La extorsión se ha convertido en el delito que mejor expresa el avance territorial del crimen organizado en México. A diferencia del homicidio, que elimina a una víctima, el cobro de piso busca someterla durante meses o años: obliga a comerciantes, productores, transportistas y autoridades municipales a trabajar permanentemente para una organización criminal.

Las cifras oficiales muestran solamente una fracción del problema. Entre 2015 y 2025, el número anual de víctimas registradas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, un aumento de 78.1 por ciento. En ese mismo periodo, las carpetas de investigación crecieron de 5 mil 803 a 9 mil 357.

La extorsión es actualmente el único delito de alto impacto con una tendencia sostenida al alza durante la última década. Sin embargo, entre 96 y 97 por ciento de los casos no se denuncia, por lo que las estadísticas oficiales representan apenas alrededor del 3 por ciento de la incidencia real.

Durante el primer trimestre de 2026 fueron registradas 2 mil 925 víctimas, un promedio de 32.4 cada día. La cifra significó una reducción marginal de 3.7 por ciento frente al mismo periodo de 2025, pero siguió siendo el segundo nivel más alto de los últimos años.

Este promedio nacional resulta engañoso porque esconde crecimientos explosivos en determinadas regiones. Durante el primer semestre de 2026, al menos 19 estados reportaron más víctimas que un año antes. En otros, como el Estado de México, las carpetas disminuyeron, pero la extorsión continúa profundamente instalada en la economía local.

Morelos representa uno de los casos más graves. Entre enero y junio de 2026 registró 388 víctimas, frente a 181 en el mismo periodo de 2025: un incremento de 114.4 por ciento.

En Cuautla, los grupos criminales ya cobran hasta el 10 por ciento de las ganancias de los autolavados. Para verificar los ingresos colocan dentro de los establecimientos a falsos trabajadores o supuestos “lavadores”, quienes cuentan los vehículos atendidos y calculan la cuota que deberán entregar los responsables de cada turno.

El crimen dejó de vigilar los negocios desde afuera: ahora introduce supervisores dentro de ellos.

La violencia asociada con el cobro de piso también alcanzó al gobierno municipal. Después del asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, la Fiscalía del Estado detuvo a Marisol Romero Zamora, presidenta del DIF municipal y esposa del edil; al director de Seguridad Pública, Geovany Emmanuel González Morellano, y a los padres de la funcionaria.

Las autoridades los señalan como presuntos integrantes de una red dedicada a extorsionar a comerciantes del municipio. El caso expone uno de los niveles más peligrosos del fenómeno: cuando la delincuencia no solamente amenaza a las autoridades, sino que penetra las instituciones responsables de combatirla.

En Morelos operan cárteles nacionales, células regionales y bandas locales que se disputan la extorsión, el narcomenudeo, el secuestro y el control de municipios y policías. El diagnóstico estatal identifica nueve organizaciones principales y al menos 20 células, mientras otros análisis basados en información federal ubican hasta 11 grupos con presencia en la entidad.

La estructura con mayor penetración en la región oriente sería la encabezada por Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas” o “El Apá”, identificado como operador regional del Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico.

En Zacatecas, las autoridades registraron 209 carpetas de investigación durante el primer semestre de 2026, frente a 35 del mismo periodo de 2025. Aunque una parte del incremento está relacionada con cambios en la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía estatal reconoce un repunte real y ubica a Fresnillo como el principal foco.

Alrededor de 89 por ciento de las investigaciones en esa entidad corresponde a extorsiones cometidas mediante llamadas, mensajes u otros medios. El delito también aparece entre las líneas de investigación de homicidios recientes de empresarios y funcionarios municipales.

Tabasco pasó de 29 a 110 víctimas solamente durante el primer trimestre, un incremento de 279.3 por ciento. El crecimiento coincide con la expansión de redes criminales que combinan huachicol, narcomenudeo, control policial, tráfico de migrantes y cobro de piso.

Guanajuato continúa siendo uno de los territorios con mayor penetración municipal. Al cierre de 2025 aportaba ocho de los 20 municipios con las tasas de extorsión más elevadas del país. La reducción de homicidios registrada durante 2026 no significa necesariamente que las organizaciones hayan perdido el control. También puede indicar que estabilizaron zonas donde ya cobran cuotas sin necesidad de asesinar diariamente.

El Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz concentraron en 2025 el 65.2 por ciento de las víctimas registradas en el país. En territorio mexiquense, las carpetas bajaron 40 por ciento durante el primer semestre de 2026, de mil 398 a 845.

La reducción es relevante, pero debe analizarse frente a una cifra negra de 96.7 por ciento y al enorme volumen de llamadas atendidas que no necesariamente terminan convertidas en investigaciones ministeriales. Una disminución de denuncias no equivale automáticamente a una reducción de la extorsión.

Michoacán muestra con mayor claridad que la gravedad del problema no siempre puede medirse contando carpetas. Allí, el crimen organizado convirtió la extorsión en un sistema de control sobre huertas, empacadoras, cortadores, transportistas y exportadores de aguacate y limón.

La crisis del aguacate confirma que el cobro de piso dejó de ser solamente un problema policial mexicano. Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones necesarias para exportar aguacate de Michoacán después de recibir una amenaza contra sus intereses y su personal.

Sin la certificación de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el producto no puede ingresar al principal mercado de México. Cerca de 90 por ciento del volumen exportado tiene como destino ese país y para 2026 se proyectaban envíos por 1.2 millones de toneladas.

Una suspensión prolongada puede paralizar huertas, empacadoras, transportes y miles de empleos. La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum fue desplegar más de mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para proteger las zonas productoras, los empaques y las carreteras.

No se trata formalmente de una sanción comercial ni de una intervención estadounidense. Pero sí constituye una presión geopolítica y económica: Washington utiliza la seguridad de su personal y sus facultades sanitarias para condicionar el acceso al mercado estadounidense.

Cuando México no puede garantizar el trabajo de inspectores extranjeros, Estados Unidos adquiere capacidad para detener unilateralmente una cadena productiva multimillonaria.

La extorsión se encumbró porque ofrece a las organizaciones criminales ingresos constantes, bajo riesgo y control social. Ya no necesitan mover toneladas de droga para obtener ganancias. Pueden cobrar por cada caja de aguacate, automóvil lavado, cabeza de ganado, camión de pasajeros, obra pública, puesto de mercado o permiso municipal.

Es, en los hechos, un impuesto criminal.

Produce un estado de terror porque la amenaza no termina después del primer pago. El delincuente conoce el negocio, los horarios, los trabajadores, la familia y el domicilio de la víctima. Si un comerciante se niega, puede ser golpeado, secuestrado, asesinado o ver incendiado su establecimiento. Si paga, queda atrapado en una relación permanente de sometimiento.

Por eso, la reducción de homicidios no basta para afirmar que disminuyó la violencia. Un territorio puede registrar menos asesinatos y, al mismo tiempo, encontrarse más controlado por el crimen. Cuando todos pagan y nadie denuncia, las organizaciones necesitan disparar menos.

Los casos de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Tabasco, Guanajuato, Veracruz y amplias regiones del Estado de México muestran distintos grados de ese proceso.

El verdadero indicador de la crisis no es solamente cuántas víctimas aparecen en las estadísticas, sino cuántas comunidades han aprendido que para trabajar, abrir un negocio, producir alimentos o ejercer un cargo público necesitan primero obtener la autorización del crimen organizado.