Otra vez fue Estados Unidos, y no las autoridades mexicanas, quien reveló los alcances de una red de corrupción que infiltró corporaciones policiacas, estructuras militares y el sistema judicial de México para proteger a organizaciones del narcotráfico. La información confidencial tenía precio: hasta 500 mil dólares de ingreso y mensualidades cercanas a 100 mil dólares para anticiparse a los operativos de seguridad.
La Fiscalía Federal del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, dio a conocer el 10 de noviembre nuevas acusaciones contra Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General”, identificado como fundador y dirigente del Cártel Nuevo Imperio, quien habría convertido sus relaciones con funcionarios mexicanos en un lucrativo negocio de protección criminal.
El mecanismo permitía a los narcotraficantes recibir información sobre investigaciones en curso, órdenes de aprehensión, cateos y operativos, además de obtener identificaciones oficiales alteradas y claves utilizadas como salvoconductos en retenes policiacos y militares.
La acusación estadounidense describe una organización que pagaba a funcionarios públicos para retrasar investigaciones, manipular o desaparecer pruebas y conseguir que se retiraran cargos penales contra integrantes de las organizaciones delictivas.
“El acusado (Vázquez Alvarado) estableció un colectivo de líderes criminales con base en México, a quienes proveía protección e información sensible de agencias de seguridad a cambio del pago de una tarifa individualizada inicial, pagos subsecuentes de mensualidades y tarifas suplementarias para extorsión en casos específicos”, señala la acusación de la Fiscalía para el Distrito Central de California, presentada el 30 de septiembre.
El expediente exhibe un problema de seguridad nacional que trasciende la corrupción individual: la posibilidad de que información reservada del Estado mexicano estuviera sistemáticamente disponible para organizaciones criminales capaces de pagar por ella.
Según las autoridades estadounidenses, Vázquez Alvarado entregaba contraseñas que cambiaban prácticamente todos los días y que los transportistas de cocaína utilizaban ante personal policiaco y militar mexicano para atravesar puestos de revisión sin ser detenidos.
Hasta ahora, la información pública no identifica a todos los funcionarios involucrados ni precisa cuáles dependencias fueron infiltradas. Tampoco acredita que las instituciones militares, en su conjunto, participaran en la operación.
El juez mexicano y el soborno de dos millones de dólares
La investigación alcanza también al juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia el 1 de noviembre, cuya captura fue anunciada por el Departamento de Justicia estadounidense el día 5.
El juzgador enfrenta nueve cargos federales por presuntamente aceptar dos millones de dólares para favorecer la liberación de Andrew Clark, narcotraficante canadiense señalado como segundo al mando de la organización encabezada por Ryan James Wedding, exatleta olímpico convertido en presunto dirigente de una red internacional de tráfico de cocaína.
De acuerdo con la acusación, Clark fue arrestado en México en octubre de 2024 y quedó sujeto a un procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.
Entre noviembre de ese año y febrero de 2025, intermediarios habrían realizado transferencias por aproximadamente 2.75 millones de dólares para conseguir su libertad.
El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió la totalidad del soborno, Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación del canadiense.
Días después, Andrew Clark fue detenido nuevamente y trasladado a territorio estadounidense, donde continúa su proceso penal. Washington busca ahora la extradición del juez desde Colombia.
El General, su muerte y el asesinato de Milton Morales
Edgar Aarón Vázquez Alvarado fue abatido el 5 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en Naucalpan, Estado de México, cuando las autoridades intentaban ejecutar acciones contra inmuebles relacionados con el Cártel Nuevo Imperio.
Durante el enfrentamiento también murió Edwin González, identificado en reportes periodísticos como exmando de la Fiscalía del Estado de México.
A “El General” se le atribuía además la autoría intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, ocurrido en julio de 2024.
Morales Figueroa era un mando de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y colaborador cercano de Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El propio García Harfuch informó del operativo contra Vázquez Alvarado, señalado por delitos como secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico internacional de drogas.
La muerte de “El General” impidió que enfrentara personalmente la acusación estadounidense, pero no extingue las investigaciones sobre los funcionarios y operadores que presuntamente integraban su estructura de protección.
Ryan Wedding y la dimensión internacional de la red
Uno de los principales beneficiarios de la organización habría sido Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense acusado de dirigir una estructura de narcotráfico que movilizaba cargamentos de cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.
Las investigaciones ubican vínculos comerciales y de protección entre Vázquez Alvarado y la organización de Wedding durante varios años, mientras que el esquema específico para ayudarlo a evadir a las autoridades estadounidenses habría funcionado entre octubre de 2024 y enero de 2026.
Wedding también habría obtenido una identificación oficial mexicana a su nombre, aunque los documentos difundidos no precisan qué corporación la habría expedido.
El canadiense fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, asesinatos e intentos de asesinato.
La investigación también involucra a Roberto Gómez, identificado como integrante de la pandilla estadounidense “38th Street”, acusado de establecer relaciones con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para facilitar operaciones de narcotráfico y obtener información reservada.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Gómez y Vázquez Alvarado desempeñaban funciones de protección y apoyo logístico para la organización de Wedding, aunque sus responsabilidades aparecen descritas en acusaciones separadas.
La investigación que México tiene pendiente
Los expedientes abiertos en Estados Unidos plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones mexicanas para detectar y sancionar la corrupción dentro de sus propias estructuras de seguridad.
¿Quiénes eran los militares y policías que facilitaban los retenes? ¿Qué funcionarios filtraban las investigaciones? ¿Cuántos operativos fueron frustrados y cuántos criminales escaparon mediante esta red de protección?
También queda por esclarecer cómo pudo operar un sistema de información criminal sostenido mediante pagos periódicos y qué mecanismos de supervisión fallaron para impedirlo.
Las acusaciones estadounidenses no establecen todavía la responsabilidad penal de funcionarios mexicanos distintos de los señalados expresamente en los expedientes. La existencia de la red descrita por los fiscales sigue sujeta a las pruebas y resoluciones judiciales correspondientes.
Sin embargo, la gravedad de los señalamientos exige determinar si las autoridades mexicanas conocían estas operaciones, desde cuándo y qué investigaciones emprendieron para identificar a los servidores públicos involucrados.
