Un acta de divorcio no limpia un gobierno ni cancela la obligación de rendir cuentas. Frente a las sanciones estadounidenses contra Carlos Alberto Torres Torres, la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda eligió destacar la separación matrimonial. Una respuesta políticamente insuficiente ante una acusación que apunta a la presunta protección del crimen organizado desde los círculos del poder.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 29 de septiembre a Torres y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, por presunto apoyo al Cártel de Sinaloa. La autoridad estadounidense sostiene que Carlos utilizaba su influencia política para proteger las operaciones criminales en Baja California y atribuye a Luis Alfonso el lavado de sobornos mediante empresas y campañas políticas. Son señalamientos oficiales graves que deben probarse en las instancias correspondientes.

El alcance institucional de la acusación obliga a mirar más allá del parentesco. Torres participó como coordinador honorario de Proyectos Estratégicos durante la administración de Marina del Pilar. Su presencia en el gobierno exige esclarecer qué acceso tenía, en qué decisiones intervenía y quién supervisaba sus gestiones. El carácter honorario de un puesto tampoco elimina la influencia que puede ejercerse desde él.

La respuesta estatal insistió en que la mandataria está legalmente divorciada y que “El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”. También precisó que Marina del Pilar no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

La responsabilidad política exige explicaciones sobre el ejercicio del poder. Marina del Pilar tiene que responder por el espacio institucional que ocupó Torres y por los controles que debieron impedir cualquier utilización del gobierno en beneficio de intereses criminales.

En octubre de 2025, cuando anunció que estaba en proceso de divorcio, la gobernadora expresó respeto por Carlos Torres. Hoy, su administración presenta la separación como argumento central del deslinde. El cambio de estado civil no explica qué ocurrió durante los años en que compartieron cercanía personal y poder político.

Torres rechazó las acusaciones estadounidenses y pidió que se investigue y se presenten pruebas. Su negativa debe consignarse y su derecho de defensa debe respetarse. Una sanción financiera no equivale a una sentencia penal. Precisamente por eso, México necesita una investigación capaz de confirmar o descartar los señalamientos con evidencia, sin convertir la presunción de inocencia en una excusa para la parálisis.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó del bloqueo de cuentas tras la acción estadounidense y reportó operaciones de riesgo e irregularidades entre algunos de los sujetos señalados. Es una medida concreta, pero el congelamiento de recursos no esclarece por sí mismo las responsabilidades ni sustituye una investigación penal.

Además, el caso tenía antecedentes públicos. En enero de 2026, Marina del Pilar confirmó que la Fiscalía General de la República investigaba a su exesposo por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y lavado de dinero. La pregunta para las autoridades mexicanas es qué han esclarecido desde entonces y por qué la ciudadanía sigue dependiendo de anuncios estadounidenses para conocer la dimensión de los señalamientos.

¿Puede Morena sostener políticamente a una gobernadora de un estado fronterizo sin exigirle una explicación exhaustiva sobre la influencia de su exesposo en el gobierno? Mantener el respaldo sin transparencia deterioraría todavía más la credibilidad de un movimiento que prometió combatir la corrupción.

A Claudia Sheinbaum y a la dirigencia de Morena les corresponde exigir rendición de cuentas a sus cuadros. A la Fiscalía le corresponde investigar con independencia. La pertenencia partidista no puede convertirse en un salvoconducto, y la defensa de la soberanía exige instituciones mexicanas capaces de esclarecer estas acusaciones.

El cinismo político aparece cuando una explicación matrimonial pretende cerrar una crisis institucional. Baja California necesita saber si hubo protección al cártel, quién la proporcionó y qué autoridades pudieron impedirla. Presentar el divorcio como respuesta suficiente deja intacto el problema.