En la Ciudad de México, la violencia asociada al cobro de “derecho de piso” volvió a exhibir su rostro más extremo. Una pareja de 47 años y sus dos hijas, de 17 y 12 años, fueron asesinadas dentro de su vivienda ubicada en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco. El caso, que ha generado conmoción, es investigado bajo la hipótesis de extorsión, presuntamente vinculada al grupo criminal conocido como La Unión.

De acuerdo con las primeras fichas policiales, el padre de familia fue encontrado con un arma blanca incrustada en la espalda y un mensaje intimidatorio dejado por los agresores. En la cartulina se leía: “Por no pagar a La Unión”. El hallazgo refuerza la línea de investigación que apunta a represalias por negarse a cubrir pagos ilegales exigidos por organizaciones delictivas.

Fuentes ministeriales señalan que las víctimas eran propietarias de una farmacia y contaban con una camioneta de alta gama, lo que habría sido un factor para ser objetivo de extorsionadores. Vecinos refirieron que la familia habitaba desde hacía aproximadamente cuatro años el domicilio ubicado en la calle Guanábana número 146, donde ocurrió el crimen.

El descubrimiento fue realizado por un familiar cercano. El sobrino de la pareja acudió al inmueble el martes alrededor de las 14:00 horas y encontró los cuerpos en una de las recámaras. Las autoridades estiman que el ataque pudo haberse perpetrado durante la madrugada, lo que sugiere un acto premeditado y ejecutado sin resistencia visible.

El caso se inserta en un contexto más amplio de incremento en los delitos de extorsión en la capital. El especialista en seguridad Jesús Gallegos, académico de la Universidad Rosario Castellanos, advierte sobre la evolución de este fenómeno: “En casos (de extorsión), la Ciudad de México se vuelve un epicentro sustantivo para replicar esto como un mensaje (de grupos criminales) hacia otros grupos y hacia otros afectados (víctimas) por estas actividades criminales”.

Apenas el pasado 13 de abril, autoridades capitalinas, junto con organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, representantes del comercio establecido, instituciones religiosas, académicas y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, firmaron el Pacto Contra la Extorsión. Este acuerdo busca contener la expansión del delito mediante coordinación institucional y fortalecimiento de mecanismos de denuncia.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que el pacto contempla iniciativas para endurecer las penas, establecer protección a testigos y crear un grupo especializado para atender reportes. Sin embargo, el asesinato de esta familia pone en evidencia los límites de dichas estrategias frente a una dinámica criminal que no solo persiste, sino que eleva su nivel de violencia como mecanismo de control territorial y disuasión social.