El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), en un movimiento que busca despresurizar la crisis política detonada por señalamientos desde Estados Unidos y, al mismo tiempo, encauzar el caso por la vía institucional mexicana.

La pregunta es ¿Quién sigue?

La decisión ocurre horas después de que la autoridad federal rechazara proceder con una detención provisional con fines de extradición por falta de sustento probatorio, pero confirmara la apertura de una indagatoria interna contra el mandatario y otros nueve funcionarios y ex funcionarios vinculados a su administración.

La licencia, presentada ante el Congreso del Estado de Sinaloa y anunciada por el propio Rocha en un mensaje difundido alrededor de las 21:00 horas, le permite separarse del cargo sin perder el fuero constitucional, lo que en términos jurídicos evita una detención inmediata mientras avanza la investigación. En su posicionamiento, el mandatario sostuvo: “Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”.

El gobernador negó las acusaciones provenientes de autoridades estadounidenses y enmarcó el caso como un intento de golpear políticamente a su movimiento. “También lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”, añadió. Más adelante reforzó la narrativa política al señalar: “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco, y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos, que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”.

Desde el frente institucional, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, fijó una postura técnica al desestimar la solicitud estadounidense. El funcionario precisó que el requerimiento carecía de elementos básicos para activar una medida cautelar de detención con fines de extradición, al no acreditar urgencia ni acompañarse de pruebas que sostuvieran la comisión de delitos. Subrayó además que no existe una solicitud formal de extradición, sino únicamente un pedimento preliminar, lo que coloca el caso en una fase de intercambio de información entre gobiernos.

En ese contexto, la FGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionar ante autoridades de Estados Unidos la entrega de evidencia y argumentos por canales formales, bajo esquemas de confidencialidad, con el objetivo de definir una postura institucional sólida. El mensaje es claro: México no descarta la cooperación internacional, pero exige cumplir con estándares legales y diplomáticos.

El posicionamiento político llegó desde la Presidencia. Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum enmarcó el episodio en una narrativa de defensa nacional frente a presiones externas. “Hay un principio que se llama ‘soberanía’, y esa no se negocia. Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”, afirmó, marcando la línea discursiva del gobierno federal ante el conflicto.

La salida temporal de Rubén Rocha Moya abre un vacío de poder que deberá resolverse conforme a la Constitución local. El Congreso de Sinaloa tendrá la responsabilidad de designar a un encargado del despacho o un gobernador interino, dependiendo de la duración de la licencia, en un momento donde la entidad enfrenta una crisis persistente de seguridad, presiones económicas y una alta exposición internacional.