Fuentes confirman a Literal México que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sigue los pasos de Guadalupe Taddei desde que estalló el escándalo de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), incluso desde días antes de su renuncia.
El CNI, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Omar García Harfuch, tendría información sobre sus movimientos. Sin embargo, el paradero de la exconsejera presidenta permanece fuera del conocimiento público.
La situación abre una interrogante: ¿por qué la 4T esconde a Taddei? ¿Le conviene más fugada, exiliada o silenciada?
La estrategia operada por Alfonso Brito, bajo la supervisión obradorista de Jesús Ramírez Cuevas, es ahora desmorenizar a Taddei a toda costa, previendo una evidente crisis de credibilidad en el máximo organismo electoral que le serviría a la 4T para hacer frente a cualquier revés electoral de Morena y sus aliados.
Esto es, la moral de un árbitro construido por un equipo para favorecer los resultados de 17 gubernaturas, diputaciones federales y estatales, y una infinidad de alcaldías, ahora tiene el efecto contrario: cualquiera de esos números es susceptible de ser ampliamente cuestionado, por lo tanto, corre el tiempo para operar al perfil que tome las riendas del INE.
El asunto adquiere mayor gravedad porque desde 2023 las autoridades federales conocían sospechas de operaciones ilícitas de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios vinculados a contratos electorales multimillonarios.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, no presentó resultados penales públicos que permitieran conocer el alcance de las investigaciones o desarticular la presunta red.
El 17 de noviembre de 2023, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, emitió el acuerdo 401/2023, mediante el cual fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas los principales involucrados.
La medida incluyó a José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas y las empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf, por sospechas relacionadas con operaciones financieras irregulares y posible lavado de dinero.
En enero de 2024 se emitió otro acuerdo que comprendió 231 cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con las investigaciones. Las autoridades ya tenían identificada una estructura financiera bajo sospecha.
Pero los bloqueos no se tradujeron en resultados penales públicos equivalentes. Incluso, José Alfredo Hernández Casillas consiguió una resolución judicial favorable que permitió desbloquear sus recursos en enero de 2025.
El fallo cuestionó los fundamentos legales de la restricción financiera, sin resolver si las operaciones investigadas constituían delitos. La ausencia de una condena no equivale a demostrar que las transacciones fueran legales.
¿Por qué la FGR de Alejandro Gertz no actuó con mayor eficacia? ¿Qué información recibió el Ministerio Público? ¿Cuáles fueron las diligencias realizadas y por qué no se conocen consecuencias penales proporcionales a las sospechas?
La situación resulta especialmente delicada porque Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en abril de 2023, aunque sus relaciones institucionales con empresas proveedoras de materiales electorales tenían antecedentes anteriores.
En 2021, cuando encabezaba el Instituto Electoral de Sonora, se adjudicaron contratos a Cajas Graf, representada por Jesús Octavio García González, quien posteriormente fue incorporado por Taddei como director de Administración del INE.
El tránsito de representantes de empresas contratistas hacia posiciones estratégicas en instituciones responsables de otorgar contratos constituye un potencial conflicto de interés que exige una investigación exhaustiva.
Mientras las sospechas alcanzan la gestión de Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum ha situado el origen del esquema décadas atrás, señalando vínculos con Somos, organización política encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo.
En esa organización participa el expresidente del INE Lorenzo Córdova, a quien el Gobierno federal también ha mencionado al explicar cómo operaron durante años las empresas investigadas.
Sheinbaum señaló a Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario federal y actual integrante de Somos, como uno de los personajes que facilitaron la incorporación de los hermanos Hernández Casillas al servicio público.
Según la investigación presentada por Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Padilla Aguilar incorporó a los empresarios a estructuras gubernamentales durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Primero ingresaron al Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde desarrollaron parte de sus trayectorias como funcionarios.
José Alfredo Hernández Casillas trabajó como secretario particular de Padilla Aguilar, mientras su hermano Raymundo Francisco también ingresó al servicio público.
Décadas después, Padilla Aguilar se vinculó con el Frente Cívico Nacional, antecedente de Somos, donde también participan Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
Las autoridades federales señalan que las empresas relacionadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023, durante la administración de Córdova.
A esa cantidad se sumaron otros 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025, cuando Guadalupe Taddei presidía el organismo electoral.
En conjunto, más de 2 mil 740 millones de pesos en contrataciones electorales que abarcaron distintas administraciones y que ahora forman parte de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.
Los antecedentes justifican investigar a todos los funcionarios involucrados. Sin embargo, la relación política de Padilla Aguilar con Somos no demuestra, por sí misma, la participación del partido, de Acosta Naranjo o de Córdova en algún delito.
El punto crítico para el Gobierno federal es que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya existían alertas financieras sobre los empresarios investigados, mientras Guadalupe Taddei encabezaba el INE.
Ahora corresponde esclarecer por qué aquellas advertencias no desembocaron en acciones judiciales eficaces y cuál fue la actuación de la FGR, la UIF y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También resulta indispensable establecer qué sabe el CNI sobre Guadalupe Taddei, si el seguimiento reportado por fuentes de Literal México forma parte de una investigación formal y si la exfuncionaria ha sido requerida por alguna autoridad.
Sheinbaum puede investigar la corrupción de los gobiernos anteriores, pero también debe explicar la actuación de las instituciones federales durante la llamada Cuarta Transformación.
Porque si desde 2023 había cuentas bloqueadas, movimientos financieros sospechosos y empresarios identificados, resulta indispensable conocer por qué las autoridades no lograron frenar oportunamente las posibles irregularidades.
Y mientras el Gobierno busca responsabilidades en el pasado, permanece una pregunta central: ¿dónde está Guadalupe Taddei, qué sabe de la red de contrataciones electorales y por qué las autoridades no han aclarado públicamente su situación jurídica?
