La mayoría legislativa de la 4T en la Cámara de Diputados aprobó una modificación que permitiría a integrantes actuales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación buscar un nuevo periodo mediante la elección judicial de 2028, con lo que podrían acumular hasta 18 años dentro del máximo órgano electoral del país.

La reserva fue avalada con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones de Morena, en medio de una discusión que exhibió fracturas dentro del oficialismo y abrió un nuevo debate sobre la concentración de poder dentro de las instituciones electorales.

Con la modificación, magistrados como Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón podrían continuar en funciones hasta 2034 si logran ser electos nuevamente.

Horas después de la aprobación, la polémica alcanzó a Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum evitó respaldar plenamente la medida, pero tampoco la descalificó. La Mandataria sostuvo que la reforma no implica una permanencia automática de los magistrados, sino únicamente la posibilidad de competir nuevamente en las urnas.

“Entiendo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, lo que se plantea no es que se queden 17 años como está planteado ahí sino que puedan participar nuevamente en la elección”, declaró.

Cuestionada sobre si estaba de acuerdo con la medida, Sheinbaum evitó asumir una postura definitiva.

“No quisiera yo opinar al respecto pero sí es importante que la gente sepa que no es que se quedan 17 años sino que van a participar en la siguiente elección y la gente ya tomará la decisión si los elige”, respondió.

La Presidenta también reconoció implícitamente el riesgo de que magistrados en funciones utilicen su posición para obtener ventaja rumbo a la elección judicial de 2028.

Ante preguntas sobre una posible contienda desleal, Sheinbaum admitió que el tema deberá regularse.

“Tendrá que regularse bajo qué condiciones tendría que ser”, contestó.

La reserva aprobada establece que las magistradas y magistrados electorales en funciones al momento de entrada en vigor del decreto podrán participar en la elección federal judicial de 2028.

“Las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028”, señala el texto avalado por la mayoría oficialista.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, defendió la modificación bajo el argumento de que debía existir igualdad de condiciones para todos los integrantes del Poder Judicial tras la reforma judicial de 2024.

“Esta reserva pretende armonizar este andamiaje constitucional, electoral y jurisdiccional para que todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación tengan las mismas consideraciones”, afirmó el legislador morenista.

Sin embargo, el rechazo surgió incluso dentro de Morena.

El vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, criticó duramente la reserva y advirtió que contradice la narrativa de no reelección impulsada por el propio oficialismo apenas meses atrás, cuando el Congreso discutió la iniciativa de Claudia Sheinbaum para eliminar la reelección de alcaldes y legisladores.

El legislador calificó la propuesta como una reforma “llena de trampas” y aseguró que representa una contradicción directa con el discurso de combatir castas enquistadas en el poder.

“¿Qué es lo que están proponiendo con esta reserva? Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28. Y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México”, reclamó.

Ramírez Cuéllar pidió retirar la propuesta y lanzó una advertencia a su propia bancada.

“Le pido retirar esta propuesta, porque sería la vergüenza nacional que nuestro partido no debe sufrir”, sostuvo.

Las críticas también alcanzaron al Partido del Trabajo. Legisladoras petistas cuestionaron los acuerdos políticos detrás de la reserva y rechazaron extender la permanencia de magistrados electorales que calificaron como “corruptos”.

Desde la oposición, el coordinador del PAN, Elías Lixa, calificó la modificación como un “albazo” legislativo y denunció que el cambio fue presentado sin discusión previa entre coordinadores parlamentarios.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que la reforma contradice el discurso de Morena contra la reelección y alertó sobre el precedente político que podría abrirse.

“Me preocupa, amigas y amigos, que mañana cambien y entonces venga la reelección para Presidente de la República o para gobernadores”, dijo.

La sesión en San Lázaro también aprobó modificaciones relacionadas con la revocación de mandato. A propuesta del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, se estableció que dicho ejercicio deberá realizarse el primer domingo de junio del cuarto año de gobierno para impedir que coincida con elecciones federales presidenciales o legislativas.

Además, el morenista Leonel Godoy promovió reservas para precisar que magistrados de circuito y jueces de distrito electos en 2028 permanecerán ocho años en funciones debido al aplazamiento de la elección judicial.

El debate dejó expuesta una contradicción central dentro de la narrativa de la 4T: mientras el oficialismo sostiene que busca desmontar privilegios y evitar grupos enquistados en el poder, la reforma abre la posibilidad de construir permanencias inéditas dentro del órgano encargado de validar las elecciones en México.