, decomisos y cooperación con Claudia Sheinbaum, pero simultáneamente sostiene que esos resultados todavía son insuficientes.
Y el mensaje más difícil para el gobierno mexicano ya no está dirigido únicamente contra quienes producen o transportan drogas.
Está dirigido hacia quienes, desde instituciones públicas, eventualmente las protegen.
