La Fiscalía General de la República cerró filas en torno al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al afirmar que no existen pruebas suficientes, bajo el estándar del derecho mexicano, para sostener las acusaciones de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa formuladas desde Estados Unidos contra él y otros nueve ex funcionarios sinaloenses.

El giro político y judicial fue mayor porque, al mismo tiempo que la FGR desacreditó los señalamientos contra Rocha Moya, elevó el tono contra dependencias estadounidenses al acusarlas de negar información, entregar datos incompletos o incluso aportar información falsa sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense en julio de 2024.

En conferencia de prensa, David Boone, Fiscal Especializado en Control Regional de la FGR, explicó que la investigación contra Rubén Rocha y los otros ex funcionarios se abrió a partir de una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, sostuvo que hasta ahora no se han remitido elementos probatorios suficientes para confirmar las imputaciones.

“Pero con base en lo señalado en esta solicitud, no ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano”, afirmó Boone.

El funcionario agregó que la FGR citó a las diez personas señaladas, pero insistió en que las autoridades estadounidenses no han entregado nuevas pruebas que permitan robustecer la investigación. Con ello, la Fiscalía mexicana colocó el caso en una zona de choque diplomático: de un lado, los señalamientos de Estados Unidos contra ex funcionarios sinaloenses; del otro, la exigencia mexicana de pruebas formales y verificables.

La postura de la FGR ocurre en medio de una tensión creciente por el caso de “El Mayo” Zambada, cuyo traslado a Estados Unidos ha abierto una disputa sobre si se trató de una entrega, una captura, un engaño, una operación encubierta o una acción realizada al margen de la cooperación bilateral.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, acusó “posibles violaciones graves” al derecho mexicano y al derecho internacional, al referirse a la investigación sobre la forma en que Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a territorio estadounidense.

“De confirmarse la información reciente, respecto a que el FBI reconoce que (el traslado) se trató de una operación exitosa planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves”, declaró Godoy.

La Fiscal sostuvo que, si esa versión se confirma, el caso implicaría una vulneración de la soberanía mexicana y una ruptura de las reglas básicas de cooperación entre ambos países.

“Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense (el entonces Embajador Ken Salazar), lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales”, acusó Ernestina Godoy.

La referencia directa a Ken Salazar colocó nuevamente al ex Embajador de Estados Unidos en México en el centro de la controversia. Desde la llegada de “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, Salazar sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos no había organizado la operación y que no se trató de una acción ejecutada por autoridades estadounidenses.

Ayer, el ex diplomático respondió públicamente a los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó entrever que Salazar pudo haber mentido sobre el papel de Estados Unidos en el traslado de Zambada.

“Informamos al Gobierno de México que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación”, afirmó Ken Salazar.

La contradicción entre la versión mexicana y la estadounidense profundiza el conflicto. Para la FGR, el problema ya no sólo es si existen pruebas contra Rubén Rocha Moya y los ex funcionarios sinaloenses, sino si agencias de Estados Unidos, incluido el FBI, actuaron en territorio mexicano sin autorización, ocultaron información al Gobierno mexicano o construyeron una narrativa diplomática falsa para justificar la captura de uno de los capos más importantes del Cártel de Sinaloa.

El caso también tiene una dimensión política interna. Rubén Rocha Moya, militante de Morena y Gobernador con licencia de Sinaloa, ha sido defendido públicamente por el Gobierno federal pese a los señalamientos provenientes de Estados Unidos. Ahora, con la posición de la FGR, la narrativa oficial se desplaza: de las acusaciones contra funcionarios mexicanos a una acusación frontal contra las autoridades estadounidenses por presuntas irregularidades en la operación que terminó con “El Mayo” Zambada encarcelado en ese país.

La disputa deja abiertas dos preguntas centrales. La primera es si Estados Unidos entregará pruebas judicialmente válidas para sostener los señalamientos contra Rocha Moya y los otros ex funcionarios. La segunda es si México podrá demostrar que el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada fue una operación ejecutada por agencias estadounidenses en suelo mexicano al margen de la ley.

Por ahora, la FGR ha marcado su posición: no encuentra elementos suficientes contra Rubén Rocha Moya, pero sí ve indicios de posibles irregularidades graves por parte de Estados Unidos.