El robo y contrabando de combustibles en México ya no es visto en Washington únicamente como un problema de corrupción o evasión fiscal. Ahora, el fenómeno comenzó a ser tratado como una amenaza estratégica vinculada al financiamiento de los cárteles mexicanos y a la violencia criminal que impacta directamente a Estados Unidos.

En ese contexto, los senadores John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, presentaron una iniciativa bipartidista denominada Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, que obligaría al Pentágono a entregar un reporte especial al Congreso estadounidense sobre el tráfico ilegal de hidrocarburos y sus vínculos con organizaciones criminales mexicanas.

La propuesta ordenaría al Departamento de Defensa de Estados Unidos elaborar recomendaciones de inteligencia, cooperación y fortalecimiento institucional para enfrentar las redes de contrabando de combustibles que operan entre México y territorio estadounidense.

“Los cárteles en México están obteniendo ganancias del combustible y del petróleo crudo robados, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera”, afirmó la senadora Jacky Rosen, quien busca elevar el “huachicol” al rango de asunto prioritario de seguridad nacional.

Por su parte, John Cornyn aseguró que las organizaciones criminales mexicanas han perfeccionado mecanismos de robo y contrabando de hidrocarburos para financiar operaciones de narcotráfico y trata de personas. “Los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos de hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y usar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas”, sostuvo el senador texano.

La iniciativa aparece en medio del creciente escándalo del llamado “huachicol fiscal”, una estructura criminal basada en importar combustibles desde Estados Unidos disfrazados como aditivos industriales o lubricantes para evadir impuestos y venderlos ilegalmente en México. Investigaciones periodísticas y expedientes de la FGR apuntan a que estas operaciones habrían generado pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano y construido una red de corrupción en puertos, aduanas y organismos de seguridad.

El tema adquirió una dimensión política explosiva tras las investigaciones contra los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, mandos de la Secretaría de Marina señalados por la FGR como presuntos operadores de una red de contrabando de combustibles con protección institucional derivada de su parentesco con el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la Fiscalía mexicana, los hermanos Farías habrían operado desde aduanas estratégicas como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, utilizando redes de corrupción para facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos. La investigación incluso sostiene que existía una estructura de protección interna dentro de la propia Marina.

La gravedad del caso aumentó después de que la FGR revelara que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 en Colima, habría denunciado previamente la operación de la red de “huachicol fiscal” y sus vínculos con altos mandos navales. Según la Fiscalía, su homicidio pudo tener como objetivo silenciar las denuncias sobre la estructura criminal.

El expediente también refiere muertes sospechosas de otros mandos navales relacionados con el caso, además de testimonios protegidos que describen sobornos millonarios, manipulación aduanera y utilización de puertos marítimos para introducir combustible ilegal al país. La investigación sostiene que parte de la red utilizaba empresas fachada, documentación falsa y operadores incrustados en las estructuras portuarias mexicanas.

El movimiento legislativo en Estados Unidos coincide con el endurecimiento de la narrativa de Washington frente a los cárteles mexicanos. En los últimos meses, funcionarios estadounidenses han vinculado el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el robo de combustibles y el contrabando marítimo como parte de un mismo ecosistema criminal trasnacional.

Además, el antecedente de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra redes asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por operaciones de contrabando de combustibles fortaleció la percepción en el Capitolio de que el “huachicol” se convirtió en una fuente estratégica de financiamiento criminal.

Aunque la iniciativa todavía debe superar el proceso legislativo en comités del Senado y posteriormente pasar por la Cámara de Representantes, el mensaje político ya quedó definido: el Congreso estadounidense comienza a colocar el “huachicol” mexicano al nivel de las amenazas prioritarias de seguridad hemisférica.

El problema para el gobierno mexicano es que la discusión ya no gira únicamente alrededor del robo de combustible, sino de la presunta infiltración criminal en estructuras portuarias, aduaneras y militares que durante años fueron presentadas como la solución anticorrupción del Estado mexicano.