Días antes de que Víctor Rodríguez Padilla abandonara la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal cerró el acceso público a los resultados de diversas auditorías internas relacionadas con sus empresas filiales, áreas tecnológicas y mecanismos de control administrativo.
La decisión fue adoptada por el Comité de Transparencia de Pemex, que determinó reservar parcialmente durante tres años los hallazgos de dos revisiones, bajo el argumento de que su divulgación podría afectar la actividad comercial de la empresa, comprometer información estratégica y alterar procesos de evaluación que todavía no han concluido.
El acuerdo quedó registrado en el oficio CT-PM-560-2026, aprobado el 23 de abril, apenas tres semanas antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara la salida de Rodríguez Padilla de la dirección de la petrolera.
La determinación provocó que decenas de páginas de los informes fueran entregadas en versiones públicas prácticamente ilegibles: los contenidos aparecen cubiertos por extensos bloques negros que impiden conocer las irregularidades detectadas, las áreas involucradas, las recomendaciones formuladas y los posibles responsables.
El argumento oficial sostiene que los documentos contienen información económica y comercial sensible, cuya difusión podría revelar aspectos estratégicos de la operación de Pemex y de sus empresas filiales.
Sin embargo, la reserva también impide conocer si las auditorías detectaron fallas administrativas, incumplimientos contractuales, deficiencias en los controles internos, posibles daños patrimoniales o responsabilidades de servidores públicos.
La opacidad resulta especialmente relevante porque las revisiones corresponden al último periodo de la administración de Víctor Rodríguez Padilla, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos sobre la situación administrativa y financiera de la empresa estatal.
El 14 de mayo, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el entonces director general abandonaría Pemex para regresar a sus actividades académicas. Posteriormente, el 7 de julio, el exfuncionario fue detenido tras difundirse un video en el que aparece golpeando a su esposa. Fue trasladado al penal de Atlacholoaya, Morelos, aunque después obtuvo la posibilidad de enfrentar en libertad condicional el proceso por violencia familiar.
Auditorías a filiales quedaron bajo reserva
Una de las revisiones protegidas es la RE-010/2026, denominada Revisión al Sistema de Control Interno en Empresas Filiales 2025.
De acuerdo con la información pública disponible, durante este procedimiento se elaboraron 11 informes de ejecución, 24 cédulas de hallazgos y diversos oficios mediante los cuales se formularon recomendaciones dirigidas a las áreas responsables.
Las observaciones estaban orientadas a que las empresas filiales implementaran acciones correctivas para atender las anomalías detectadas. No obstante, los detalles de esas anomalías fueron clasificados.
El Comité de Transparencia argumentó que la revisión contiene información que podría constituir secretos comerciales e industriales, ya que su publicación permitiría a terceros conocer aspectos vinculados con insumos, procesos, estrategias y modelos de negocio de las filiales.
En la resolución se sostiene:
“En consecuencia, su publicación podría generar un daño real, demostrable e identificable al exponer elementos de su actividad comercial, colocándolas en una posible desventaja competitiva y económica frente a terceros u otros agentes del sector, al hacerse públicos aspectos relacionados con sus insumos, procesos o modelos de negocio, los cuales resultan esenciales para su funcionamiento empresarial”.
Bajo ese razonamiento, Pemex equiparó los hallazgos de auditorías internas de una empresa propiedad del Estado con información estratégica de una compañía privada sometida a condiciones de competencia comercial.
La consecuencia es que la ciudadanía no puede saber qué irregularidades fueron detectadas en las filiales, cuál fue su gravedad, qué funcionarios participaron en las decisiones observadas ni si las recomendaciones fueron atendidas.
También se ocultaron fallas en servicios informáticos
La segunda revisión reservada es la VEA-001/2025, denominada Prestación del Servicio Integral Administrado de Equipo de Cómputo de Escritorio, Portátil, Replicadores de Puertos y Monitores.
Esta auditoría generó cinco hallazgos y diversas recomendaciones para los funcionarios responsables del servicio. El propio documento reconoce que las observaciones todavía no han sido solventadas ni existe una resolución definitiva sobre las acciones adoptadas para corregirlas.
Pemex afirmó que la publicación de los resultados podría interferir con el seguimiento interno de la auditoría:
“Razón por la cual, el eventual revelamiento de la información contenida en el informe de auditoría y correspondientes cédulas, podría obstruir el adecuado seguimiento”.
El Comité añadió que revelar los documentos comprometería la objetividad de los servidores públicos encargados de revisar el cumplimiento de las recomendaciones:
“Con base en lo anterior, la difusión del informe de resultados del servicio y sus cédulas de hallazgos afectaría de manera directa el proceso deliberativo aún en curso, comprometiendo la objetividad e imparcialidad del seguimiento que realiza la auditoría interna. Revelar información inconclusa podría generar presiones externas, distorsionar los análisis técnicos y debilitar la independencia necesaria para la adopción de criterios finales”.
La justificación coloca el escrutinio público como un posible factor de presión sobre los auditores, cuando precisamente la transparencia debería permitir conocer si las observaciones se atienden, si las empresas contratadas cumplen sus obligaciones y si los recursos públicos fueron administrados correctamente.
Un blindaje informativo antes del relevo
La reserva fue confirmada durante la Décima Quinta Sesión Ordinaria de 2026 del Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos, celebrada el 23 de abril.
La proximidad entre esa decisión y la salida de Víctor Rodríguez Padilla abre interrogantes sobre el contenido de los documentos y sobre las razones para mantenerlos fuera del alcance público durante los próximos tres años.
El problema no radica únicamente en que las auditorías contengan información comercial sensible. La controversia está en que Pemex decidió ocultar prácticamente la totalidad de los hallazgos, sin permitir distinguir entre datos estratégicos legítimamente protegidos y observaciones relacionadas con posibles actos administrativos irregulares.
La reserva también dificulta evaluar la gestión de Rodríguez Padilla, conocer el estado en el que dejó las empresas filiales y determinar si existieron problemas en la contratación o administración de los servicios tecnológicos.
En una empresa que administra recursos públicos y ocupa una posición central en la política energética nacional, clasificar auditorías internas durante tres años representa un obstáculo para la rendición de cuentas.
Antes de abandonar la dirección de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla dejó cerrada una parte fundamental de la información necesaria para conocer cómo se manejó la petrolera durante su administración. Los funcionarios cambiaron, pero los hallazgos quedaron cubiertos por tinta negra y protegidos por una reserva que podría mantenerlos ocultos hasta 2029.











