El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, advirtió que detrás de los recientes citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República existe una estrategia política y jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum para intentar evitar que personajes señalados por autoridades estadounidenses terminen extraditados a Estados Unidos.

Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el ex ministro sostuvo que la ruta que estaría siguiendo la FGR consiste en abrir investigaciones y carpetas propias en territorio mexicano para argumentar posteriormente que los involucrados ya están siendo procesados en México y, por lo tanto, no pueden ser entregados a autoridades estadounidenses.

La hipótesis de Cosío surge en medio de la presión de Washington para detener y eventualmente extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros personajes señalados dentro de expedientes relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y presuntos vínculos criminales.

El jurista consideró que los citatorios emitidos recientemente por la FGR son una señal clara de esa posible estrategia.

“México le va a abrir proceso penal o carpeta de investigación al menos a estas personas para que cuando venga el reclamo de los Estados Unidos por la extradición diga: ‘No te los puedo extraditar porque yo ya los estoy investigando en México’”, explicó.

Para Cosío, el problema es que esa narrativa puede comenzar a perder fuerza frente a las autoridades estadounidenses si las investigaciones mexicanas solo aparecen después de las presiones diplomáticas o judiciales provenientes de Estados Unidos.

“Cada vez que te pido una extradición, tú abres una carpeta de investigación porque no la tenías abierta antes”, afirmó durante la conversación con Aristegui, al señalar que eso puede interpretarse como una reacción política más que como una acción autónoma de procuración de justicia.

El ex ministro consideró que la administración de Claudia Sheinbaum intentó inicialmente contener el conflicto apelando al discurso del soberanismo y rechazando ejecutar detenciones administrativas temporales solicitadas desde Estados Unidos.

Sin embargo, afirmó que esa decisión terminó debilitando la posición mexicana.

“Quemaste esa posibilidad”, dijo al referirse a la negativa de detener preventivamente a los señalados durante 60 días mientras avanzaban las investigaciones estadounidenses.

A juicio de Cosío, el rechazo mexicano pudo provocar que Estados Unidos modificara su estrategia y dejara atrás las solicitudes de detención temporal para avanzar directamente hacia pedidos formales de extradición.

“Perfecto, no te vuelvo a pedir detención administrativa, te voy a pedir directamente extradiciones”, resumió como la lógica que podría estar siguiendo el gobierno estadounidense.

El ministro en retiro explicó que, frente a ese escenario, el gobierno mexicano necesitaría demostrar que las investigaciones abiertas por la FGR son reales, sólidas y con avances verificables, porque de lo contrario quedaría expuesto a acusaciones de simulación o protección política.

Además, alertó que Estados Unidos podría apoyarse en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua México-Estados Unidos para solicitar participación o seguimiento dentro de los procesos mexicanos.

Eso implicaría que la estrategia de procesarlos en México no necesariamente dejaría fuera a las autoridades estadounidenses.

“Yo quiero tener una participación en la coadyuvancia”, planteó Cosío como una posible exigencia de Washington para involucrarse en investigaciones mexicanas relacionadas con delitos que impactan directamente a territorio estadounidense.

En el análisis del ex ministro, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta ahora una contradicción delicada: si no extradita, deberá demostrar que realmente investiga; y si abre carpetas únicamente cuando Estados Unidos presiona, fortalecerá la percepción de que las acciones de la FGR responden más a una estrategia política de contención que a una persecución penal previa y consistente.

El ex integrante de la SCJN también advirtió que los delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y conspiración sí tienen correspondencia dentro del tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, lo que vuelve más complicado rechazar futuras solicitudes formales de entrega.

En ese contexto, el caso de Rubén Rocha Moya podría convertirse en una prueba crítica para el gobierno federal: sostener la narrativa de soberanía y control interno de las investigaciones o enfrentar una presión diplomática creciente de Washington, que podría escalar conforme avancen los expedientes estadounidenses.