Desde julio de 2024, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el expediente ha avanzado más en declaraciones públicas y confrontaciones que en resultados judiciales concretos. A casi dos años de los hechos, no hay detenidos, ni claridad sobre responsabilidades de alto nivel, pese a que en el centro de la narrativa aparece el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El caso se abrió formalmente el 26 de julio de 2024 bajo la carpeta SON/HSO/0001/882/2024, apenas un día después de los hechos ocurridos el 25 de julio, cuando Zambada fue privado de la libertad y trasladado a Estados Unidos, mientras que Cuén fue asesinado. Desde el inicio, la investigación incluyó delitos de alto impacto como secuestro y traición a la patria, además de violaciones a la legislación aérea, migratoria y aduanera.

El giro clave llegó el 10 de agosto de 2024, cuando el propio Zambada difundió una carta en la que relató haber sido citado a una reunión en la finca Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, para mediar en una disputa entre Cuén y Rocha por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese documento aseguró que fue secuestrado en el lugar y que el ex rector fue asesinado por un grupo ligado a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un día después, la FGR informó que había contactado al gobernador, sin precisar si se le tomó declaración ministerial. La única postura oficial quedó en la frase: “Por lo que toca al Gobernador de Sinaloa, la representación de la FGR en ese estado ya se ha comunicado con él, para obtener toda la información respectiva que sea procedente”. Desde entonces, Rubén Rocha negó cualquier vínculo con la reunión y sostuvo que ese día se encontraba en Los Ángeles, California.

Pese a la gravedad de los señalamientos, la investigación no avanzó hacia el círculo político. En cambio, la FGR centró su narrativa en exhibir a la Fiscalía de Sinaloa, a la que acusó de construir un montaje sobre la muerte de Cuén, originalmente presentada como un asalto en una gasolinera. El 22 de agosto de 2024, la dependencia federal confirmó que el secuestro y el homicidio ocurrieron en el mismo sitio, desacreditando la versión estatal y señalando irregularidades como la incineración del cuerpo y inconsistencias balísticas.

Sin embargo, esa línea de investigación tampoco derivó en detenciones. La falta de resultados se agravó con la ausencia de cooperación efectiva de Estados Unidos, particularmente en la identificación del piloto que trasladó a Zambada, un dato clave que la FGR no logró obtener.

El episodio más tenso ocurrió el 20 de octubre de 2024, cuando la FGR acusó públicamente al juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz de bloquear órdenes de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, así como contra policías, ministerios públicos y peritos vinculados al caso. La respuesta del juzgador desnudó otra inconsistencia: negó haber rechazado las órdenes y afirmó que fue la propia Fiscalía la que retiró la solicitud.

Desde ese momento, el caso entró en una zona de silencio institucional. La FGR anunció que acudiría a otro juzgador, pero no volvió a informar si logró órdenes de captura, si hubo imputaciones formales o si se avanzó contra alguno de los presuntos responsables.

En el fondo, el expediente deja tres señales críticas: una investigación que confirmó hechos pero no fincó responsabilidades, una disputa abierta entre instituciones que debilitó el caso y una omisión persistente en torno a Rubén Rocha, pese a que su nombre aparece en el relato central de “El Mayo” Zambada. El resultado es un caso emblemático que, más que resolverse, se diluye entre omisiones, contradicciones y cálculo político.