La reunión sostenida entre Roberto Velasco, titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, marcó el restablecimiento formal de los canales de coordinación bilateral en materia de seguridad después de semanas de enfriamiento diplomático derivadas de la solicitud estadounidense para detener y extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Más allá del contenido de los acuerdos alcanzados, un detalle llamó la atención en círculos diplomáticos y políticos: el encuentro se realizó en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México y no en instalaciones de la SRE, una decisión que para diversos observadores tiene un significado político relevante.

En el ámbito diplomático, donde los símbolos suelen comunicar tanto como los documentos oficiales, el hecho de que la reunión se desarrollara bajo la anfitrionía estadounidense fue interpretado como una señal de la creciente influencia que Washington ejerce sobre la agenda bilateral de seguridad.

El encuentro sirvió para anunciar la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), mecanismo que coordinará una nueva etapa de cooperación entre ambos gobiernos. Según el comunicado conjunto titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad”, el objetivo será transformar la coordinación institucional en acciones medibles y permanentes.

La nueva estructura contempla la participación de 15 agencias del gobierno de Donald Trump y sus contrapartes mexicanas, con el propósito de reforzar el combate al tráfico de drogas, el flujo ilegal de armas, la migración irregular, el robo de combustibles y las redes de financiamiento del crimen organizado transnacional.

El anuncio confirma que la seguridad se ha convertido nuevamente en el eje dominante de la relación bilateral. Sin embargo, también evidencia que los temas prioritarios coinciden ampliamente con las preocupaciones estratégicas de Washington, particularmente el combate al fentanilo, la protección de la frontera y el debilitamiento de los cárteles mexicanos.

Las autoridades estadounidenses destacaron resultados que consideran históricos. Entre ellos figura una reducción superior al 95 por ciento en el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos, una disminución del 35 por ciento en las muertes por sobredosis vinculadas al fentanilo y el decomiso en México de más de 400 toneladas de drogas, además del desmantelamiento de más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

Por su parte, agencias estadounidenses reportaron el aseguramiento de más de 36 mil armas ilegales, mientras que el gobierno mexicano ha intensificado operativos de interdicción y acciones contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes.

El balance presentado por Ronald Johnson sobre su primer año como embajador también reflejó la visión de la administración de Donald Trump respecto a la frontera común. El diplomático aseguró que las aprehensiones de migrantes en la frontera suroeste alcanzaron su nivel más bajo en más de medio siglo y sostuvo que actualmente existe “la frontera más segura de toda la historia”.

Johnson atribuyó estos resultados a la coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando además las 96 extradiciones y 92 transferencias de personas a custodia estadounidense realizadas por México desde el inicio de la actual administración republicana.

No obstante, el relanzamiento de la cooperación ocurre en un contexto particularmente delicado. La creación del BIG coincide con investigaciones y procesos judiciales impulsados por autoridades estadounidenses contra actores políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado, una situación que ha generado fricciones diplomáticas y acusaciones de intervencionismo desde sectores del oficialismo.

Por ello, aunque el comunicado conjunto insiste en que la colaboración se desarrolla con “pleno respeto a la soberanía de cada país”, la realidad política muestra una relación donde la agenda de seguridad estadounidense continúa ejerciendo una influencia determinante sobre las prioridades compartidas.

La instalación del nuevo mecanismo bilateral parece confirmar que ambos gobiernos han optado por dejar atrás las diferencias públicas para privilegiar la coordinación operativa. Sin embargo, también deja abierta una interrogante de fondo: si esta nueva etapa representa una asociación entre iguales o la consolidación de una relación donde las necesidades estratégicas de Estados Unidos siguen marcando el ritmo de la cooperación con México.