La controvertida elección judicial promovida por el oficialismo comenzó a mostrar uno de los escenarios que más advirtieron especialistas, opositores y organismos internacionales: la posibilidad de que los nuevos jueces electos terminaran subordinados política e ideológicamente al partido en el poder.

El caso más reciente ocurre en Sonora, donde la jueza electa Blanca Diva Ponce Caro, recién acreditada como juzgadora penal del Circuito 2, apareció públicamente como integrante activa de la estructura territorial de Morena en el municipio de Cajeme, en un hecho que profundiza las dudas sobre la autonomía e independencia del nuevo modelo judicial construido desde el obradorismo.

La juzgadora participó el sábado en un acto encabezado por el dirigente estatal de Morena, David Mendoza, donde se tomó protesta a 246 presidentes y secretarios ejecutivos de los llamados comités seccionales del partido guinda. Entre ellos figuró la propia Ponce Caro, quien además fue incorporada al Consejo Municipal morenista de Cajeme.

Desde sus redes sociales, la jueza celebró el acto político-partidista con un mensaje que terminó encendiendo las alertas sobre la mezcla entre militancia y función jurisdiccional.

“Cajeme, seguimos dando pasos firmes en la construcción de un movimiento más cercano, organizado y comprometido con la gente, con la integración del Consejo Municipal”, publicó.

La escena habría sido impensable bajo el antiguo modelo judicial. Sin embargo, tras la reforma impulsada por el oficialismo, el proceso de elección de jueces abrió la puerta a campañas políticas, estructuras partidistas, operadores electorales y vínculos directos entre aspirantes judiciales y grupos de poder político.

El episodio resulta particularmente delicado porque los propios lineamientos internos de Morena, aprobados en julio de 2025 por el Consejo Nacional encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, establecen que esos comités tienen tareas eminentemente político-electorales, entre ellas promover las actividades del partido, movilizar estructuras territoriales, llamar al voto y difundir propaganda política como el periódico Regeneración.

Es decir, no se trata de un cargo honorífico o ciudadano desvinculado del activismo político, sino de una estructura diseñada para fortalecer territorialmente al partido gobernante.

La contradicción golpea directamente el discurso oficial que defendió la reforma judicial bajo la promesa de “democratizar” la justicia y acercarla al pueblo. Porque mientras el Gobierno federal sostuvo durante meses que los jueces electos serían más independientes al surgir “del voto popular”, los hechos comienzan a exhibir un fenómeno distinto: la construcción de un Poder Judicial cada vez más alineado con el movimiento político gobernante.

La preocupación no es menor. El artículo 116 constitucional, reformado precisamente dentro del nuevo modelo judicial impulsado por el oficialismo, establece claramente que la independencia de magistrados y jueces debe estar garantizada por las constituciones y leyes orgánicas estatales.

Además, la propia Constitución de Sonora impone restricciones expresas a los juzgadores en funciones.

“Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Magistrados Regionales de Circuito, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Laborales y los Jueces Locales que estén en funciones, no pueden ser abogados en causa ajena, apoderados, asesores o árbitros de derecho, ni desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del Gobierno del Estado, de otras entidades, de los municipios, o de particulares”, establece el texto constitucional estatal.

Aunque jurídicamente podría abrirse una discusión sobre si la integración a órganos partidistas constituye formalmente un “cargo” incompatible con la función judicial, políticamente el daño ya está hecho.

Porque el problema de fondo no es solamente legal, sino institucional.

Un juez no sólo debe ser independiente. También debe parecerlo.

Y cuando una jueza participa en actos de organización territorial de Morena, toma protesta como dirigente seccional y forma parte de órganos municipales del partido gobernante, la percepción de imparcialidad queda inevitablemente comprometida.

La situación cobra todavía más relevancia por el contexto en el que ocurrió la elección judicial de 2025, un proceso señalado desde distintos sectores por la baja participación ciudadana, la intervención territorial de estructuras oficialistas y la ventaja política que tuvieron perfiles cercanos al movimiento gobernante.

Diversos críticos advirtieron desde entonces que el modelo podía derivar en un sistema donde los jueces necesitaran respaldo político para ganar elecciones y conservar poder territorial, debilitando así la autonomía judicial frente a gobiernos y partidos.

El caso de Blanca Diva Ponce Caro aparece precisamente como uno de los primeros ejemplos visibles de esa advertencia.

Durante su campaña judicial, la hoy jueza prometió transformar el sistema y castigar delitos con “todo el peso de la ley”. Meses después, su incorporación a la estructura de Morena coloca bajo cuestionamiento la frontera entre justicia y militancia política.

La polémica se agrava porque recientemente el INE ya había sancionado a la juzgadora por entregar tarde y con errores la documentación relacionada con la fiscalización de sus gastos de campaña, un antecedente que también alimentó cuestionamientos sobre el nuevo esquema electoral judicial.

Para sectores críticos, lo ocurrido en Sonora representa algo más profundo que un conflicto ético individual. Refleja el riesgo de que el nuevo modelo judicial termine funcionando bajo lógicas de lealtad política y control territorial, similares a las estructuras electorales partidistas tradicionales.