El control territorial ejercido por los cárteles en distintas regiones de México dejó de ser solamente un problema de homicidios, extorsiones y debilidad institucional. La suspensión de las actividades del Gobierno de Estados Unidos en Michoacán, incluida la inspección del aguacate destinado a ese país, demuestra que la expansión criminal ya tiene consecuencias directas sobre la relación bilateral, la confianza internacional y los acuerdos comerciales mexicanos.

Una amenaza contra intereses estadounidenses fue suficiente para retirar al personal encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en las empacadoras michoacanas. Sin esa supervisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los nuevos embarques de aguacate no pueden ser autorizados para ingresar al principal mercado de la industria.

La decisión revela un problema de mayor profundidad: cuando un grupo criminal puede intimidar a funcionarios extranjeros y detener una cadena de exportación, también adquiere capacidad para alterar decisiones económicas y diplomáticas entre dos países.

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó la suspensión mediante una alerta de seguridad, aunque no precisó quién formuló la amenaza ni cuál fue su naturaleza.

“Debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, las actividades del Gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto”, establece el documento de la representación diplomática.

La medida no constituye formalmente una prohibición general contra el aguacate mexicano, pero produce prácticamente el mismo efecto para la fruta procedente de Michoacán. Durante la jornada no fueron autorizados nuevos embarques y solamente pudo procesarse el producto recibido previamente bajo supervisión estadounidense.

Ante la paralización, el secretario de Seguridad Pública estatal, José Antonio Cruz Medina, se reunió con un representante del USDA en las instalaciones del C5 de Uruapan. Durante el encuentro fueron revisadas las solicitudes para reforzar los protocolos de protección de los inspectores, las empacadoras y las operaciones relacionadas con la exportación.

La dependencia estatal anunció que la Guardia Civil incrementará las acciones preventivas y operativas en la región aguacatera.

“La #GuardiaCivil fortalecerá las acciones preventivas y operativas en la región para brindar condiciones de seguridad que contribuyan al bienestar de la población y al desarrollo de esta actividad productiva”, informó la Secretaría.

La reacción, sin embargo, llegó después de que la amenaza ya había provocado una decisión unilateral de Estados Unidos con efectos comerciales inmediatos. El gobierno de Michoacán ofrece ahora protección extraordinaria para recuperar la confianza perdida, pero permanece sin explicar quién tiene la capacidad de intimidar al personal estadounidense y paralizar una actividad económica de dimensión binacional.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) comunicó a sus integrantes que cada empacadora deberá valorar la continuidad de los cortes mientras permanezcan suspendidas las verificaciones. La afectación alcanza a productores, jornaleros, cortadores, transportistas, empacadores y exportadores que dependen de una cadena productiva sometida tanto a las reglas comerciales estadounidenses como a las condiciones de seguridad impuestas por los grupos criminales.

Estados Unidos recibe cerca del 90 por ciento de las exportaciones mexicanas de aguacate. Para 2026 se proyectaba el envío de aproximadamente 1.2 millones de toneladas a ese mercado, dentro de un volumen exportador nacional estimado en 1.31 millones de toneladas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha intentado reducir la preocupación al señalar que actualmente no transcurre la temporada de mayor demanda. No obstante, la gravedad del episodio no depende únicamente del volumen de aguacate detenido, sino del precedente político y económico: Washington suspendió operaciones porque las autoridades mexicanas no pudieron garantizar la seguridad de sus funcionarios dentro del territorio nacional.

La decisión ocurre, además, en medio de una escalada de violencia posterior a la captura de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como uno de los presuntos extorsionadores más relevantes de la región. Hasta ahora, la Embajada de Estados Unidos no ha vinculado públicamente la amenaza con esa detención.

El episodio tampoco es excepcional. En febrero de 2022, Estados Unidos suspendió las inspecciones después de que uno de sus funcionarios recibiera una amenaza. En junio de 2024 volvió a interrumpirlas luego de que dos empleados estadounidenses fueran retenidos y agredidos durante un incidente en la entidad.

La repetición demuestra que los protocolos establecidos después de cada crisis no han resuelto el problema estructural. Las organizaciones criminales continúan disputando territorios, extorsionando cadenas productivas y creando condiciones capaces de modificar decisiones comerciales de otros gobiernos.

Michoacán permanece clasificado por Estados Unidos en el Nivel 4 de alerta de viaje, “Do Not Travel”, la advertencia más severa de su sistema. La contradicción resulta insostenible: México pretende consolidarse como socio estratégico de América del Norte, pero una de sus principales regiones exportadoras es considerada demasiado peligrosa para el personal del gobierno de su mayor aliado comercial.

El mensaje trasciende al aguacate. Si México no puede garantizar la seguridad de inspectores, técnicos, empresarios y funcionarios extranjeros, el riesgo puede extenderse a otras cadenas productivas y convertirse en un factor dentro de las negociaciones del T-MEC, las decisiones de inversión y la relocalización de empresas.

Los cárteles no necesitan sentarse en una mesa de negociación para influir en la política exterior. Les basta con controlar carreteras, amenazar funcionarios y someter actividades productivas para obligar a otro país a retirar a su personal y cerrar temporalmente el acceso a su mercado.

La crisis del aguacate muestra así una consecuencia geopolítica especialmente grave: la pérdida de control territorial del Estado mexicano comienza a trasladarse a sus relaciones comerciales. Mientras el gobierno no recupere plenamente esas regiones, los acuerdos internacionales de México seguirán expuestos a la capacidad de veto de las organizaciones criminales.