La investigación federal sobre el huachicol fiscal comienza a revelar no sólo quiénes movían los buques y las pipas, sino cuánto dinero habría costado mantener abierta la puerta de las aduanas mexicanas.

Entre 2024 y 2025, Roberto Blanco Cantú, identificado también como Roberto Brown y conocido como “El Señor de los Buques”, habría destinado 69 millones 466 mil 200 pesos al pago de sobornos y supuestos “honorarios” a funcionarios, intermediarios y particulares que facilitaban el ingreso a México de millones de litros de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

La cifra surge de información entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) por Héctor Manuel Portales Ávila, empresario convertido en testigo colaborador dentro de las investigaciones sobre una de las mayores estructuras de contrabando de combustibles detectadas en los últimos años.

De acuerdo con la relación atribuida a Portales, durante 2024 la organización habría distribuido 24 millones 807 mil 800 pesos, mientras que durante 2025 los pagos ascendieron a 44 millones 658 mil 400 pesos.

Es decir, el esquema no habría dependido únicamente de introducir combustible de manera irregular al País. Para funcionar necesitaba una estructura capaz de coordinar buques, transportistas, agencias aduanales, gestores y funcionarios con acceso a los puertos y las aduanas.

En el centro de esa operación aparece Osvel Tudón Rojas.

Según el testimonio entregado a la Fiscalía, Tudón era uno de los principales enlaces de Blanco Cantú con los puertos y agencias aduanales. Además de coordinar embarques provenientes de Estados Unidos, habría sido responsable de recolectar parte del dinero utilizado posteriormente para realizar los pagos.

Su nombre ya había aparecido en investigaciones sobre las operaciones de contrabando en Altamira y Tampico, donde era señalado como intermediario para la entrega de sobornos.

El episodio que rodea su reciente detención exhibe, además, las dificultades de la propia investigación.

Tudón Rojas fue detenido por elementos de la Marina en Tampico, pero recuperó la libertad apenas unas horas después debido a que en ese momento no existía una orden de aprehensión vigente en su contra.

Hasta ahora no se ha informado públicamente si posteriormente alcanzó algún acuerdo de colaboración con las autoridades, como ocurrió con Héctor Manuel Portales Ávila.

Otro personaje que conecta la red empresarial con las estructuras dentro de las aduanas es el Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”.

Solano Ruiz fue detenido recientemente en Zapopan, Jalisco, después de permanecer prófugo y ser señalado por la Fiscalía como una pieza relevante en la estructura investigada por huachicol fiscal.

Las investigaciones lo ubican como un operador con capacidad para establecer vínculos dentro de las aduanas y con integrantes de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el testimonio de Portales, Solano Ruiz y Osvel Tudón trabajaban coordinadamente para hacer llegar recursos a marinos relacionados con la operación aduanera.

La figura del “Capitán Sol” también conecta este expediente con otra de las vertientes más delicadas de la investigación: la presunta red vinculada con Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

La FGR ha investigado cómo operadores civiles, empresarios y miembros o exintegrantes de la Marina pudieron aprovechar posiciones estratégicas dentro de las aduanas para facilitar la entrada de combustibles que eran declarados bajo esquemas distintos para evitar el pago correspondiente de impuestos.

Ese mecanismo es precisamente el que convierte al llamado huachicol fiscal en un negocio distinto al robo tradicional de combustible de ductos de Pemex.

Aquí, el combustible puede ser adquirido legalmente en Estados Unidos, transportado hacia México y después introducido mediante documentación falsa, declaraciones incorrectas, empresas intermediarias o complicidades aduanales, reduciendo o evitando las obligaciones fiscales.

Por ello, el negocio requiere necesariamente una infraestructura logística y financiera considerable.

Mefra Fletes, empresa vinculada con Roberto Blanco Cantú, aparece reiteradamente dentro de las investigaciones por el traslado terrestre de hidrocarburos provenientes de Texas.

Blanco Cantú permanece prófugo de la justicia y enfrenta investigaciones relacionadas con posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos. Desde 2025 las autoridades federales lo buscan por expedientes relacionados con cargamentos millonarios detectados en diferentes puntos del País.

Su apodo, “El Señor de los Buques”, proviene justamente de su presunta participación en una estructura que utilizaba buques tanque para transportar grandes volúmenes de combustible hacia México.

Uno de los episodios que permitió dimensionar estas operaciones fue el aseguramiento de hidrocarburos en Ensenada, Baja California, así como las investigaciones surgidas posteriormente sobre cargamentos ingresados por Altamira y Tampico, Tamaulipas.

El nombre de Matamoros también aparece como un punto estratégico de la red.

Investigaciones ministeriales han identificado esta zona fronteriza como uno de los principales corredores utilizados para introducir combustible desde Texas hacia Tamaulipas, mientras que Blanco Cantú es señalado como uno de los operadores relevantes de ese negocio.

La contabilidad entregada por Portales Ávila permite ahora observar otra dimensión: cuánto dinero habría sido necesario distribuir para mantener funcionando el engranaje.

Entre el 19 de septiembre y el 4 de diciembre de 2024, por ejemplo, Blanco Cantú habría pagado 5 millones 383 mil 800 pesos a la Agencia Aduanal Benito Abad y Compañía, según la versión proporcionada a la Fiscalía.

El agente aduanal Benito Abad Pérez Escalante ha sido incluido en investigaciones relacionadas con esta estructura y es señalado dentro de expedientes sobre el movimiento de cargamentos vinculados con el contrabando de combustibles.

La importancia de estos testimonios radica en que permiten reconstruir la cadena completa.

El combustible llegaba por mar o cruzaba desde Estados Unidos; empresas de transporte se encargaban posteriormente de movilizarlo; agencias aduanales procesaban las operaciones y, según la investigación de la FGR, intermediarios distribuían dinero para garantizar que la mercancía pudiera continuar su recorrido.

El expediente deja así de ser únicamente una investigación contra empresarios transportistas.

La pregunta central es ahora qué funcionarios recibieron los sobornos, durante cuánto tiempo permitieron operar la red y hasta qué niveles de las instituciones llegó la protección.

Porque una operación capaz de mover millones de litros de combustible mediante buques tanque, puertos internacionales, aduanas y cientos de transportes terrestres difícilmente puede explicarse sólo por la habilidad de quienes encabezaban el negocio.

Los 69.4 millones de pesos atribuidos a pagos y “honorarios” constituyen, hasta ahora, una de las pistas más concretas para conocer el costo de esa presunta protección institucional.

La captura del Capitán Sol, las investigaciones contra Osvel Tudón Rojas y la persecución de Roberto Blanco Cantú pueden permitir a la FGR avanzar hacia la estructura que recibió el dinero.