La renuncia de Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la Universidad Nacional Autónoma de México representa la primera consecuencia institucional del fracaso del examen de admisión en línea, pero está lejos de cerrar una crisis que comprometió la credibilidad de la máxima casa de estudios y dejó en la incertidumbre a más de 158 mil aspirantes.

Dávila, quien ocupaba el segundo cargo más importante de la administración universitaria desde noviembre de 2023, presentó su dimisión al rector Leonardo Lomelí Vanegas después de que una comisión técnica confirmara anomalías estadísticas incompatibles con el comportamiento histórico de la evaluación. En su lugar fue designado Javier de la Fuente Hernández, académico y exdirector de la Facultad de Odontología.

La salida tiene un significado político evidente: la UNAM reconoce que el problema no puede atribuirse únicamente a estudiantes que hicieron trampa. Hubo también una falla en el diseño, la supervisión y el control de una evaluación de alto impacto que, por primera vez, fue aplicada completamente a distancia.

Los datos son contundentes. Entre 2021 y 2025, alrededor de 3.5% de los sustentantes obtenía más de 100 aciertos. En 2026, la proporción se disparó a 16.3%. Los resultados superiores a 110 respuestas correctas aumentaron casi seis veces. La comisión presidida por Eduardo Bárzana García consideró que existía evidencia suficientemente sólida para concluir que numerosos aspirantes pudieron recibir ayuda externa, consultar materiales prohibidos, utilizar internet o recurrir a herramientas de inteligencia artificial.

Ante la contaminación de los resultados, la Universidad decidió aplicar un examen de control presencial a aproximadamente 58 mil jóvenes: quienes originalmente obtuvieron un lugar y quienes alcanzaron el puntaje mínimo que habría permitido ingresar, tomando como referencia los resultados de cada carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026. Las plazas serán asignadas con base en esta nueva evaluación. La fecha, las sedes y los horarios todavía no han sido informados oficialmente, pese a que el ciclo escolar debe comenzar el próximo 10 de agosto. UNAM

El rector Leonardo Lomelí ofreció disculpas a quienes aprobaron legítimamente y ahora tendrán que demostrar nuevamente sus conocimientos. Aseguró que “la Universidad está del lado de los aspirantes que con esfuerzo y honestidad presentaron su examen de admisión”. Sin embargo, la declaración plantea una contradicción difícil de soslayar: la institución coloca una carga adicional precisamente sobre los jóvenes cuyo esfuerzo afirma defender.

La solución puede ser técnicamente comprensible, pero genera un problema de equidad. Quienes posiblemente hicieron trampa recibirán una segunda oportunidad; quienes obtuvieron un resultado menor sin cometer irregularidades permanecerán fuera del proceso; y los aspirantes aceptados limpiamente tendrán que repetir una prueba que ya aprobaron. Además, algunos de ellos podrían promover juicios de amparo para exigir que se respete el resultado original, lo que abriría un conflicto jurídico con resoluciones potencialmente distintas entre juzgados. El País

Pero el punto más delicado se encuentra en el contrato otorgado a Territorium Life, empresa responsable de la plataforma y de los mecanismos tecnológicos de supervisión. El convenio estableció un pago mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones. Entre sus obligaciones estaba conservar la totalidad de los audios, imágenes y videos generados durante la aplicación, así como proporcionar herramientas de vigilancia en tiempo real.

El contrato especificaba que “el prestador del servicio deberá garantizar que el sistema guarde al 100%” las evidencias de todos los aspirantes. También establecía la responsabilidad de la compañía ante actos de negligencia, omisiones o incumplimientos, así como una fianza equivalente a 10.1 millones de pesos y la posibilidad de rescindir el convenio sin necesidad de una resolución judicial.

Hasta ahora, sin embargo, la UNAM no ha informado si ejecutará la fianza, impondrá sanciones, rescindirá el contrato o iniciará acciones legales contra Territorium Life. Tampoco ha explicado por qué la vigilancia contratada resultó insuficiente ni quién, dentro de la administración universitaria, autorizó un sistema incapaz de impedir o detectar oportunamente anomalías de semejante magnitud. El Universal

La renuncia de Patricia Dávila atiende la responsabilidad política, pero no sustituye una investigación administrativa, técnica y contractual. Su salida puede ayudar a contener el daño inmediato, aunque también corre el riesgo de convertirse en un relevo destinado a cerrar el episodio sin revelar cómo se tomó la decisión de trasladar completamente a internet uno de los procesos académicos más sensibles del país.

La crisis no consiste solamente en que algunos estudiantes hayan utilizado herramientas indebidas. El problema de fondo es que una institución que exige honestidad, disciplina y excelencia a sus aspirantes no construyó un mecanismo capaz de proteger esos mismos principios.