La ofensiva de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó de concentrarse exclusivamente en los capos, sicarios y operadores financieros de la organización. El nuevo objetivo declarado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) son los funcionarios mexicanos que, desde cargos públicos, presuntamente protegen al narcotráfico.

Durante una conferencia en el Departamento de Justicia, el director de la DEA, Terry Cole, lanzó este miércoles una advertencia que eleva la presión política sobre el Gobierno de México: Washington investigará y buscará procesar a quienes utilicen sus posiciones institucionales para impedir capturas, facilitar operaciones criminales o encubrir a integrantes del CJNG.

“Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: La DEA va a por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”, declaró Cole.

El mensaje fue acompañado por la presentación de nuevos cargos criminales contra cinco presuntos integrantes de alto nivel del CJNG: Julio Alberto Castillo Rodríguez, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela. Ninguno se encuentra bajo custodia estadounidense ni ha comparecido ante los tribunales para responder por las acusaciones, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia. Reuters

La declaración más grave, sin embargo, no estuvo dirigida a esos presuntos jefes criminales, sino a las posibles redes de protección política e institucional en México.

“Esto incluye a miembros del gobierno mexicano que protegen a los líderes del CJNG de ser entregados a la justicia y que facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Las acciones del CJNG han provocado la muerte de miles de estadounidenses”, sostuvo el director de la DEA.

La advertencia no constituye por sí misma una acusación judicial contra algún funcionario específico. Cole no presentó nombres ni pruebas públicas durante la conferencia. Pero el señalamiento confirma que, para Washington, la expansión de los cárteles mexicanos no puede explicarse únicamente por su capacidad armada: requiere complicidades dentro de gobiernos, corporaciones policiales, aduanas, fiscalías y estructuras financieras.

La ofensiva incluye un aumento hasta 25 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, conocido como “El Pelón”, identificado por Estados Unidos como el nuevo jefe del CJNG. En conjunto, Washington ofrece más de 100 millones de dólares por información sobre los principales mandos de la organización. Departamento de Estado de Estados Unidos

A esto se suman restricciones de visado contra 65 familiares, allegados y socios de personas relacionadas con el cártel, así como sanciones financieras contra decenas de individuos y empresas presuntamente utilizadas para lavar dinero mediante gasolineras, constructoras, compañías tequileras, distribuidoras de bebidas y actividades agrícolas.

El pronunciamiento de Terry Cole profundiza una confrontación que comenzó semanas atrás, cuando afirmó que existía una “conexión mortal” entre las redes criminales y el Gobierno mexicano. El Gabinete de Seguridad de México rechazó entonces sus palabras, las calificó de infundadas y aseguró que las investigaciones nacionales también habían alcanzado a servidores públicos relacionados con actividades delictivas.

Pero la DEA vuelve ahora sobre el mismo punto con una formulación más directa: no habla solamente de corrupción generalizada, sino de miembros del Gobierno mexicano que estarían protegiendo específicamente a dirigentes del CJNG.

El fondo del mensaje resulta políticamente explosivo. Estados Unidos está advirtiendo que podría construir casos penales contra funcionarios mexicanos sin esperar necesariamente a que las instituciones nacionales investiguen primero. La estrategia combina acusaciones judiciales, recompensas, sanciones financieras, cancelación de visas e investigaciones transnacionales, bajo la premisa de que los protectores gubernamentales son parte funcional de las estructuras del cártel.

La advertencia de Washington coloca al Gobierno mexicano ante una disyuntiva: exigir pruebas y denunciar una intromisión, o abrir investigaciones capaces de demostrar que no existe protección institucional. Porque cuando la DEA asegura que “ningún título, cargo ni conexión política” protegerá a los implicados, el señalamiento deja de ser solamente una amenaza contra el narcotráfico y se convierte en un desafío frontal a la credibilidad de las instituciones mexicanas.