En el marco de la celebración por el segundo aniversario de su triunfo electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum utilizó uno de los discursos políticos más relevantes de su administración para defender al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y cuestionar abiertamente las acciones emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

Desde el Monumento a la Revolución, la mandataria sostuvo que las solicitudes de captura promovidas por autoridades estadounidenses contra diez mexicanos, entre ellos un gobernador, un senador y un alcalde en funciones, representan un riesgo para la soberanía nacional cuando no se acompañan de pruebas públicas que sustenten las acusaciones.

La intervención presidencial se produce en medio de una creciente tensión bilateral derivada de las investigaciones impulsadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en semanas recientes colocaron bajo los reflectores a figuras políticas mexicanas señaladas por presuntos nexos con el narcotráfico. Entre ellas destaca Rubén Rocha Moya, cuya situación ha generado una crisis política en Sinaloa y un debate sobre el alcance de la cooperación judicial entre ambos países.

Durante su mensaje, Sheinbaum advirtió que permitir que las acusaciones provenientes de Washington determinen el futuro político de funcionarios mexicanos abriría la puerta a una intervención externa en los procesos democráticos nacionales.

“Vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelvan el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, afirmó la Presidenta ante miles de simpatizantes.

La mandataria planteó que la colaboración internacional en materia de seguridad debe mantenerse dentro de los márgenes del respeto mutuo y sostuvo que cualquier intento de influir en decisiones que corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas constituye una forma de injerencia política. Bajo esa lógica, cuestionó si algunas de las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses responden exclusivamente al combate al crimen organizado o si también forman parte de dinámicas políticas vinculadas a los procesos electorales de ambos países.

El posicionamiento presidencial adquiere especial relevancia porque ocurre mientras diversas investigaciones federales en Estados Unidos han puesto bajo presión a actores políticos mexicanos de distintos niveles de gobierno. La defensa de la soberanía fue acompañada por una narrativa que traslada el conflicto al terreno diplomático y electoral, alejándolo del debate sobre los señalamientos específicos contra los funcionarios involucrados.

En su discurso, Claudia Sheinbaum también vinculó el deterioro de la relación bilateral con los acontecimientos ocurridos en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses que, según la versión oficial mexicana, carecían de acreditación formal para participar en actividades operativas, así como dos mandos de la fiscalía estatal durante una visita a un presunto narcolaboratorio posteriormente intervenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque la Presidenta aseguró que su administración no protegerá actos de corrupción ni relaciones con organizaciones criminales, insistió en que corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas investigar, procesar y sancionar esos delitos. El mensaje fue interpretado por diversos observadores como una defensa institucional frente a las presiones externas, pero también como un respaldo político a personajes cuestionados por las investigaciones estadounidenses.

Al mismo tiempo, la mandataria elevó el tono de las exigencias hacia Washington al reclamar mayores acciones para detener el flujo ilegal de armas hacia territorio mexicano, combatir el consumo de drogas y perseguir las estructuras financieras que permiten el lavado de dinero dentro de Estados Unidos.

La postura presidencial confirma una estrategia de confrontación política frente a las acusaciones provenientes del vecino del norte y coloca a Claudia Sheinbaum en una posición de respaldo explícito a funcionarios mexicanos bajo investigación.