La pregunta ya no es por qué la Fiscalía General de la República protegió durante 26 días a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo e implicado en una red de huachicol. La verdadera pregunta es quién y por qué sigue protegiendo a Alejandro Gertz Manero dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum.

El derrumbe del “criterio de oportunidad” otorgado a Rocha Cantú no es una anécdota jurídica ni un error técnico. Es la evidencia de un patrón de impunidad institucional construido desde la cúspide de la Fiscalía durante la gestión de Gertz, y hoy cuidadosamente administrado para que no se investigue al propio ex fiscal.

Gertz Manero no sólo firmó acuerdos que beneficiaron a personajes ligados al crimen organizado; lo hizo violando los requisitos legales mínimos, sin colaboración efectiva, sin comparecencias y sin información sustantiva. El caso Rocha es ilustrativo: un “testigo colaborador” que no acudió a declarar, que pidió videollamadas desde el extranjero, que no aportó datos relevantes y que, aun así, fue blindado.

Ese acuerdo se cayó no por voluntad política, sino porque era jurídicamente insostenible.

La Fiscalía revocó el beneficio de “testigo colaborador” que durante apenas 26 días protegió a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo -acusado también de favorecer a Fátima Bosch en el certamen- e impulsó nuevamente su captura por delitos de delincuencia organizada relacionados con tráfico de armas e hidrocarburos.

Desde el lunes pasado, la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal una nueva orden de aprehensión contra el empresario regiomontano, quien se encuentra fuera del país y hoy es considerado prófugo de la justicia. La orden fue emitida por Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro.

La imputación es grave: delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas y huachicol, delitos que ameritan prisión preventiva de oficio en caso de ser detenido.

La Fiscalía actual, encabezada por Ernestina Godoy, tuvo que revertirlo por tres razones demoledoras: incumplimiento del imputado, oposición formal de Pemex y la inexistencia de información eficaz. Es decir, la ley terminó haciendo pedazos una decisión política heredada.

Y aquí está el fondo del asunto: Si el acuerdo fue ilegal, ¿por qué no se investiga a quien lo autorizó?

Alejandro Gertz Manero no es un funcionario menor. Es el arquitecto de una Fiscalía que operó durante años con criterios discrecionales, vendiendo cooperación, administrando venganzas y otorgando beneficios selectivos. El uso político del “criterio de oportunidad” fue una de sus herramientas favoritas.

Hoy, lejos de enfrentar una investigación, su nombre circula en versiones diplomáticas, como si el problema fuera dónde acomodarlo, no qué investigar.

Eso no es continuidad institucional. Eso es protección política.

La Presidenta Claudia Sheinbaum heredó un aparato de justicia profundamente contaminado y decidió no tocar a su operador más delicado. El mensaje es claro: el pasado no se audita cuando compromete a figuras del obradorismo duro.

La pregunta entonces es inevitable ¿Quién protege a Gertz Manero? ¿La Presidencia? ¿La red de lealtades que construyó en la FGR? ¿O el miedo a que una investigación real destape acuerdos, omisiones y encubrimientos que salpicarían al nuevo gobierno?

Porque si Rocha Cantú volvió a ser prófugo, no fue por un acto heroico de justicia, sino porque ya no había forma de sostener la simulación.

Gertz Manero, en cambio, sigue intocable.

Y mientras eso ocurra, cualquier discurso sobre combate al crimen organizado, Estado de derecho o “nueva etapa” será sólo retórica.

En un país serio, Alejandro Gertz Manero no estaría en la antesala de una embajada.
Estaría frente a un Ministerio Público.