La administración de Rubén Rocha Moya dejó un amplio vacío de información pública sobre el manejo de recursos y procesos de fiscalización en áreas clave del Gobierno de Sinaloa. Una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revela que, durante prácticamente todo el sexenio, dependencias estratégicas omitieron publicar auditorías internas y externas, pese a que la ley federal obliga a transparentarlas y mantenerlas actualizadas.
Las irregularidades alcanzan a secretarías sensibles como Seguridad Pública, Finanzas, Bienestar, Salud, Gobierno, Mujeres, Pesca e incluso a la propia Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). En los registros oficiales consultados aparecen repetidamente mensajes idénticos que sostienen que no hubo auditorías practicadas o que no existió información pública relevante que reportar.
“En el presente periodo no se realizaron auditorías internas ni externas al sujeto obligado”, señalan de manera reiterada distintos apartados oficiales de la PNT. En otros casos, las dependencias agregan: “Durante el periodo que se informa, esta secretaría no generó información de interés público”.
La omisión adquiere una dimensión política y judicial más delicada luego de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara hace unas semanas la detención y extradición de Rubén Rocha Moya y de otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el narcotráfico y tráfico de armas. Varias de las áreas que dejaron de transparentar auditorías son precisamente las que estuvieron bajo control de funcionarios hoy señalados por el Departamento de Justicia estadounidense.
Entre ellos destacan el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, ambos acusados por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. En paralelo, la administración estatal tampoco publicó información relacionada con contratos por honorarios, publicidad oficial ni contratos de bienes y servicios en distintos ejercicios fiscales recientes.
La situación se vuelve todavía más contradictoria dentro de la propia estructura de fiscalización del estado. El único documento visible en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas es un resumen de apenas 20 páginas del Programa Anual de Auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE). En ese mismo informe, la propia auditoría estatal reconoce como área de riesgo la falta de información pública en la plataforma oficial.
“Criterios para la Identificación de Áreas de Riesgo. La Plataforma Oficial de Transparencia careció de información del programa presupuestario”, advierte el documento.
La revisión también exhibe vacíos dentro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, institución que aseguró en la PNT no contar con resultados de auditorías durante los últimos cinco años. “Se comunica que la información sustantiva de los criterios quedan sin información en virtud que esta institución no tuvo resultados de auditorías en este periodo”, indica el registro oficial.
El contexto vuelve especialmente delicada esa omisión debido a que el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra, también señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, solicitó licencia sin goce de sueldo el pasado 5 de mayo para atender requerimientos legales derivados de las investigaciones abiertas en su contra.
Mientras tanto, únicamente las secretarías de Turismo, Obras Públicas y Agricultura subieron algunos resultados de auditorías correspondientes al año pasado, convirtiéndose en excepciones dentro de un aparato gubernamental que mantuvo prácticamente cerrada la información sobre fiscalización interna.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de la ciudadanía auditorías, informes y archivos relacionados con el uso de recursos públicos. El artículo 19, fracción XI, obliga específicamente a mantener actualizada esta información dentro de la PNT.
La relevancia de la plataforma aumentó aún más tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en marzo de 2025. El organismo, antes conocido como Ifai, fue absorbido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de años de confrontación política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó al instituto como “un aparato burocrático que no sirve para nada”.
