La administración del presidente Donald Trump elevó nuevamente el tono contra México al sostener que el poder territorial de los cárteles del narcotráfico ha erosionado la capacidad del Estado mexicano para aplicar la ley, impartir justicia y garantizar el funcionamiento de su sistema político.

Durante una ceremonia celebrada en el Pentágono para condecorar a militares desplegados en la frontera sur de Estados Unidos, Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional Interior, presentó a las organizaciones criminales mexicanas no sólo como una amenaza vinculada al tráfico de drogas, sino como estructuras capaces de someter instituciones y desestabilizar gobiernos.

“En México hay una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona”, declaró Miller.

El funcionario atribuyó esa debilidad institucional al dominio que ejercen los grupos criminales en distintas regiones del territorio mexicano, donde cuentan con la capacidad armada, económica y logística para imponer condiciones a autoridades, empresas y comunidades.

“Y esto es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera”, agregó.

Las declaraciones representan una de las acusaciones más severas formuladas desde el entorno inmediato de Donald Trump contra el Estado mexicano. El planteamiento de Miller va más allá de denunciar la violencia o la producción y tráfico de narcóticos: sostiene que el control territorial de los cárteles es la causa estructural de la disfunción política, judicial y legal de México.

El discurso fue pronunciado ante el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, durante la entrega de la Medalla por la Defensa de la Frontera Mexicana a integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses que participaron en las operaciones ordenadas por Trump para reforzar la vigilancia fronteriza.

Miller calificó el despliegue militar como una medida indispensable para impedir que los grupos criminales mexicanos trasladen hacia Estados Unidos no sólo drogas y violencia, sino también redes con capacidad para infiltrar comunidades, corromper instituciones y afectar el funcionamiento democrático.

En ese contexto, celebró la decisión de Donald Trump de colocar a varias organizaciones criminales mexicanas dentro del régimen jurídico estadounidense aplicable a las Organizaciones Terroristas Extranjeras. La medida amplía las herramientas financieras, migratorias, judiciales y de inteligencia que Washington puede utilizar contra sus integrantes, colaboradores y redes de financiamiento.

“Los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que el Estado Islámico o Al Qaeda”, afirmó Miller.

La comparación no es únicamente retórica. Al situar a los cárteles en el mismo plano jurídico que ISIS o Al Qaeda, la administración Trump transforma el combate al narcotráfico en un asunto de seguridad nacional y defensa hemisférica, alejándolo del tratamiento convencional como un problema de delincuencia organizada que debe resolverse mediante cooperación policial y procesos judiciales.

“No sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia”, añadió.

El mensaje coloca al gobierno mexicano frente a una presión creciente. La narrativa de Washington sostiene que las organizaciones criminales han dejado de ser únicamente bandas dedicadas al narcotráfico y se han convertido en poderes territoriales paralelos, capaces de desafiar al Estado, controlar economías regionales, influir en procesos electorales y decidir mediante la violencia quién puede gobernar, investigar o impartir justicia.

Aunque la afirmación de que todo el sistema político y judicial mexicano ha dejado de funcionar constituye una generalización, la expansión de la extorsión, el secuestro, el cobro de cuotas, las desapariciones y el control criminal de municipios completos ha fortalecido en Estados Unidos la percepción de que México enfrenta una pérdida parcial de soberanía en distintas zonas.

El discurso también profundiza una diferencia fundamental entre ambos gobiernos. Mientras la administración mexicana ha defendido una estrategia basada en la cooperación bilateral, el respeto a la soberanía y la atención de las causas sociales de la violencia, el gobierno de Donald Trump interpreta a los cárteles como organizaciones enemigas que deben ser enfrentadas mediante instrumentos militares, financieros y de inteligencia.

Esta visión aumenta el riesgo de que Washington considere insuficientes las acciones mexicanas y justifique medidas unilaterales contra objetivos criminales, bajo el argumento de que esos grupos representan una amenaza directa para la seguridad estadounidense. La presencia de Pete Hegseth y Dan Caine otorgó al pronunciamiento una dimensión particularmente delicada: la acusación fue formulada dentro del principal recinto militar de Estados Unidos y frente a la cúpula del Pentágono.

La ceremonia recuperó además un símbolo histórico de fuerte carga política. La condecoración original fue creada en 1918 para reconocer a las tropas estadounidenses que prestaron servicio durante el periodo de operaciones fronterizas relacionado con la expedición encabezada por el general John J. Pershing, enviada a México entre 1916 y 1917 con el propósito de capturar a Francisco Villa.

La administración Trump reactivó en 2025 una versión de esa distinción, denominada oficialmente Medalla por la Defensa de la Frontera Mexicana, para reconocer al personal militar desplegado desde enero de ese año en apoyo de las operaciones de control fronterizo.

La utilización de una condecoración vinculada históricamente con una incursión militar estadounidense en territorio mexicano agrega un componente simbólico al mensaje. Washington no sólo presenta la frontera como una línea migratoria, sino como un frente de defensa ante organizaciones que considera equivalentes a grupos terroristas internacionales.

Las declaraciones de Stephen Miller confirman que la relación bilateral ha entrado en una etapa en la que el narcotráfico dejó de ser tratado exclusivamente como un problema compartido de seguridad pública. Para el gobierno de Trump, el poder de los cárteles es ya una amenaza estratégica que cuestiona la capacidad institucional de México y puede justificar una participación cada vez mayor de las agencias de inteligencia y de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

La acusación central es demoledora: desde la perspectiva de uno de los funcionarios más influyentes de la Casa Blanca, el problema mexicano no consiste únicamente en que existan organizaciones criminales poderosas, sino en que esas organizaciones han adquirido la capacidad de condicionar el funcionamiento del Estado mexicano.