La Cuarta Transformación prepara otro año de endeudamiento multimillonario. En vísperas de las elecciones de 2027, el Gobierno de Claudia Sheinbaum contará con un presupuesto de 10.6 billones de pesos, respaldado por un techo de 1.7 billones de endeudamiento interno neto, mientras Morena y sus aliados recortan recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) y negocian partidas con otras fuerzas políticas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 con 372 votos a favor, incluidos los de Movimiento Ciudadano (MC), y 102 en contra, del PAN y PRI. La discusión evidenció las tensiones por el reparto de recursos en un año electoral decisivo para la renovación de la Cámara de Diputados y diversos gobiernos estatales.

El proyecto contempla un gasto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, 1.3% superior en términos reales al aprobado para 2026. El déficit presupuestario previsto es de 1.36 billones, mientras que la Ley de Ingresos autoriza un techo de 1.7 billones de pesos de endeudamiento interno neto para el Gobierno federal.

La dimensión del endeudamiento vuelve a colocar bajo escrutinio las prioridades de Palacio Nacional. El presupuesto considera aproximadamente 1.25 billones de pesos para programas sociales, una inversión de 1.13 billones y un gasto creciente asociado al servicio de la deuda pública.

Para educación se contempla alrededor de 1.25 billones de pesos y para salud, cerca de 1.1 billones. La función de justicia dispondrá de 129 mil 602 millones y la de Orden Público y Seguridad Interior, de 75 mil 671 millones, mientras que el gasto federalizado ascenderá a 3.04 billones.

Sin embargo, el debate más encendido surgió por el recorte de 6 mil millones de pesos al INE, organismo que enfrenta cuestionamientos por los presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei.

De esos recursos, 3 mil millones fueron reasignados al programa La Escuela es Nuestra, mientras que 618 millones se canalizaron al programa de educación inicial que beneficia a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), defendidos por el Partido del Trabajo (PT).

El diputado panista Héctor Saúl Téllez cuestionó que La Escuela es Nuestra reciba recursos adicionales cuando, según señaló, acumula 573 millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También acusó a los Cendis del PT de ser utilizados para “mapachería electoral”.

La legisladora petista Lilia Aguilar rechazó los señalamientos y defendió a los centros infantiles, que, aseguró, atienden a más de 15 mil alumnos.

“Nos han perseguido por el tema de los Cendis, han querido encontrar desviaciones, que no las hay. Trataron de analizarlo como si fuese un gasto electoral y nunca encontraron nada”, afirmó.

Aguilar llamó “pequeñitos” a los panistas y respondió que los gobiernos de oposición también han favorecido proveedores, como ocurrió, según su acusación, con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la empresa Seguritec. Comparó esos señalamientos con el caso de Guadalupe Taddei.

La confrontación escaló cuando el coordinador del PAN, Elías Lixa, acusó al PT de defender intereses privados con dinero público.

“Han venido aquí con el enanismo político que les caracteriza a defender un negocio privado a costa del presupuesto público. Y no, no es persecución cuando las instituciones del Estado mexicano han señalado la corrupción que desde las cuentas del PT han cimbrado a la República como uno de los delitos de desfalco, de robo y de asalto a la nación que mantiene desde el ejercicio público”, declaró.

Lixa también arremetió contra Alberto Anaya, dirigente histórico del PT, a quien vinculó con el sistema político surgido del fraude electoral de 1988, utilizando las expresiones “el profe Anaya” y “terrorista del presupuesto público”.

“No es mi problema en términos personales que ustedes sean una camarilla de voceros de un delincuente y de un partido que exclusivamente utiliza el servicio público para seguir robando”, sostuvo.

Después llamó “rémoras” a los petistas y cuestionó su subordinación electoral a Morena, al señalar que ni siquiera obtuvieron candidaturas a gobernador como parte de sus negociaciones políticas.

Otro protagonista de la jornada fue Movimiento Ciudadano, cuya decisión de respaldar el presupuesto abrió sospechas sobre posibles acuerdos con el oficialismo.

La diputada Gloria Núñez justificó el voto favorable por los compromisos de inversión en agua para Jalisco y movilidad para Nuevo León, aunque aclaró que ello no significaba respaldar todas las políticas del Gobierno federal.

“Hoy tenemos la oportunidad de respaldar acuerdos, compromisos concretos que permitan atender las necesidades urgentes de la población, y me refiero particularmente a dos temas fundamentales: el agua para Jalisco y la movilidad para Nuevo León, por eso reconocemos la disposición al diálogo que permitió construir acuerdos entre el Gobierno de Jalisco”, expresó.

El panista Agustín Rodríguez acusó a Morena de conseguir el respaldo de MC y PT mediante acuerdos que calificó de “impunidad y migajas”.

El legislador relacionó los 6 mil 500 millones de pesos previstos para atender la crisis hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara con el aplazamiento de un asunto relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es mucha casualidad que el mismo día que se aplaza el asunto del Gobernador Samuel García en la Suprema Corte, ese día decidió MC votar a favor en la Comisión de Presupuesto. Impunidad y migajas, qué barato le salió conseguir su respaldo y qué caro le está costando a México, porque el presupuesto no es una bolsa para negociar voluntades políticas y mucho menos la impunidad de Samuel García”, acusó.

Los señalamientos sobre presuntos acuerdos políticos no acreditan por sí mismos un intercambio de recursos por protección judicial, pero exhiben la desconfianza entre las bancadas sobre las condiciones del respaldo presupuestal.

El escándalo de Guadalupe Taddei también apareció en las protestas de la oposición. Diputados del PAN exhibieron pancartas con las leyendas “Morena aprueba presupuesto para que se lo robe Andy” y “Morena aprueba presupuesto para que se lo robe Taddei”.

Los legisladores del PRI mostraron mensajes como “El presupuesto para madres buscadoras está perdido” y “Morena es Taddei”, mientras que Morena respondió con la consigna “La mafia electoral empezó con el PRIAN”.

El priista Mario Zamora advirtió que el recorte al INE no exime de responsabilidad política a quienes respaldaron la gestión de Guadalupe Taddei. También criticó que, pese al discurso oficial de apoyo al campo, el programa de infraestructura para agricultura y pesca contemple apenas 40 millones de pesos para todo México.

La contradicción política quedó expuesta: mientras la mayoría legislativa reduce los recursos al organismo encargado de organizar las elecciones, el país enfrentará otro ejercicio fiscal financiado parcialmente con deuda y con una considerable concentración de recursos en programas gubernamentales.

La pregunta de fondo es quién vigilará el destino de los 10.6 billones de pesos en el año electoral de 2027, cuando la distribución del gasto público coincidirá con la disputa por el control de la Cámara de Diputados y las gubernaturas.

El presupuesto todavía debía superar la discusión en lo particular, pero su aprobación general dejó una definición política: Morena consiguió los votos para sostener su proyecto de gasto, con el respaldo adicional de Movimiento Ciudadano, mientras el costo del endeudamiento quedará para los contribuyentes presentes y futuros.